Escalada de violencia en el mundo sindical
La violencia sindical se está transformando en un hecho habitual de la política. La semana pasada, patotas regimentadas por Moyano impidieron la distribución de diarios nacionales. En la provincia de La Pampa, en la localidad de 25 de Mayo, patotas del sindicato de petroleros atacaron a trabajadores de la construcción para saldar disputas internas. El balance de la refriega fue de un muerto y varios heridos.
El miércoles pasado, en la ciudad de Rosario, otro choque sindical en la vía pública provocó un muerto y dejó numerosos heridos. Trabajadores del gremio lechero Atilra que realizaban un acto de repudio a los ataques de grupos violentos, ocurridos a fines de noviembre, fueron “visitados” por éstos, lo que derivó en un nuevo estallido de violencia.
Según la información disponible, existe hostilidad entre la conducción nacional de Atilra y la dirigencia rosarina del sindicato. Estas diferencias habrían dado lugar a enfrentamientos cada vez más agresivos, cuyo saldo es ahora la pérdida irreparable de una vida y varios heridos graves.
En principio, es necesario advertir seriamente sobre una tendencia a resolver por la vía de la violencia y el crimen las supuestas diferencias de intereses entre las diversas conducciones sindicales. La saga de episodios protagonizados por barrabravas y patotas conchabadas por los burócratas sindicales demuestra que no estamos ante episodios anecdóticos o situaciones que escapan al control de los dirigentes, sino ante una metodología sistemática promovida precisamente por los que deberían cultivar la prudencia y alentar el diálogo y la negociación.
La situación es delicada porque no se observan en el horizonte respuestas sensatas tendientes a poner límites a estos desbordes. Los dirigentes sindicales no acusan recibo de sus responsabilidades; por el contrario, parecería que son cada vez más los que se preparan para protagonizar batallas campales con el pretexto de “ganar espacios” o “defender los intereses de los compañeros”.
El poder político, por su lado, tiene las manos atadas, ya que cualquier participación de las fuerzas del orden corre el riesgo de transformar una refriega callejera en un campo de batalla. Curiosamente, los mismos que repudian la acción represiva, son los que la reclaman cuando les toca ser víctimas, aunque luego suelen volver a condenarla cuando pretenden ponerles límites a sus excesos.
Corresponde a la clase dirigente preocuparse en serio por dar una respuesta razonable a una situación que, de extenderse, puede poner en juego la convivencia pacífica de los argentinos y retrotraernos a tiempos que creíamos superados. Una sociedad en la que las bandas ajustan cuentas entre ellas, es una sociedad que está preparando su propia disolución. A 25 años de la asunción de un presidente democrático, es importante recordar que el monopolio legítimo de la violencia es el rasgo distintivo de un Estado constituido y de una sociedad democrática.
