Causa ESMA
La Corte deberá resolver sobre la libertad para los represores
La medida dispuesta por la Cámara de Casación despertó la polémica, de la que participaron altos funcionarios de Justicia y Gobierno. Generalizado repudio de los organismos de de derechos humanos.
Carlos Fayt salió ayer a confrontar con el gobierno y cuestionó la falta de leyes para los juicios de lesa humanidad.
Foto: DyN
DyN - Télam
La liberación de un grupo de represores, entre ellos Alfredo Astiz y Jorge “Tigre” Acosta, quedó suspendida por la Cámara Nacional de Casación Penal, luego de que ese tribunal aceptara la apelación fiscal para que el caso sea definido por la Corte Suprema de Justicia.
El fiscal de Casación Raúl Pleé interpuso el pedido de suspensión de la medida y los argumentos iniciales de la apelación ante la Sala II del tribunal, la misma que el jueves ordenó las excarcelaciones al considerar que estaban excedidos los plazos para el mantenimiento de las prisiones preventivas de los acusados sin juicio.
Si bien Casación debe formalmente notificar a los acusados y preguntarles qué opinan al respecto, lo cierto es que con este recurso el caso sobre las excarcelaciones en la megacausa ESMA pasa a manos de la Corte, que debe rechazar o avalar la medida.
Polémica
Fue precisamente el integrante más antiguo de la Corte, Carlos Fayt, quien ayer, sin pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, se despegó de la críticas que llegaron del gobierno a los hombres de la Justicia. “No es culpa nuestra, es culpa del Congreso, que no ha dictado las normas procesales necesarias que permitan avanzar con los 800 juicios que hay parados”, dijo Fayt al abrir la polémica con hombres del gobierno y la oposición.
El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, rechazó esa excusa y se quejó de los jueces que permiten “chicanas” que convierten los procesos judiciales en “chicle”. Y aseguró que aunque el fallo parezca garantista, “es del peor conservadurismo”.
Mientras tanto, en el Consejo de la Magistratura no había ingresado hasta última hora del viernes ninguna de las anunciadas denuncias contra los jueces Gustavo Yacobucci y Luis García, de Casación, que -con la disidencia de su colega Gustavo Mitchell- dieron visto bueno a la excarcelación de los represores.
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, en una conferencia de prensa que se concretó mientras Pleé presentaba la apelación, anunció que impulsaría el juicio político para los dos camaristas de Casación y un jury a integrantes del Tribunal Oral Federal 5 de esta ciudad por mal desempeño en sus funciones.
En suspenso
Los organismos de derechos humanos se vieron sacudidos con la resolución de Casación, que aceptó excarcelar, por el tiempo que ya han pasado detenidos sin juicio ni condena, a los ex marinos Alfredo Astiz, Jorge “Tigre” Acosta, Antonio Pernías, Manuel García Tallada y a los ex prefectos Juan Antonio Azic y Raúl Scheller. También se había dispuesto la excarcelación del ex general Ramón Genaro Díaz Bessone y el ex juez Víctor Brusa, entre otros, detenidos por delitos de lesa humanidad cometidos en Santa Fe.
El fiscal Pleé consiguió congelar ayer las eventuales salidas de la cárcel de esos represores: señaló que las libertades ordenadas por Casación suenan a “sentencia definitiva” y plantean “el riesgo de que se frustre el juicio oral y público por un hecho de la trascendencia del que se trata”. “Nos encontramos ante una cuestión federal compleja, ya que con la interpretación de Casación se ha hecho una aplicación inadecuada de la ley, motivo que la desvirtúa y torna inoperante -dijo Pleé-. En esas condiciones, corresponde dejar sin efecto el fallo” hasta que la Corte lo resuelva.
En el dictamen al que accedió DyN, Pleé sostuvo que “la resolución en crisis pone en serio riesgo a la Nación Argentina de ser sancionada internacionalmente por arriesgar innecesariamente la concreción del debido proceso en causas en las que se ventilan graves violaciones a los derechos humanos; circunstancia esta que evidencia la gravedad institucional”.
El fiscal tildó la medida de “arbitraria”, sostuvo que “incide en el menoscabo de la administración de justicia” y cree que el fallo dispone “sin fundamentación lógica -dada la escasez de argumentos habilitantes- la libertad provisoria” de procesados a los que se les imputa “su intervención dolosa en delitos de lesa humanidad cometidos durante los años 1976-1983, ignorando al instituto de la prisión preventiva”. Ahora, habrá que esperar que la Corte Suprema de Justicia analice la cuestión.
