El fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la libertad sindical es el más importante pronunciamiento sobre el tema en varias décadas. Si bien la resolución judicial es un punto de partida y no de llegada, abre un espacio inédito para debatir acerca del modelo sindical que mejor represente a los trabajadores. Visto desde una perspectiva política amplia, puede decirse que el fallo salda una de las asignaturas pendientes de la democracia desde 1983. Como dijera un dirigente de la CTA: " Finalmente la democracia está empezando a llegar a los sindicatos".
Atendiendo a las protestas airadas de los dirigentes de la CGT y a las opiniones de Moyano, Recalde y Barrionuevo, entre otros, está claro que la Corte Suprema ha golpeado en una zona sensible de la burocracia sindical. Más allá de las objeciones respecto de los límites del fallo o de su supuesta filiación ideológica liberal -que mezclan argumentos con reacciones emcionales-, lo cierto es que el 11 de noviembre quedará registrado históricamente como la fecha en la que se plantó un hito en el camino hacia la libertad sindical.
Como se recordará, la estructura sindical argentina oficialmente estuvo organizada de acuerdo con principios corporativos de indudable tradición fascista. El modelo sindical que rigió al país desde 1945, se hizo tomando como ejemplo los regímenes de Salazar (Portugal) y Mussolini (Italia), con algunos aportes ideológicos de Primo de Rivera (España). El poder de este aparato fue tan fuerte que los pocos gobiernos que se propusieron reformarlo fracasaron con estruendo. Por el contrario, cada vez que se intentó poner en discusión ese modelo, el poder corporativo resurgió con más fuerza.
Conviene recordar que durante décadas las burocracias sindicales obstruyeron y sabotearon a gobiernos democráticos, alentaron huelgas insurrecionales y fueron partícipes y cómplices de la saga de golpes de Estado que humillaron a la Argentina. En ese sentido no fue casualidad que una de las consignas que más caló en la sociedad en 1983 fue la denuncia contra el pacto sindical-militar.
Justamente, el último intento importante por democratizar a los sindicatos lo llevó adelante el presidente Alfonsín a través de la célebre "ley Mucci" que fue rechazada por la Cámara de Senadores a través del voto del senador neuquino Sapag. El propio gobierno radical acordó, tres años después, con los representantes del corporativismo gremial y les concedió ventajas sectoriales que contradecían de manera absoluta los principios sostenidos en la campaña electoral y los contenidos de la frustrada "ley Mucci".
Si el fallo de la Corte pone en discusión el sistema de representación de delegados gremiales, deja pendiente para futuras discusiones los otros dos grandes temas que configuran la burocracia sindical: el monopolio político para negociar en las paritarias y el control de las obras sociales, la caja de los sindicatos legalizada curiosamente durante la dictadura del general Juan Carlos Onganía. Por lo pronto, el precedente está sentado y dependerá de la lucidez de los dirigentes políticos y de la propia sociedad avanzar en la línea que acaba de trazar la Corte Suprema de Justicia.