En España
La solidaridad también tiene castigo
Quien aloje a africanos indocumentados en su casa puede ser multado con hasta 30.000 euros. La ley es resistida por una entidad recién creada que se llama “Salvemos la hospitalidad”. Temen un recrudecimiento de la xenofobia.
Elisa Santafé
Agencia AFP
“Aquí estamos como una familia”, reconoce Maiga, un joven malí de 18 años que llegó a España en patera y vive, junto con otros tres africanos, en casa de unos españoles que pueden ser multados con hasta 30.000 euros con la futura ley de Extranjería por acoger a inmigrantes sin papeles.
“Por un tema de corresponsabilidad con el ser humano que más sufre”, el profesor Julián Ríos comparte su casa desde hace dos años con otros cuatro africanos sin papeles. Hace un mes ayudó a crear la Plataforma “Salvemos la hospitalidad”, que denuncia la reforma de la Ley de Extranjería que prepara el gobierno socialista español.
El borrador de la norma, presentado en diciembre, pretende sancionar con entre 500 y 30.000 euros “a quien promueva la permanencia irregular en España de un extranjero” cuando éste “dependa económicamente del infractor y se prolongue la estancia autorizada más allá del plazo legalmente previsto.
“Nos parece una auténtica barbaridad porque está penalizando y criminalizando una práctica universal, humana, solidaria, que es la hospitalidad”, explica a la AFP el jesuita Daniel Izúzquiza, con quien convive Maiga en un piso del barrio de La Ventilla, en el norte de Madrid, compartido por cuatro españoles, dos senegaleses y dos malíes.
Además, puede “generar una situación de miedo” y de “racismo”, añade la abogada Pilar Sánchez, de 39 años, que vive con su marido y con otros cuatro inmigrantes.
La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, sostuvo que la sanción está dirigida a españoles que facilitan la entrada de extranjeros como turistas que “prolongan (su) estancia”, y no contra “la solidaridad ni tampoco el trabajo que realizan las organizaciones no gubernamentales”.
Pero la Plataforma cree que el texto es “ambiguo” y “debe modificarse”, según Ríos.
Por eso proponen cambiarlo para que la ley sancione a las redes de prostitución, en la mira del gobierno, para lo cual quieren presentar el Manifiesto, que ya ha reunido unas 5.000 firmas, a fines de mes en el Congreso de los Diputados.
Rumí asegura que el gobierno está abierto a otras propuestas para actualizar la ley, que data del año 2000 y pretende incluir medidas más duras contra la inmigración ilegal, la ampliación de 40 a 60 días de la detención antes de expulsión, restringir la reagrupación familiar o el voto inmigrante en las municipales.
Con los cerca de 2.000 euros que cobra Julián viven en su piso de Madrid él y cuatro africanos, tres de Senegal y uno de Guinea Conakry.
Este profesor de Derecho de la Universidad Pontificia de Comillas (norte de España), de 43 años, comparte su casa con personas vulnerables desde hace 20: antes acogió a drogadictos y personas que salían de la cárcel. Ahora, los subsaharianos son la gente “que más lo necesita”.
“Sin esta ayuda, la vida sería imposible”, estima Serigné, senegalés de 33 años que vive en casa de Daniel y que, como Maiga, llegó en una precaria patera a las islas Canarias españolas hace casi tres años.
En la casa, donde cada uno tiene su habitación, Daniel los ayuda con los deberes: todos están cursando estudios básicos. “Hay un ambiente familiar muy bueno. Es porque nos sentimos un poco felices por tener ganas de estudiar y cambiar nuestra situación”, dice Serigné en un español que está mejorando.
“Quería saber cómo es Europa”, relata por su parte Maiga, que llegó a España con sólo 15 años. “Creemos que aquí se puede mejorar; allí no hay tanto trabajo como aquí”.
