membrete oficial

Alarma por falso memo

La supuesta noticia de que el gobierno planeaba un nuevo corralito financiero, y confiscar el dinero depositado en cajas de seguridad, se difundió ayer, en medio del debate en el Senado para la privatización de las jubilaciones.

El sustento de esta versión sobre un pretendido Plan de Financiamiento de Emergencia era un memo con membrete del Ministerio de Economía, que circula desde hace unas semanas entre políticos y empresarios, encabezado por un sello de “reservado” y rematado con la firma de un funcionario de la Secretaría de Finanzas.

Todo indica que no se trató de una filtración, ni de un error, sino de una maniobra intencional tendiente a generar inquietud y contribuir a enrarecer el clima.

Por iniciativa del Ministerio de Economía, un juez federal investiga desde ayer si esta maniobra constituyó el delito de intimidación pública y ya existen algunos indicios sobre la procedencia de, por lo menos, alguna de las copias que circularon por correo electrónico.

Cifra llamativa

Concretamente, el memo consiste en una serie de recomendaciones que el jefe de asesores de la Secretaría de Finanzas, Roberto Bonnet, le eleva a su secretario, Hernán Lorenzino. Por las formas y el tono, muchos medios digitales lo tomaron por cierto y lo difundieron de esa manera. Sin embargo, los conocedores detectaron que los números contenidos en el documento son demasiado elevados.

La idea pretendida era “obtener un financiamiento adicional cercano a los $ 400.000.000.000”, una cantidad de dinero por demás innecesaria para los compromisos que el Estado Nacional tiene en agenda. Acerca de la eventual “captación de los fondos en efectivo en cajas de seguridad”, se afirma que la medida resultaría “compleja”, pero que la asesoría jurídica del ministerio “constituye factible la apertura de estas cajas mediante orden judicial con posterior aplicación de la Ley Penal Tributaria”.

La subsecretaria legal de Economía, Alejandra Tadei, lo llevó el lunes a Tribunales con el patrocinio del abogado Alejandro Rúa. “Esto no tiene otro destino que generar alarma en la población”, denunciaron. La causa cayó en el juzgado número 2, que subroga el juez Marcelo Martínez de Giorgi, y el fiscal Jorge Di Lello decidió impulsar la acción. Para los abogados de Hacienda, también pudieron haberse cometido los delitos de falsificación de documentos públicos y/o de sellos oficiales. El autor de esta obra accedió, como mínimo, a las hojas que se usan en el ministerio, con el Escudo Nacional y la inscripción “2008-Año de Enseñanza de las Ciencias”.