Agencia EFE

El tribunal que juzga a Carlos Menem por el tráfico de armas a Ecuador y Croacia pidió informes médicos complementarios para determinar si el ex presidente argentino está en condiciones de presenciar la audiencia en la que se leerá la acusación en su contra, dijeron hoy a EFE fuentes judiciales.

El Tribunal Oral en lo Penal Económico 3 pretende que esos informes estén listos el viernes próximo para tomar ese mismo día una decisión respecto de la "fecha y metodología" de la audiencia en la que el ex gobernante (1989-1999) será informado de los cargos que se le imputan, destacaron las fuentes.

Agregaron que un informe preliminar de los forenses que revisaron la semana pasada a Menem en La Rioja, su provincia natal, determinó que el ex mandatario estaría en principio en condiciones de viajar a la capital del país, si bien es cierto que padece un cuadro de anemia que lo mantiene en reposo, como señala su defensa.

El proceso oral por la venta ilegal de armas argentinas comenzó la semana pasada en Buenos Aires con la lectura de la acusación contra los restantes 17 enjuiciados y sin la presencia de Menem, ausente con parte de enfermo.

Omar Daer, abogado del ex gobernante, ha manifestado a EFE que Menem, de 78 años, "no se encuentra en condiciones" de enfrentar este proceso por tráfico de armas entre 1991 y 1995, que significó uno de los mayores escándalos de su gobierno.

El tribunal ya ha rechazado una demanda de la defensa del actual senador para que se suspenda el juicio por contrabando de armas, en el que también están acusados el ex asesor presidencial Emir Yoma, el ex jefe de la Fuerza Aérea Juan Paulik, el traficante de armas Diego Palleros y el ex ministro de Defensa Oscar Camilión.

El juicio por contrabando de armas es el primer proceso judicial que se abre en el país contra un ex gobernante democrático y Menem pasó seis meses de prisión domiciliaria en 2001, acusado de liderar una "asociación ilícita", pero recuperó la libertad luego de que la Corte Suprema de Justicia anulara los cargos.

Los jueces deberán establecer si hubo un desvío en el destino de 6.500 toneladas de armas y municiones que tres decretos firmados por Menem autorizaron a enviar a Panamá y Venezuela, pero que terminaron en Ecuador y Croacia.

Estos dos países recibieron entre 1991 y 1995 municiones, cañones y fusiles producidos por la estatal argentina Fabricaciones Militares, en un momento en que estaba en vigor una prohibición internacional de proveer armamento a Croacia y Ecuador.

Durante el juicio, que se prevé que tendrá una duración de siete meses, se espera que testifiquen más de 400 personas, entre ellas los ex presidentes Raúl Alfonsín (1983-1989) y Fernando de la Rúa (1999-2001), el ex jefe del Ejército Martín Balza y el ex embajador de Estados Unidos en Buenos Aires James Cheek.

El juicio contra la ex presidenta de Argentina María Estela Martínez, conocida como Isabelita Perón, por supuesta apropiación de 7,7 millones de dólares del legado del que fuera su marido, Juan Domingo Perón, quedó hoy visto para sentencia tras la declaración de las partes.

Durante su comparecencia ante el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Móstoles, en Madrid, Isabelita Perón intentó desacreditar a la Fundación por la Paz y la Amistad de los Pueblos (Funpaz), institución que presentó la demanda al considerarse única heredera del legado de Perón.

María Estela Martínez, de 77 años, tercera mujer de Perón y presidenta de Argentina entre 1974 y 1976, aseguró que en Funpaz "no se hacía nada".

Indicó que al ver que la Fundación "era una cosa muy rara", retiró la donación que realizó en 1990.

El presidente de Funpaz, Mario Rotundo, sostuvo durante su declaración que lo que ocurrió es que Isabelita "llegó a un acuerdo con Carlos Menem y decidió renunciar a la Fundación".

De esa manera se refirió al dinero pagado por el Estado argentino a la ex presidenta, depuesta del cargo por la Junta Militar de Jorge Rafael Videla, y que él considera que es parte del legado de Perón.

"El general Perón en vida le había dicho a su viuda que el único heredero del patrimonio familiar era yo", aseguró Rotundo, quien fue colaborador del ex presidente argentino durante su exilio en España.

Los 7,7 millones de dólares que reclama Funpaz a Isabelita proceden de "los mismos conceptos que la demandada reclamó al Estado argentino", aclaró en la vista oral el abogado de la parte demandante, Vicente Navarro.

Navarro detalló que esos conceptos corresponden a 6,2 millones de dólares recibidos de Argentina y a 1,5 de un automóvil exclusivo regalado en 1974 por el magnate de Fiat, Gianni Agnelli.

La aportación del Estado argentino a Isabelita Perón "no son bienes futuros, sino derechos ya existentes en el patrimonio de la donante", defendió el abogado, en cuanto a que esa cuantía procede, en su opinión, de propiedades anteriores de Juan Domingo Perón.

Para la defensa, que estima que Funpaz carece de capacidad jurídica por carencias en su inscripción en registros y que los hechos han prescrito, el pago del Estado argentino a Isabelita es "resultado de una acción personalísima" y queda al margen de la donación a Funpaz al haberse tramitado cinco años después, en 1995.

Por ello, la parte demandada reclamó la desestimación de la demanda y la imposición de costas a los demandantes por "temeridad", según consideró su letrado en su intervención final.

La sentencia se dictará en el plazo de un mes y medio o dos, según cálculos del abogado de Funpaz, que interpuso la demanda en 2003, tras un acto de conciliación sin éxito con la ex presidenta argentina.