Enress, cooperativas y usuarios
Dr. Carlos A. Rodrigo Barbeito (*)
El sector del saneamiento en la provincia de Santa Fe debe completar su salida del paradigma que impusieron los privatizadores durante la década de los ‘90.
Las cooperativas de agua potable se desarrollaron en 119 pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe.
Foto: Archivo El Litoral
Vale la pena revisar qué se ha hecho desde el fracaso del esquema privatista hasta aquí, que no es poco.
Se ha reestatizado el servicio que ahora presta Aguas Santafesinas SA, y que desde diciembre de 1994 hasta febrero de 2006, quedara en manos de una multinacional francesa, lo que provocó un enorme atraso en las inversiones que el sector aún requiere.
Además, con el cambio de autoridades en el gobierno provincial advertimos que se ha modificado profundamente la visión que desde el sector público se impulsa sobre el rol que le compete al Estado en la materia.
Las políticas públicas que se anuncian en infraestructura para la distribución de agua potable en toda la provincia, y la prioridad económica que se ha otorgado a la construcción de los grandes acueductos, van en la misma dirección: se trata, en suma, de dejar atrás la peregrina idea de concebir a la producción, el transporte y distribución del agua potable -el más vital de los servicios públicos- en una actividad susceptible de dar ganancias.
El movimiento cooperativo logró sobrevivir a la etapa anterior, y lo hizo sin perder ninguno de sus valores solidarios. Pero ha sufrido un esquema que lo perjudica: los casos sociales que cuentan con un subsidio estatal creado durante la concesión de los ‘90, que hoy continúa con Assa, excluyen a los usuarios más necesitados de las 119 cooperativas
Otra situación injusta es la carga impositiva que pesa para las cooperativas, que son tratadas como cualquier otra actividad con fines de lucro, cuando en realidad por definición las cooperativas no tienen ganancias. Sus balances positivos -si éstos se presentan- siempre deben ser invertidos en obras u otras mejoras.
El cooperativismo puede además servir de modelo para la prestación estatal de Assa respecto del sentido de pertenencia de los usuarios sobre de su propio servicio.
Para concluir la salida de aquel esquema, que responde a dogmatismos neoliberales de resultado conocido, resta que el Ejecutivo proponga y las Cámaras que componen el Legislativo discutan un nuevo marco legal que substituya al vigente, que fue concebido para hacer del servicio de agua potable apenas una oportunidad de negocios.
Se trata de superar a la actual Ley 11.220 con una ley que proteja al recurso y que privilegie la prestación del servicio público, tanto a cargo del Estado en sus distintos niveles, como de las cooperativas.
El marco jurídico propio de un paradigma no utilitario del agua potable debe adaptar al Ente Regulador de los Servicios Sanitarios (Enress) al nuevo escenario, en el que los prestadores se dividen entre los Estados provincial y municipal y las cooperativas de servicios.
En el Enress, diseñado para vigilar a una empresa privada y su contrato de concesión, se habla de diferentes propuestas para restablecer su Directorio.
Con placer desde las cooperativas prestadoras de los servicios públicos en general y en particular de las 96 que están representadas en la Federación Nacional de Cooperativas de Agua Potable, una entidad de Segundo Grado con sede en la localidad de Carcarañá (departamento San Lorenzo), advertimos de la preocupación del gobernador Hermes Binner por integrar a representantes de los usuarios en ese órgano de conducción.
¿Quiénes son los representantes de los usuarios? Como se verá, la pregunta no es sencilla. Pueden por ejemplo todas las autoridades provinciales, municipales y comunales electas arrogarse esa representación por tratarse de cargos democráticamente resueltos. Pero se ha apuntado -seguramente como una forma de resistencia al paradigma de los ‘90- que representan a los usuarios quienes conducen organizaciones no gubernamentales y entidades intermedias que han promovido sus derechos y su participación, sobre todo durante aquellos difíciles años en que el lenguaje pragmático los llamaba clientes.
No es una idea errónea, pero es incompleta. Las entidades cooperativas fueron formadas por ciudadanos deseosos de ser usuarios. Fueron los propios cooperativistas los que desarrollaron los servicios públicos en donde no había llegado el Estado.
En las cooperativas de servicios, todos los años hay elecciones con renovaciones parciales y distribución de cargos entre sus usuarios. Es en las cooperativas donde los socios-usuarios ya toman decisiones y gobiernan el servicio que han creado.
Sin dudas también las cooperativas, como las entidades intermedias, son representativas de los usuarios.
(*) Vicepresidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Agua Potable (Fencap).
