Medidas de aliento a la producción, férrea aplicación de la legislación laboral, auxilio desde el sector público y una constante apelación a la negociación y la responsabilidad empresaria, son los argumentos con que el Ministerio de Trabajo de la provincia espera poder detener los despidos alentados por la crisis internacional que repercute en Santa Fe.
El ministro Carlos Rodríguez dijo que desea que los sectores del trabajo y los empresarios logren acordar una tregua hasta marzo de 2009. Mientras subraya que son necesarias medidas de política económica nacional que privilegien el empleo y el mercado interno.
El funcionario sostiene que un acuerdo de este tipo puede resultar una forma eficaz de generar confianza en el plano local, ante una crisis internacional cuyo impacto local "todavía es incierto".
Rodríguez advierte que se producen en algunas firmas medidas de "ajuste preventivo", que más se basan en los pronósticos y las versiones sobre los próximos meses que en indicadores económicos reales y actuales.
"Quien crea que esto es como 2001 se equivoca; como se equivoca quien piense que estamos al margen de lo que ocurre en el mundo", definió.
El ministro de Trabajo recibe cada día "dos informes diarios de las distintas delegaciones" que describen la situación laboral.
"Me parece importante también ir directamente al terreno, sobre todo porque creo que el cara a cara es la mejor manera de decirles a los empresarios que despedir en Santa Fe no les va a ser fácil", advirtió en declaraciones a medios del sur santafesino.
Rodríguez dedicó la semana pasada a recorrer departamentos del centro, del oeste y del sur provincial. Estuvo en Esperanza, en Rafaela y Rosario.
Dijo que hay empresas en las que la versión sobre una eventual doble indemnización significó una suerte de aliento al despido. Y advirtió que como en su mayor parte no respondían a una razón económica, las posición de las empresas no fue dura, y se lograron avances en las negociaciones.
El funcionario se mostró convencido de que la acción concertada de los gremios y la cartera que conduce logró hacer menos virulenta la ola de "despidos al voleo".
Rodríguez dijo que el último mes su cartera intervino ante 60 conflictos en toda la provincia y aseguró que "en el 80% de los casos se lograron revertir las decisiones de ajuste que tomaron las empresas", sintetizó.
Destacó que "ahora lo importante es que los sindicatos y las entidades empresarias aguanten hasta marzo, cuando se podrá tener un panorama más claro de la situación", y mostró como un ejemplo el acuerdo alcanzado con las grandes cadenas comerciales de electrodomésticos para establecer "una paz social por 90 días".
Esta mañana, cinco trabajadores contratados de General Motors no pudieron ingresar a la planta de Alvear, donde poco después de las 9 se presentaron inspectores del Ministerio de Trabajo y representantes de Smata para verificar por qué estos operarios no pudieron entrar a la fábrica.
Mientras tanto, está pendiente aún el destino de 150 trabajadores que pertenecen al grupo que recibió los telegramas de despido hace tres semanas que el viernes pasado empezaron a recibir la propuesta de cobrar el sueldo hasta junio y la totalidad de la indemnización con la condición de no pisar más la planta de Alvear. Esta oferta fue rechazada por el gremio, pero varios empleados podrían acceder individualmente a esta opción. Mañana se volverán a reunir los representantes sindicales, de la empresa y el Ministerio de Trabajo en el marco de la conciliación obligatoria, que vence el jueves próximo.
Hoy a la mañana, varios delegados de Smata se apostaron en la puerta de la automotriz para exigir el ingreso de los empleados ya que, según explicaron, en el marco de la conciliación obligatoria, la situación laboral de los contratados se retrotrae al momento de iniciación del conflicto.
Mariano Fernández, delegado de Smata en la automotriz, afirmó que "a estos cinco trabajadores se les venció el contrato pero por la conciliación deben volver a la situación que tenían antes de que la empresa mandara los telegramas de despido. A pesar de que las leyes, insisten en que sus contratos están vencidos".
"Es una discriminación tremenda. Mientras hacemos lo imposible para hacer salir la empresa adelante, ellos se esfuerzan en sembrar el conflicto", apuntó el delegado. "El viernes (cuando se conoció la propuesta de la indemnización ampliada a los 150 empleados) confirmamos que no echan gente por la crisis de producción sino por una selección de personal, pretenden despedir gente que nació con la empresa", afirmó.
En tanto, el dilatado conflicto laboral de la planta local de General Motors tendrá un nuevo capítulo esta semana, con la reunión que mañana mantendrán las partes para buscar una solución al problema mientras rige la conciliación obligatoria.
En la reunión que se realizó el viernes pasado en el marco de la conciliación obligatoria, representantes de General Motors manifestaron su intención de no reincorporar a su planta de Alvear a un grupo de 150 empleados efectivos, los de mayor antigüedad, a quienes ofrecen su correspondiente indemnización más seis meses de sueldo extra. Desde GM confirmaron que se hizo un ofrecimiento que fue rechazado por el gremio y que se continúa con la negociación.
Proyecto de ley
El diputado justicialista y secretario general de la CGT Regional Santa Fe, Alberto Cejas, propuso que por ley se declare la emergencia laboral en toda la provincia de Santa Fe por el término de 180 días. El legislador cegetista subraya que se trata de tener "una herramienta más" contra los despidos y que "por ahora ningún sector ha podido demostrar que los despidos sean producto de la crisis internacional" .
El titular de la CGT, Hugo Moyano, insistirá ante el gobierno nacional con la idea de reinstaurar la doble indemnización y, además, agregar un plus salarial que provocaría una suerte de triple compensación.
El diputado justicialista Héctor Recalde, abogado de la central obrera confirmó al diario Clarín que recibió instrucciones del líder sindical y que mañana presentará un proyecto de ley a la cúpula de la central obrera.
El texto en elaboración excede a la iniciativa de reimplantar la doble indemnización ya que además, "contempla la reincorporación de despedidos sin justificación", dice el matutino.
Recalde explicó que el disparador de las sanciones que contendrá la ley será el resultado de lo que pase en la instancia de conciliación del procedimiento preventivo de crisis. "Si allí se llega a un acuerdo, el conflicto queda solucionado. Pero si por ejemplo, después de concluido el procedimiento preventivo, la empresa procede a despedir personal entrarán a regir las sanciones", explicó.
El legislador aclaró que el proyecto contempla los siguientes casos: "Si se trata de una pequeña empresa, se aplicaría la doble indemnización. Si es una empresa más grande, a opción del trabajador, entre la triple indemnización y la reinstalación en su lugar de trabajo. Y si son despidos masivos, directamente la prohibición de las cesantías con la reinstalación de los despedidos en sus lugares de trabajo", señaló Recalde.
"A mayor capacidad, mayor responsabilidad", es el principio jurídico que contendrá la iniciativa.
Convocatoria
El Ministerio de Trabajo convocó a representantes de las cámaras empresarias y a las centrales sindicales para mantener una reunión, con vistas a alcanzar un acuerdo que evite los conflictos hasta marzo. El encuentro será el próximo viernes, a las 10, en el marco de la Comisión Tripartita por el Trabajo Decente (que funciona desde este año, y reúne a empresarios, gremialistas y funcionarios).