OPINIÓN
El norte y el riesgo hídrico
Por Eloy Rodríguez
La Provincia de Santa Fe enfrenta una seria problemática hídrica: de las 360 municipalidades y comunas esparcidas en su territorio, 156 (casi el 44%) están en riesgo hídrico. En el Departamento 9 de Julio, los 11 distritos que lo componen tienen alto riesgo hídrico.
Esta alternancia de inundaciones y sequías, afectan la economía del Departamento y el bienestar de sus casi 30.000 habitantes.
Tanto el gobierno provincial como el CFI (Consejo Federal de Inversión), desde 1973, sólo planificaron atenuar las consecuencias de las inundaciones: Bajos Submeridionales, Comités de Cuencas y aperturas de canales, financiándolos con el aporte de los productores agropecuarios mediante el cobro de la “tasa por hectárea”.
Un criterio en el manejo del agua bastante discutido ya que sólo tiene en cuenta las inundaciones y el escurrimiento a través de canales, sin tener en consideración que la construcción de un canal deriva en otro, este en uno nuevo, y así se llega a una situación de anarquía con el agravante que, ante las lluvias, todo este sistema antrópico se lleva el agua dulce tan anhelada, es lo primero que recibe, y crea serios inconvenientes en las fuentes hídricas para las poblaciones y la ganadería, ya que impiden las recargas de las fuentes y disminuye la posibilidad de cosechar las precipitaciones. El problema determinante es la falta de agua, la no retención y no escurrir solo los excesos.
Casi todos los distritos del Departamento 9 de Julio proveen de agua potable a sus habitantes a través de Plantas de Osmosis Inversa, que tienen como fuente un bolsón o un paleocauce, y desalinizan el líquido elemento para hacerlo apto para el consumo humano.
En períodos secos, la manutención de las fuentes, que son insuficientes y muy saladas, se torna muy costosa con erogaciones a cargo de los ejecutivos distritales.
La provincia, de enero a mayo de este año, realizó 192 viajes, con camiones cisternas que acarrearon 5.760.000 litros a las distintas poblaciones con un costo de $ 297.260.
En el norte santafesino la precariedad es moneda corriente. Desde la existencia de un azud nivelador construido con gaviones en el río Salado, se reclama un dique definitivo desde hace años, hasta la paupérrima propuesta oficial de alojamiento para 5.000 animales y provisión de agua para 50.000 ¿Y los 900.000 restantes?
Un contexto antieconómico donde el más perjudicado es el pequeño productor, sin capacidad financiera y carente de relaciones políticas.
