Muchos casos permanecen ocultos

Buscan dar mayor certeza a las

denuncias por abusos policiales

Se advierte un incremento en el centro-norte de la provincia. La mayor parte son por apremios ilegales. Pero el gobierno carece aún de registros estadísticos apropiados y mecanismos efectivos de constatación.

Emerio Agretti

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Desde enero de 2007 a junio de 2008 se registraron, en el centro-norte de la provincia, 84 casos, en los que se cuestiona la acción policial. Más de la mitad de ellos (43) refieren a apremios ilegales. Muy por debajo, los demás se reparten entre malos tratos (11), hostigamiento o acoso (9), abuso de autoridad (9) y amenazas (7), entre otros.

Los datos, que marcan un leve pero notorio incremento, surgen del Centro de Atención de Denuncias de la Secretaría de Derechos Humanos. Pero están influidos por una serie de factores que, sin llegar a quitarles relevancia, impiden obtener de ellos conclusiones categóricas.

Así lo explicó a El Litoral Gustavo Gónzalez, docente e investigador de la Universidad Nacional del Litoral, que actualmente se desempeña como subsecretario de Derechos Humanos para la Zona Norte, en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia.

En primer lugar, se reconoce la importante presencia de una “cifra negra”: datos que no llegan a ser conocidos dentro de las fuentes oficiales de registración. Esto es: la institución policial, el Poder Judicial u organismos que -como la Secretaría de Derechos Humanos o la Defensoría del Pueblo- se encargan de tomar las denuncias.

Para que esto suceda, concurren varias causas: las personas damnificadas o víctimas no tienen los recursos para hacer oír su demanda y su queja; hay desconfianza de que las denuncias lleguen a buen puerto -es decir, que funcione el sistema de incriminación y atribución de responsabilidades-; a veces falta cercanía del sistema de justicia a los sectores más postergados.

La lógica del “embudo”

Pero una vez que han ingresado, además, hay lo que González define como “una lógica del embudo”: un proceso de decantación que hace que, del amplio número de denuncias que hay, solamente algunas lleguen a resolverse en términos de atribución de responsabilidades.

“Son fenómenos complejos, que a veces son planteados en términos muy genéricos”, dice González. Pero suma a la ecuación “los propios mecanismos que tienen las instituciones policiales para hacer que, a veces, esa denuncia no llegue a buen puerto. O las limitaciones de campo de acción o de recursos para investigar de los organismos que podrían hacerlo. Y, por otro lado, hay un peso muy importante en la administración de justicia”, sostiene el funcionario.

González consigna “un aumento, mínimo pero sensible” en la cantidad de denuncias de apremios ilegales y malos tratos policiales. Pero este registro no permite establecer una tendencia, ya que la base de datos de años anteriores, que debería usarse para establecer una comparación, “es endeble, se ha construido con datos muy genéricos”. Eso ha llevado a un trabajo de reformulación -que incluye hasta la propia caracterización o tipificación de las conductas, para determinar cómo se encuadran-, cuyas ventajas recién se podrán apreciar en el futuro.

Afluencia y verosimilitud

Naturalmente, esto requiere mecanismos para establecer el grado de verosimilitud de las denuncias. “Dentro de la secretaría lo que estamos haciendo es, a partir de una denuncia, brindar atención, contención y orientación, que a veces debe ser psico-jurídica. Y a partir de ese momento empezar a articular con las áreas de competencia, que son las encargadas de investigar estos casos”.

En particular, tomar contacto directo con la Dirección de Asuntos Internos, hacer la denuncia y seguir cómo se lleva adelante la investigación. En su caso, ayudar al ciudadano para que se presente ante un fiscal. Y en tercer lugar, hacer el seguimiento de la causa judicial en caso de que se abra. Pero a su vez, también tener contacto directo con los responsables políticos -en este caso el ministerio de Seguridad- para ponerlos en conocimiento de la situación.

“Esto es lo que nos va a permitir calificar el evento, darle certeza o descartarlo”, resume González. Que es como decir, tener un punto de partida confiable para establecer la extensión y gravedad del problema, mientras se ponen en marcha las acciones no sólo para enfrentar sus consecuencias, sino también para generar mecanismos capaces de prevenirlo.

Gustavo González, subsecretario de Derechos Humanos Zona Norte, señala que hay cifras “negras” y factores que conspiran para contar con datos fehacientes.

Foto: Néstor Gallegos

En deuda

1— Walter Bulacio tenía 17 años cuando murió, en abril de 1991, a causa de los golpes recibidos luego de ser detenido por la policía en las inmediaciones del estadio Obras Sanitarias, donde había ido a ver un recital de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota.

2— En diciembre pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó que, tras más de 17 años del hecho y más de cinco de la sentencia que lo ordenó, no se ha avanzado en la sanción y castigo a los responsables, ni en la reforma legal necesaria para evitar que se repitan hechos de este tipo.

3— El organismo intimó al Estado argentino a presentar antes del 20 de febrero de 2009 un informe “detallado y actualizado”, en el que se indiquen cuáles fueron las medidas adoptadas. Y advirtió que continuará monitoreando el caso hasta el cumplimiento total de lo ordenado en su fallo del 2003.

4— En función de esto, el Ministerio del Interior envió una circular a todas las provincias argentinas para que ajusten su normativa a las exigencias del organismo internacional. El reclamo alcanza a Santa Fe e implica, además de reformas al régimen de Menores y al de Faltas, establecer más control judicial sobre las detenciones policiales.

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