Entrevista con Julio de Olazábal
“La transición procesal fue algo
complicado en todo el mundo”
Académico, camarista penal y activo partícipe del pasaje a la oralidad penal en la provincia, el jurista defiende la implementación gradual como la alternativa “posible” para un cambio tan grande. Dice que los inconvenientes son inevitables y resalta el rol de los jueces para superarlos.
Emerio Agretti
—La reforma penal está en marcha y, por convicción o a regañadientes, todos lo han aceptado. Pero hay muchas críticas sobre la manera en que se implementa la transición. ¿Es buena esta progresividad por materia?
—Si uno lo tuviera que comentar desde la cátedra universitaria, o desde la doctrina, tendría que decir que no. Que es indeseable, porque lo ideal es que cuando aparece un nuevo código o una nueva ley, se aplique íntegramente en todo el territorio. Pero lo ideal no siempre es lo posible. Cuando uno está trabajando sobre un código tan nuevo como es el de Santa Fe, tiene que registrar varios pasos. El primero -y esto es opinable- quizás sea de tipo normativo: aprobar la ley, fijar el rumbo. La provincia lo marcó cuando en 2008 la Legislatura aprobó la ley 12.734 y estableció un código. Ya sabemos adónde tenemos que llegar. Pero a partir de allí, había que ver cómo se llegaba. Es una etapa de transición.
—¿Se podía haber hecho de otra forma?
—Hay distintas posibilidades. Una, que se ha hecho en varias provincias argentinas -no siempre con buen resultado-, era la de establecer un período de vacancia de la ley; esperar un tiempo antes de comenzar a aplicarla. Eso parece un sistema puro, pero en la práctica arroja resultados totalmente contrarios. Por ejemplo, en Río Negro, en Chubut, se hizo eso, y pasaron dos o tres años y la situación seguía igual. Y así es como hubo códigos que debieron ser derogados sin llegar a aplicarse. La segunda alternativa era hacer entrar el código de a poco, para permitir, después del primer paso, ir adecuando las estructuras físicas -edificios para tribunales y para fiscalías en toda la provincia-, pero también ir preparando a las personas como operadores del sistema, porque éste es diametralmente distinto al anterior.
—Se terminó la cultura del expediente y todo se resuelve en forma oral.
—Y eso requiere una serie de habilidades. Las mismas que uno ve en las series o películas, que son propias del sistema anglosajón, con abogados rápidos para preguntar y responder, y jueces todavía más rápidos para resolver en el momento. Todas ésas son habilidades, que no se adquieren de un momento para otro. Nosotros tenemos que crear una Fiscalía que, en lugar de estar dictaminando en un expediente, va a tener fiscales en la calle investigando -como en CSI o series de ese tipo-. La policía no es la que tenemos hoy: es un organismo de investigaciones especializado, científico. Hay que crearlo. Y los jueces van a dirigir la audiencia, como podría hacerlo un árbitro de fútbol o de box, pero no intervienen. Es decir, son todas habilidades nuevas.
—Aquí se descartó la implementación gradual por jurisdicción y se decidió hacerlo por materia. ¿Esto es mejor?
—La aplicación por jurisdicción afecta la igualdad ante la ley, porque por un mismo delito, un sospechoso tiene tratamiento distinto según la jurisdicción. Y la aplicación por materia no es buena, porque no es bueno mezclar vino viejo con vino nuevo. Pero había que largarse y comenzar. Y con eso se nos ha trasladado a todos los operadores del sistema judicial, la necesidad de ver cómo se lo pone en marcha. Y eso no es sencillo. Primero, porque es una combinación. Y entonces, uno se ve frente a cosas muy modernas, junto a otras muy viejas. Y muchas veces la solución no está dada por la misma ley. La ley prevé algunas posibilidades, da pautas interpretativas, pero esto va a exigir a todos los operadores un esfuerzo para ver cómo se puede interpretar todo esto.
—Un esfuerzo importante.
—Claro, y por otra parte, se produce la sensación de que el resultado nunca va a ser satisfactorio en cuanto al logro del ideal deseado. Sobre todo cuando salimos de un código tan vetusto; tanto que se llegó a decir, irónicamente, que había que declararlo patrimonio histórico de la humanidad, para promover el turismo jurídico.
La historia de la transición procesal siempre fue complicada en todo el mundo. Y aquí pasamos de un Código demasiado viejo, a uno muy nuevo. En Mendoza, se hizo una combinación que parecía infernal: una implementación gradual, por jurisdicción y por materia. La Corte Suprema de Mendoza iba monitoreando el cambio y viendo qué se podía hacer. Lo que tenemos que hacer es, de buena fe, ver qué se puede hacer para sacar adelante la reforma.
—Algunos consideran que no se han generado las condiciones adecuadas.
—Inconvenientes se presentan, pero hay que solucionarlos. Para eso, somos jueces, y estamos preparados. Tenemos herramientas interpretativas. Hay que pensar que si se hubiera podido poner el Código nuevo totalmente en vigencia, también se habrían producido dificultades. Lo que ocurre es que hay que reconocer que acá falta mucho. Faltan muchas herramientas para que, incluso este Código de transición, funcione de manera apropiada. Por ejemplo, se establece un principio de disponibilidad, que permite que los fiscales no tengan siempre que acusar e investigar, sino que puedan elegir los casos más importantes. Los casos menores irían a un proceso de mediación y buscar una solución alternativa. Pero para esto tiene que haber personas capacitadas en mediación, que hasta ahora no estaban. Ahora se crearon los Centros de Asistencia Judicial (CAJ) y se están empezando a poner en marcha. Entonces, hoy, si hay que ir a mediación no los tenemos, pero en un tiempo empezarán a funcionar. Son períodos de transición. Como eso, hay muchas otras cosas. Es como si en un viejo hospital se hubiera armado un quirófano con tecnología de avanzada. Va a haber problemas de suministro de energía, no todos los médicos van a estar preparados para usarlo, o no van a querer. Nosotros estamos en esa fase. Pero aquí hay algo fundamental: ¿alguien cree que es deseable quedarse con el viejo Código? Creo que éste es el punto de partida.
El nuevo sistema requerirá salas de audiencia con sitios reservados para el tribunal, la defensa, la fiscalía, la parte querellante, el imputado y los testigos. En la nota gráfica, el aula acondicionada para prácticas en la UNL.
Foto: Amancio Alem
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Código anotado
“Desde lo jurídico, uno tiene que decir que la aplicación del nuevo sistema debe ser total e inmediata. Si esto no se puede, la discusión pasa a ser política, y ahí todo es opinable. De todos modos, la propia ley de transición deja un marco como para que en ese período se puedan ir cambiando cosas que no funcionen, tanto el Ejecutivo como la Corte tienen facultades reglamentarias, y los jueces tienen facultades interpretativas. Pero me parece que vaticinar ya ahora que esto es un desastre, sería absolutamente apresurado”.
“Un gran profesor alemán dice que hoy las leyes ya no se hacen, como antes, para que duren un siglo. Hoy son más propuestas que otra cosa. Son un ensayo para ver cómo funcionan, y se van adaptando. Creo que eso es lo que hoy nos está ocurriendo. Entre todos tendremos que ver qué anda y qué no, y así seguir avanzando”.
“Algunas de las normas que ya están en vigencia son muy apreciables. Por ejemplo, el art. 1 del nuevo Código expresamente señala que todas las normas constitucionales, las de los tratados internacionales, son directamente operativas. Algo que la gente de Derecho lo sabía, pero que en una Argentina como la nuestra, donde estamos acostumbrados a vivir al margen de la ley, no siempre se aplicaba. Ésa es una herramienta poderosísima. Porque si un buen intérprete advierte que se está violando un tratado internacional, directamente puede aplicarlo y solucionar un problema”.
