Félix Canale
La crisis ya mostró su rictus amenazante. La versión gubernamental, según la cual el país estaba más o menos a salvo porque "no participa del flujo financiero mundial", quedó desmentida. No por los números de la macroeconomía, siempre opinables, sino por la economía real donde se inscribe, entre otras, la situación laboral.
Fue durante la semana pasada, una vez que comenzó a digerirse el fallo de la Suprema Corte abriendo camino a la pluralidad de representación sindical, cuando la cuerda comenzó a tensarse imprevistamente. Por una parte, los gremios afectados, federados en la CGT, mostraron su disconformidad. Por otra, muchos empresarios no ocultan sus reservas ante la posibilidad de tener que negociar con más de un sindicato.
El Litoral consultó a Carlos Capisano, presidente de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), quien dijo que la entidad no había tratado el tema, por lo que sólo podía opinar a título personal. "Está muy bien como concepto, pero hay que ver cómo se hace para que las negociaciones se puedan realizar con alguien que tenga representatividad y que no sean 3 ó 4 las posibilidades de negociación, porque eso complicará mucho las cosas. Como todo lo que está sucediendo últimamente, por razones internas o externas, esto nos genera una situación de incertidumbre."
Más allá de la discusión instalada, que posiblemente culmine en una nueva ley que deberá tratar en su momento el Congreso, la decisión de la Corte aceleró los tiempos de una creciente tensión sindical y de una potencial modificación en la relación entre la CGT y el gobierno nacional.
El martes 11, Hugo Moyano, titular de la CGT, había dicho, en línea con la versión oficial, que "hasta ahora no hay casos concretos de despidos o suspensiones. Tres días después, durante una reunión en el Ministerio de Trabajo, la CTA le pidió al ministro Carlos Tomada una ley urgente que prohibiera los despidos durante 6 meses. Tomada asumió la situación, pero sólo se comprometió a "establecer mecanismos para impedir durante 45 días las cesantías."
Ayer domingo, Moyano giró 180 grados. Admitió la existencia de despidos y suspensiones y soltó un misil: "La CGT va a proponer al Congreso anunció- una ley con efecto retroactivo, de manera que aquella empresa que se compruebe que despidió personal, sin necesidad de hacerlo, tenga el castigo de tener que pagar una doble o triple indemnización".
Desde Las Parejas, Capisano, reflexionó: "La indemnización puede llevarse al doble, al triple o multiplicarse por diez. Pero no hay indemnización que solucione el problema de fondo, que es que haya trabajo. Acá lo que hay que hacer es buscar mecanismos que pongan en marcha el aparato productivo, que está afectado por problemas nacionales e internacionales."
El proyecto de ley auspiciado por la CGT, que estará listo entre hoy y el miércoles, es redactado por Héctor Recalde, quien preside la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados. El propio Recalde, en declaraciones a la prensa, adelantó que el proyecto "además de prohibir las cesantías sin causa con efecto retroactivo, obligará a los empresarios a reincorporar al trabajador y a abonar los sueldos caídos."
Una de las primeras reacciones vino de Carlos de la Vega, presidente de la Cámara Argentina de Comercio: "Pensamos que los anuncios son contraproducentes dijo- porque en momentos en que se vislumbran crisis, los dirigentes deben llevar tranquilidad y no crear zozobra."
Un empresario de Santa Fe, que pidió reserva de su nombre, opinó: "Tal vez me equivoque, pero esto puede acelerar la ola de despidos en algunos sectores. La ley debe discutirse y hasta que se apruebe pueden pasar dos, tres o más meses. En ese tiempo una empresa con problemas, no sólo por el costo laboral, ya puede saber si está en condiciones de cumplir con la ley o si simplemente cierra."
Mientras tanto, el gobierno central anunció el viernes, a través del ministro de Trabajo, que se asignaron partidas para subsidiar salarios de trabajadores en riesgo de perder sus puestos, en el marco de la ley 24.013 referida al procedimiento preventivo de crisis, que trata de evitar la ruptura de los contratos laborales.
En concreto, la norma establece que el Estado se hace cargo de un subsidio de entre 300 y 800 pesos, con lo que se paga el recorte de sueldo de los empleados suspendidos, mientras persista la emergencia.
Ese mismo día, el secretario de prensa de la CGT, Héctor Daer, admitió que la situación puede agravarse durante el período vacacional y mantenerse en los meses siguientes. Entre las soluciones propuestas por la central obrera figura implementar algún tipo de "suspensiones rotativas".
Consultado sobre el tema subsidios, el vicepresidente de Fisfe, Guillermo Moretti, respondió tajante: "Creo que hay que tomar medidas estructurales. Como industrial no veo al Estado nacional dándome dinero para que yo pague sueldos. Lo que quiero es que el Estado me dé la condiciones para que pueda seguir subsistiendo"
Agregó: "Nosotros, desde la UIA, hemos propuesto algunas medidas. Una, por ejemplo, es que las cargas sociales se descuenten del IVA, durante un plazo que puede oscilar entre 3 y 6 meses. Así no nos están dando ningún subsidio. Lo que haríamos es cambiar una caja por otra y eso favorece a las Pymes. Otra medida es que los derechos de estadística, en vez del 0,5 por ciento, los pongan a 5 por ciento. Eso inmediatamente nos estaría subiendo el valor del dólar, sin generar un problema de mercado interno."
De Vido
Hasta ahora, el ministro de Planificación no pudo ajustar su agenda para recibir a los industriales santafesinos, a quienes convocó el 30 de octubre. En estos días, acompaña a Cristina Fernández en su gira internacional. La expectativa es que la reunión se produzca tras su regreso, entre el 24 de este mes y el 9 de diciembre. Mientras tanto, Fisfe pule los planteos que expondrá ante De Vido, que circulan entre los directivos como papeles de trabajo. La versión definitiva tomará cuerpo durante el encuentro que la entidad tiene programado para el próximo miércoles en Rafaela.
El diario La Voz del Interior, de Córdoba, consignó el fin de semana que el gobierno provincial entregará subsidios de 400 pesos mensuales a los trabajadores de las Pymes industriales que hayan sufrido suspensiones y lanzó una línea de crédito a tasas bajas para las empresas manufactureras. La medida fue decidida luego de una reunión del Comité de Evaluación de la Crisis Financiera Internacional de la provincia, que integran el gobierno, sindicatos y empresarios industriales.
El Banco de Córdoba se hará cargo de la línea de financiamiento por un total de 50 millones de pesos, destinados exclusivamente a Pymes, las que podrán acceder a préstamos de hasta 300.000 pesos a una tasa subsidiada en 4 puntos por el gobierno provincial y a 2 años de plazo. Los subsidios, en tanto, serán como máximo de 400 pesos por mes, a razón de 20 pesos por día hábil no trabajado.