El proyecto de ley que establece la estatización del sistema privado de jubilaciones empezó su derrotero en la Cámara de Diputados con la misma relación de fuerzas que las últimas tres iniciativas votadas por el cuerpo: la movilidad jubilatoria, la estatización de Aerolíneas Argentinas y el Presupuesto 2009. El oficialismo y algunos aliados aparecen alineados con la propuesta llegada desde el Poder Ejecutivo, y la oposición condiciona su apoyo a la introducción de modificaciones al texto original.
Un conteo rápido realizado por las autoridades del bloque del Frente Para la Victoria (FPV) indicó, según fuentes de esa bancada, que el oficialismo contaría hoy con los votos necesarios para imponerla en el recinto tal como está. Ese conteo excluyó, por supuesto, a varios diputados "propios" que hace rato que vienen manifestando posiciones críticas, como el bonaerense Felipe Solá y la entrerriana María Cremer de Busti, y hasta se permitió contemplar eventuales deserciones.
"En el bloque están envalentonados, a tal punto que están convencidos de que pueden llevar el proyecto al recinto sin el acuerdo con el SI (Solidaridad e Igualdad) y los Socialistas", agregó el vocero.
Sin embargo, en la reunión que mantuvieron ayer en la Quinta de Olivos con la presidenta Cristina Fernández, los jefes de las bancadas de Diputados, Agustín Rossi, y de Senadores, Miguel Pichetto, y el titular de la Cámara Baja, Eduardo Fellner, acordaron llevar adelante una campaña de esclarecimiento hacia la sociedad sobre los alcances del proyecto para llevarlo al recinto a fines de noviembre. Existe apuro dentro del gobierno por lograr la sanción de esta norma, pero también la conciencia de que el escenario no es tan favorable para el oficialismo en el Senado.
Fuentes parlamentarias destacaron que la estrategia oficial apuntará a mostrar que la intención del gobierno al eliminar a las AFJP estuvo inspirada en "proteger a los jubilados" al tiempo que mostrará "las falencias" de las jubilaciones privadas. La estrategia buscará neutralizar las opiniones de los economistas, de quienes dijeron que "están contratados" por las empresas así como los medios de comunicación, que expresaron opiniones en contra del nuevo sistema.
En este sentido expresarán que de 340.000 actuales jubilados de AFJP que cobran haberes, el 70 por ciento deben ser auxiliados por el Estado y de ellos 33.000 ya agotaron su crédito, por lo que el Estado debe poner 4.000 millones de pesos para mantener los niveles mínimos de ingreso de los retirados.
Al respecto, la presidenta afirmó en un acto que desde el año pasado el Estado contribuye con cuatro mil millones de pesos a los jubilados del sistema privado para que "puedan tener la posibilidad de la jubilación mínima en la Argentina", con lo que rechazó las dudas sobre las garantías que se otorgarán a las cuentas de los aportantes al sistema privado que pasarán a ser controladas por el Estado.
La celeridad oficial choca con la intención de la oposición de dar un debate extenso que termine con la inclusión de algunos mecanismos que aseguren la intangibilidad de los fondos que pasarán al Estado.
Ayer, la Coalición Cívica, por ejemplo, propuso la creación de una comisión bicameral integrada por diputados de las comisiones de Seguridad Social, Presupuesto y Hacienda, Tercera Edad y Asuntos Constitucionales, que analice la situación previsional durante nueve meses y luego proponga soluciones. Y el radicalismo, a través del senador Ernesto Sanz, anticipó que el nuevo sistema debería convertir al Banco Nación en una "virtual AFJP estatal que siga manejando las cuentas de capitalización de la transición".
Tanto la UCR como el socialismo, SI y aliados tradicionales del bloque oficialista, como la diputada Vilma Ibarra, si bien expresaron su coincidencia conceptual con el retorno al sistema estatal de reparto, advirtieron que se debe declarar la "intangibilidad" de los fondos, como una forma de evitar que vayan a conformar la "caja" del gobierno.
Así, mientras el oficialismo considera garantizada la protección del dinero con los mecanismos incluidos en el proyecto un consejo de administración, un consejo asesor con representantes de las instituciones intermedias, una comisión bicameral y el control de la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación- la oposición sigue desconfiando del verdadero interés de la Casa Rosada detrás de la decisión.
El proyecto comenzará a tratarse el martes en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Previsión Social, hasta donde llegarán el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el titular de la Anses, Amado Boudou para exponer sus puntos de vista sobre la iniciativa.
Mientras las críticas contra el proyecto de reestatización de las jubilaciones continuaron atronando en los medios españoles, el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero citó en las últimas horas al embajador argentino Carlos Bettini, para hacerle conocer su preocupación y también requerirle explicaciones.
La relación entre Argentina y España se encuentra "en una situación áspera", resumió hoy el director adjunto del diario español El País, Vicente Jiménez.
"No es nueva la desconfianza de los inversores españoles hacia el gobierno argentino en todos los sectores. Las relaciones no acaban de ser buenas, y hay una sensación de que hay continuas trabas, desconfianza, y por lo tanto es una situación áspera", graficó el periodista, con lo cual consideró "muy lógico" que el gobierno español haya citado al diplomático argentino.
Según publica en su edición de hoy el diario La Nación, el encuentro fue pedido por la diplomacia española y encuentra su principal fundamento en el hecho de que la disolución del sistema previsional privado provocó un catastrófico derrumbe de las acciones de las empresas españolas con capitales en la Argentina, ya que muchas de ellas, de Repsol YPF al BBVA, tienen un componente accionario en manos de las administradoras privadas que ahora pasaría a manos del Estado.
A esto se suma el panorama crítico que abre una eventual expropiación de Aerolíneas Argentinas, negada hasta ahora oficialmente por el gobierno argentino, pero que en círculos españoles se advierte como un desenlace inevitable de la trabadísima negociación.
El presidente del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, Jorge Rizzo, apoyó la decisión del gobierno de traspasar las jubilaciones al sector público, pero advirtió que "no sería positivo para la sociedad argentina que el Estado asuma un nuevo monopolio absoluto del sistema previsional". En ese sentido, postuló que "quienes aportan a la previsión tengan, en un futuro cercano y luego de superado el "negocio' de las AFJP, la posibilidad de hacer libremente lo que deseen con sus aportes previsionales".
Además, reclamó garantías de que los fondos de los aportantes que pasen al Estado no serán tomados para solventar las cuentas públicas: "Se hace necesario que se tomen los resguardos pertinentes para que quienes detenten dentro de unos años el poder constituido, no puedan saquear desde ese lugar al sistema integrado, como ocurriera sin solución de continuidad durante más de 40 años".
Mediante un documento en el que fijó posición ante la situación de las AFJP, Rizzo justificó la decisión adoptada por el gobierno, que "debe reestablecer la normalidad para paliar el desbarajuste generado por las AFJP, creadas por Domingo Cavallo y saqueadas por él mismo en el año 2001 con el megacanje y el blindaje".
Rizzo calificó de "lícita" la iniciativa girada al Congreso, y la interpretó como "una prueba más de la inseguridad jurídica en la República Argentina, la cual no es más que otro resabio del jolgorio de la década menemista. En los 90... y tendiendo a que los amigos incrementaran sus ganancias, uno de los botines más apetecibles eran los ingresos al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Aprovechando que era obvio que el sistema tradicional estaba agotado y que era necesaria una profunda reestructuración, se dio rienda suelta al vale todo y, el nuevo régimen se verificó como un gran "negocio' para muy pocas corporaciones parasitarias", afirmó.