El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, vetó ayer la ley que despenaliza el aborto, sancionada el martes último por el Senado, y la resolución fue también firmada por la ministra de Salud, María Julia Muñoz, se informó oficialmente.
El veto presidencial, como había anticipado el mandatario, alcanza al capítulo del proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva que incluía la despenalización del aborto, señala un despacho de la agencia Ansa.
Vázquez tomó la decisión en 48 horas, antes de que se cumpliera el plazo de 10 días que tenía el Ejecutivo para vetar o promulgar el proyecto.
Médico de profesión, Vázquez aseguró a poco de asumir -en 2005- que no estaba de acuerdo con el aborto por razones éticas y científicas y había comprometido su oposición a alguna ley que lo autorizara.
El proyecto aprobado por ambas Cámaras permitía a la mujer interrumpir el embarazo durante las primeras 12 semanas por circunstancias derivadas de las condiciones en que se desarrolló la concepción, "de penuria económica, sociales, familiares o etáreas".
Si el Poder Legislativo decide levantar la observación presidencial, necesitará tres quintos de componentes de los senadores y diputados reunidos en Asamblea General, es decir al menos 18 senadores y 60 diputados.
Si la Asamblea General no rechazara expresamente la observación del Ejecutivo, a los 30 días de la primera convocatoria al cuerpo legislativo para pronunciarse, el veto quedará automáticamente confirmado, según lo establece la Constitución.
En Uruguay se estima que anualmente se realizan 33 mil abortos y que esa intervención, en condiciones clandestinas, es la primera causa de muerte materna.
La legislación vigente desde 1938 sólo admite el cese del embarazo por violación o riesgo de vida de la madre, y prevé penas de prisión para los autores de abortos, consentidos o no.