El homicidio de un vecino del barrio porteño de San Isidro provocó un verdadero tembladeral mediático y, a partir de entonces, un sector de la dirigencia política volvió a poner en el tapete la vieja discusión vinculada con la necesidad de reducir la edad de imputabilidad de los adolescentes.
La primera medida de las autoridades bonaerenses fue sitiar con efectivos de Gendarmería Nacional la villa cercana al lugar del asesinato. El efecto fue inmediato: cesaron los delitos graves en esa zona.
Pero, pocos días después, un gendarme fue asesinado mientras custodiaba el ingreso al barrio popularmente denominado Fuerte Apache, en otro rincón del Gran Buenos Aires. El homicida disparó simplemente por diversión.
Cada vez que se produce un hecho delictivo trascendente, se vuelven a levantar las voces de quienes insisten en reducir la edad de imputabilidad penal y de los que reclaman incrementar las penas para los delincuentes.
Hace pocos años, Juan Carlos Blumberg reunió a miles de personas en el Congreso Nacional. Reclamaron seguridad y pidieron que se agravaran los castigos previstos en el Código Penal. Pocas horas después, los legisladores aprobaron la mayoría de los pedidos, pero la violencia y la inseguridad continuaron agravándose en todo el país.
La problemática de los menores es compleja. Desde el Ministerio de Justicia de la provincia de Santa Fe se defendió la idea de reducir a 14 años la edad de imputabilidad penal, pero con la condición de que esos adolescentes queden a disposición de un sistema de Justicia juvenil especializado.
Pretender que chicos de 14 a 17 años reciban el mismo trato que los delincuentes mayores o que compartan la dramática situación de las cárceles argentinas es una salida efectista que sólo multiplicará los problemas en el futuro cercano. Cuando esos adolescentes recuperen su libertad, resulta poco probable que logren la necesaria readaptación; antes bien, es previsible que hayan completado su aprendizaje delictivo.
La Dra. Roxana Kreimer es especialista en Ciencias Sociales e integrante del Conicet. Recientemente publicó un estudio en el que se demuestra que los países con más inseguridad son aquellos que tienen mayor inequidad, en los que hay más diferencia entre el 10 % más rico y el 10 % más pobre de la población.
Esta inequidad se mide con el coeficiente Gini, un número entre 0 y 1. El cero se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y el uno con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y todos los demás, ninguno).
En Canadá o Suiza, donde la gente deja las puertas de su casa y de su auto sin llave, tienen menos de la mitad del coeficiente Gini que la Argentina. Latinoamérica es la región más inequitativa del planeta.
A mayor desigualdad, menor confianza en el otro, pérdida de valores esenciales de convivencia, enfrentamientos, degradación generalizada, mayor número de homicidios y todo tipo de delitos graves. La ecuación es simple, dramática, y demuestra que las medidas efectistas pueden calmar conciencias, pero no son la solución al problema.