EDITORIAL

Sobre fondos públicos

El gobierno santafesino y la oposición mantienen una polémica sobre los fondos con que cuenta el Estado. Es la primera vez, desde el restablecimiento de la democracia, que se produce una polémica de estas características y coincide con el cambio de signo político en el poder.

Mientras las autoridades aseguran que la provincia tiene fondos de libre disponibilidad por 761 millones de pesos, el Partido Justicialista manifiesta que ascienden a 2.000 millones de pesos.

Los senadores del bloque del PJ -que tienen la mayoría en la Cámara Alta- lo sostienen desde que rechazaron la alternativa de crear más recursos para la provincia, al negar la reforma impositiva que impulsó infructuosamente el gobernador Binner.

La bancada, que cuenta con 13 de los 19 escaños del Senado provincial, también lo ha repetido durante casi todo 2008 y en lo que va del corriente año. Afirma que hay recursos que movilizar y que la provincia debería prestar un mayor auxilio a los productores afectados por la sequía, así como al aparato productivo en general, que ya sufre los efectos de la crisis internacional.

La gestión gubernamental afirma que debe ser el Estado nacional el que responda ante la urgencia, en devolución de parte de todos los recursos que succiona por vía de las retenciones agropecuarias e impuestos: unos 13.930 millones anuales de los que regresan apenas 5.256. En esa cuenta, Santa Fe deja 8.674 millones (según datos de 2007).

En los despachos oficiales se advierte que de los 2.000 millones que señala la oposición (que en efecto están en el patrimonio santafesino) sólo una parte menor (761) no tiene afectado su destino.

La discusión muestra como principales animadores al ministro de Economía Ángel Sciara y al ex ministro del área, hoy senador provincial, Juan Carlos Mercier. Sus palabras dejan traslucir que, por momentos, el debate es semántico. Los recursos que para el oficialismo no son fondos disponibles, sí lo son para la oposición.

Entre otros aspectos positivos del debate, uno sobresale: funcionarios y legisladores opositores hablan sobre las cuentas públicas con datos que están a la vista de todos. Y que han sido auditados por el organismo de control natural: el Tribunal de Cuentas.

Debe decirse que es mérito de la alternancia política que éste se integre por vocales que no pertenecen ni han estado vinculados con el gobierno provincial, lo que es inédito en Santa Fe, porque hasta aquí cada gobierno se ha procurado controladores de su confianza. Durante más de tres décadas el Tribunal que revisa los números de la provincia se ha configurado con notorios dirigentes, ex concejales y ex legisladores, siempre del PJ.

Sin embargo, falta otra ruptura de tradiciones políticas negativas en Santa Fe. Se trata de que el actual oficialismo del Frente Progresista marque diferencias con sus antecesores y permita que funcione la Comisión de Control del Tribunal de Cuentas, para que las observaciones que formula este órgano no caigan en saco roto.