Carlos Tomada y Amado Boudou transmitieron a dos comisiones de la Cámara Baja los objetivos del proyecto. La oposición puso énfasis en reclamar mecanismos de control sobre el destino de los fondos previsionales.
De la redacción de El Litoral/DyN
El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, desafió a que la oposición diga "qué administración hizo más por los jubilados en los últimos cincuenta años", al defender ante las comisiones de Presupuesto y de Previsión Social de Diputados el proyecto oficial de estatización del sistema de administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones.
El ministro afirmó que en 2003 se comenzó con una política sostenida de recuperación del sistema social, al tiempo que recordó que, en el mismo período, se registraron "doce aumentos de las jubilaciones mínimas".
Tomada hizo estas apreciaciones durante el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión y Seguridad Social, junto con el titular de la Anses, Amado Boudou, donde además respondieron preguntas efectuadas de los diputados presentes.
El titular de la cartera laboral, quien reconoció haber aportado al sistema de capitalización -de la cual dijo que fue "una pésima decisión"-, criticó al sistema de AFJP respecto de que "nunca tuvo control parlamentario", en una forma de contestar quejas opositoras sobre la falta del control para el manejo y destino de los fondos previsionales.
"El Estado no puede ser un mero observador o en un acto pasivo, no lo es a nivel internacional, donde el Estado aparece rescatando bancos, y menos para proteger a nuestros jubilados y jubiladas", dijo el ministro, a la vez que contestaba los cuestionamientos opositores sobre la iniciativa.
En ese sentido, señaló que hay quienes "hablan de la caja" a los que comparó con defender "la caja de las comisiones" de las AFJP, mientras replicó que desde el gobierno se preocupan "por la caja de los jubilados".
Por su parte, Boudou afirmó que "la crisis financiera internacional desnudó los problemas intrínsecos del sistema de capitalización" y afirmó que, con el nuevo esquema de jubilación, el Estado va a "recibir estas acciones" de empresas compradas por las administradoras con los aportes previsionales y aseguró que se va "mantener su valor".
En cuanto a la continuidad de los puestos de trabajo para los empleados de las administradoras, señaló que el Estado lo garantiza y apuntó que varios serán absorbidos por la Anses, Afip e incluso el Inadi, entre otros organismos.
Cuestionamientos a medias
La intervención de algunos opositores estuvo más dirigida a marcar las contradicciones del justicialismo sobre la temática (el sistema se aprobó en el gobierno de Carlos Menem y fue votado por actuales legisladores como el presidente de la Cámara baja, Eduardo Fellner, y el ahora secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli), que a preguntar a los funcionarios. Las consultas giraron en torno de si se aplicará un esquema que asegure el destino de los aportes, a conocer las razones de que la Anses tenga superávit (el radical Oscar Aguad) y si está previsto impedir préstamos del 100 por ciento del fondo de garantías al Estado (el duhaldista Jorge Sarghini).
El ex arista Carlos Raimundi pidió una serie de cambios a los funcionarios (como la administración previsional por parte de un ente no estatal integrado por el Estado, sector empresario, trabajadores activos y jubilados), aunque dijo estar de acuerdo con la filosofía del proyecto, pero insistió en un control extra además del parlamentario y recordó que ese tipo de monitoreo estaba contemplado para las administradoras y nada pasó.
La jefa del bloque socialista, Silvia Augsburger, antes de que termine la reunión, emitió un comunicado en el que dijo tener "más preocupación" tras la visita de los funcionarios e insistió con la idea de incorporar a la ley "una cláusula de intangibilidad que determine que los recursos del sistema serán empleados exclusivamente en el pago de haberes, retroactivos adeudados y sentencias firmes".
Propuesta radical
Plantea un régimen previsional único, elimina las AFJP y transfiere a sus afiliados y los fondos. Propone autarquía financiera y económica de la Anses, que podrá invertir los recursos en valores u obras, con limitaciones y control de la Auditoría General de la Nación. Propone una jubilación mínima equivalente al 82 % del salario mínimo vital y móvil y haberes del 70% del sueldo promedio de los últimos 10 años de cada pasivo. Exige 30 años de aportes pero paga un plus para quienes aporten más de esos años. La iniciativa se presentará la semana próxima y busca consenso de otras fuerzas políticas.
¿A la Justicia?
El titular de Unión de AFJP, Sebastián Palla, dijo que las empresas del sector no descartan la posibilidad de presentarse ante la Justicia. Reclamó del Congreso un "un debate serio" pero advirtió que para ello se demanda tiempo. El directivo defendió hoy en comisiones del Congreso la postura empresaria; recordó que el sistema privado-estatal vigente "fue ratificado hace un año" a través de una reforma en la que el 80 por ciento de los afiliados al esquema de capitalización decidieron continuar en él. Palla subrayó que el sistema privado es "sólido, perfectible y virtuoso" y que "si hay que corregirlo, hagámoslo".
Garantía a los trabajadores
Los trabajadores de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) serán "reubicados" en organismos del Estado, según ratificaron el presidente del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria-PJ, Agustín Rossi (Santa Fe) y el titular de la Comisión de Legislación Laboral, Héctor Recalde, a una delegación de gremios bancarios, de la seguridad social y del seguro.
Una numerosa y ruidosa columna de trabajadores se concentró anoche en las puertas del Congreso para manifestar contra el proyecto oficial de estatización del sistema de jubilaciones privadas. Con consignas contra el gobierno, se pronunciaron en contra del cambio del sistema al que calificaron con "SaKeo K" y fueron acompañados por el presidente de la Federación Agraria de Entre Ríos, Alfredo De Angeli y el ex candidato a gobernador bonaerense Juan Carlos Blumberg.
Minutos antes de las 19, los manifestantes se concentraron frente al Congreso ante una fuerte presencia de infantería de la Policía Federal, además del personal de seguridad del cuerpo. Rossi afirmó que "es una decisión política que todos los trabajadores de las AFJP sean reubicados en organismos oficiales de acuerdo con las funciones y capacidades que venían desempeñándose hasta este momento"
Precisó que "las acciones serán conjuntas con los gremios y coordinadas por el Ministerio de Trabajo". El jefe del bloque del FPV y Recalde recibieron a los secretarios generales del Seguro, Raúl Martínez y de la Asociación del Personal de Organismos de Previsión Social (Apops), Leonardo Fabre; al adjunto de la Asociación Bancaria, Andrés Castillo, y al titular del Sindicato de Empleados de la ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria (Secaspi), Carlos Ortega.
Precauciones judiciales
El debate por la estatización de las jubilaciones llegará en breve a la Corte Suprema de Justicia, según admitió la ministra del máximo tribunal del Estado, Carmen Argibay, mientras peritos oficiales empezarán a auditar las cuentas de las diez administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP) denunciadas por presunto fraude.
Fuentes judiciales dijeron que el juez federal Claudio Bonadío dispuso que el Cuerpo de Peritos Auditores de la Corte Suprema de Justicia destaque personal para que realice inspecciones internas en las diez AFJP que allanó la semana pasada.
El magistrado también dispuso que el cuerpo efectúe un trabajo sobre la eficacia de los sistemas de control de las administradoras de fondos que realiza la Superintendencia de AFJP. Otra medida solicitada por el juez fue dirigida a la Sindicatura General de la Nación (Sigen), para que dé informes sobre la documentación que le brindó la Superintendencia de AFJP en los últimos dos años y para que realice una auditoría interna sobre esa información.
Bonadío investiga a las diez AFJP que fueron denunciadas por el fiscal federal Guillermo Marijuán por supuestas operaciones de ventas de acciones frente al anuncio del gobierno de estatizar el sistema de capitalización.
El magistrado ordenó un allanamiento a las administradoras, y fuentes judiciales anunciaron que en los próximos días el juez citará a prestar declaración a los directivos de las AFJP. Las que están siendo investigadas son Futura, Previsol, Arauca-Bit, Consolidar, Profesión Auge, Máxima, Orígenes, Met, Nación y Unidos.
En tanto, el Congreso comenzó a debatir hoy el proyecto para concretar la estatización de las AFJP, medida impulsada por el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En este marco, la jueza Carmen Argibay, integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, vaticinó que el debate que se abrió por esa decisión "va a llegar" en breve al alto tribunal, por lo que se excusó de opinar anticipadamente.