Una semana ardiente

Hugo Grimaldi

(DyN)

Tres episodios controversiales sacudieron la semana política y en los tres tuvo que ver, por acción u omisión, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner: el anuncio del paquete de jolgorio impositivo y previsional, la situación energética, secuela de la ola de calor, que mantuvo la cabeza de Julio De Vido flameando en una pica y la aberración del gremio camionero, que bloqueó la salida de las plantas de impresión de Clarín, Olé, La Nación y las revistas de Editorial Perfil, sin que a ningún funcionario se le haya movido un pelo.

En cuanto al triple jubileo, presentado bajo la figura de un “paquete anticrisis’ que incluye una regularización tributaria urbi et orbi, un blanqueo laboral para las Pymes y una zanahoria gigante para la repatriación de capitales, el mismo cuela en este último ítem una píldora venenosa de improbable ingesta: el posible lavado de dinero, proveniente de los más variados ilícitos. Un par de horas después de que la presidenta lo hubiera anunciado, una nota analítica de este periodista señalaba cuál iba a ser el desafío más grave que deberá superar el Gobierno en la materia: “cómo (hacer para) blanquear capitales sin lavar dinero”, se decía entonces desde el título. Unos días después, con el texto de la futura ley en la mano y con toda la oposición zapateando sobre la mesa, el análisis se ha convertido en premonición, abonada por algunas charlas con expertos y por declaraciones algunos oficialistas, como es el caso del senador Pichetto: así, como está, al proyecto le va a costar mucho pasar por el Congreso, sobre todo en lo que hace a la exteriorización de bienes no declarados.

Y no sólo por cuestiones políticas o por los reparos morales que se pudieran extraer de la norma en su conjunto, incluida la demolición de la “nueva cultura tributaria’ de la que se jactaba la Afip, sino porque los abogados le ven puntos de colisión insalvables con otras leyes, incluidas varias del Código Penal, en materia de lavado de dinero.

Otro punto que se reprocha es que hoy, cuando aparecen fondos de dudosa procedencia, las entidades financieras tienen que dar aviso a la Unidad de Información Financiera (UIF), a la que no se nombra en el proyecto, ni siquiera para eximirla de la responsabilidad de investigación y control que le impone otra ley. Es más, en el mismo se ampara expresamente el origen, dudoso o no dudoso, del dinero cuando se dice que quienes normalicen su situación “no estarán obligados a declarar la fecha de compra de las tenencias que se exteriorizan, ni el origen de los fondos con los que fueron adquiridas”. Por supuesto que la pretensión de traer fondos externos no registrados al país, en un año en que la salida de capitales declarados ha sobrepasado los 15 mil millones de dólares (más de U$S 25 mil millones, en los últimos tres) parece una utopía difícil de alcanzar, sobre todo por los antecedentes de mostrar poco apego al cumplimiento de las reglas de la seguridad jurídica. Allí está la confiscación de los fondos privados de jubilación, como ejemplo cercano.

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El gremio de Moyano bloqueó con prepotencia las plantas de impresión de varios diarios y revistas, sin que al Gobierno se le moviera un pelo.

Foto:DyN

Además, en el capítulo dedicado a la Regularización de Tributos y Recursos de la Seguridad Social hay otras píldoras con ponzoña que también resisten los opositores, porque las sospechan dirigidas a la protección de los amigos del poder, aunque estos salvatajes han sido una constante en moratorias anteriores, como la suspensión de las acciones penales y la extinción a la cancelación total, previsiones que acaban de tirar por la borda aquella famosa frase de Néstor Kirchner del “traje a rayas para los evasores”, pronunciada cuando asumió la presidencia en 2003.

Si el Gobierno encontró en la crisis internacional el pretexto ideal para justificar el tenor de estas medidas, también el ministro De Vido halló en las altas temperaturas el aliado justo para el “yo no fui’ de circunstancias, al que toda la Administración tiene acostumbrados a los ciudadanos. Pero en esta oportunidad, la presencia del funcionario frente a la TV resultó irritativa para mucha gente, sobre todo porque en su primer discurso erró el foco del problema y habló peyorativamente de “problemitas en la distribución”, una manera elegante de echarle el fardo a Edenor, Edesur y Edelap. La falta de ejercicio en el arte de la comunicación le hizo hacer entonces una sesuda disertación sobre lo bien que le había ido al país en materia de generación, algo que los expertos también discuten, debido a la insuficiencia de oferta mostrada durante los últimos cinco años. Descolocado, el ministro se llenó la boca con las reservas eléctricas, pero la incongruencia fue tal que, mientras De Vido se ufanaba de que le sobraban megavatios y que esta vez no se necesitaba importarlos para afrontar la crisis, miles de familias se derretían y sus alimentos y medicinas se alteraban de modo irremediable, porque las redes que debían llevar esa electricidad hasta sus casas no daban abasto. Luego, varió hacia motivos algo más lógicos, como la inusual ola de calor y la demanda motorizada por artefactos algo obsoletos a los que accedieron muchas personas, incentivados por el consumo que propició el mismo Gobierno, aunque para el ministro esto haya resultado todo un problema, ya que los fideicomisos que permitieron la financiación de los usuarios habían sido sostenidos, se dijo, por las estigmatizadas AFJP.

Por último, una mención al dislate del gremio de Hugo Moyano al que, tras la fachada de una reivindicación y más allá de los métodos de prepotencia elegidos para bloquear las plantas de impresión de los medios de mayor circulación, no se puede despojar de intencionalidad política. La situación, que desactivó el ministerio de Trabajo con una convocatoria a conciliación obligatoria, debería parecer a priori de carácter sindical, como otras tantas que llevaron adelante los camioneros para sumar a los choferes a sus huestes, lo que automáticamente elevaría los salarios de convenio de los mismos. Pero éste no ha sido el punto contra el que, de modo unánime, se expidieron las organizaciones periodísticas que defienden la libertad de prensa, ya que, por detrás, hay un entramado que dejaría indefensos a los ciudadanos y a merced del discurso único: quien controle la distribución de diarios y revistas, puede ser quien decida qué se lee y qué no se lee en la Argentina.