EX POLICÍA BONAERENSE

La Corte confirmó reclusión perpetua

contra Etchecolatz por “genocidio”

Fue acusado por el desaparecido Jorge Julio López, de quien no se tienen rastros desde hace ya 30 meses. Los jueces del máximo tribunal rechazaron un recurso extraordinario presentado por la defensa del condenado.

De la Redacción de El Litoral

[email protected]

Dyn/Télam

La Corte Suprema nacional dejó firme la condena a reclusión perpetua por “genocidio”, impuesta al represor Miguel Etchecolatz, el ex jefe de Investigaciones de la Policía Bonaerense que fue acusado en el banquillo por Jorge Julio López, el sobreviviente de la dictadura que desapareció misteriosamente hace 30 meses, horas antes del veredicto.

La noticia sobre la confirmación de la condena contra Etchecolatz fue difundida en el 33r. aniversario del último golpe de Estado militar en la Argentina, pese a que el fallo de la Corte fue firmado el pasado 17 de febrero.

Los jueces del máximo tribunal rechazaron “por insustancial, el recurso extraordinario” que plantearon los abogados de Etchecolatz, Luis Eduardo Boffi Carri Pérez y Adolfo Casabal Elía.

Los magistrados ratificaron que los planteos de Etchecolatz, en el sentido de que se lo había juzgado dos veces por un mismo delito y que los hechos estaban prescriptos, “ya han merecido el rechazo de esta Corte, en los fallos Arancibia Clavel y Simón”.

Enrique Lautaro Arancibia Clavel -un espía chileno- fue condenado a perpetua por el asesinato en la Argentina del general trasandino Carlos Prats, y la Corte ratificó esa sentencia el 24 de agosto de 2004.

En el caso de Julio Simón, alias “El Turco Julián”, la Corte fue más allá y anuló las leyes de impunidad sancionadas durante los gobiernos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem.

Fallo confirmado

En su decisión, la Corte confirmó el fallo del Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata, dictado el 19 de septiembre de 2006. La resolución de la Corte fue firmada por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay, en este último caso por sus propios fundamentos.

El 20 de junio de 2006 Etchecolatz se sentó por primera vez en el banquillo, para desconocer la autoridad del Tribunal Oral 1 de La Plata y exigir ser sometido a la justicia militar. No obstante, el tribunal avanzó en la investigación por la muerte de Diana Esmeralda Teruggi; por la privación ilegal, torturas y homicidio de los desaparecidos Patricia Dell’Orto, Ambrosio De Marco, Nora Formiga, Elena Arce y Margarita Delgado, y los secuestros y tormentos de los sobrevivientes Nilda Emma Eloy y Jorge Julio López, que testimoniaron contra el acusado.

El 18 de septiembre de 2006, apenas 24 horas antes de que el tribunal comenzara a escuchar los alegatos, López salió de su casa como lo hacía habitualmente, pero nunca más volvió a aparecer ni se encontró algún rastro de él.

Los organismos de derechos humanos salieron de inmediato a denunciar, que López había sido secuestrado por los miembros de la dictadura, que enviaban así un claro mensaje a los testigos que pudieran aportar datos en los juicios venideros.

El entonces gobernador bonaerense, Felipe Solá, llegó a decir que el ex albañil era el “primer desaparecido en democracia”, mientras que el ex presidente Néstor Kirchner también sembró sospechas al señalar que “el pasado no está derrotado ni vencido”.

A 30 meses de la desaparición de López, la causa judicial se encuentra empantanada, tras la excusación del juez federal de La Plata, Arnaldo Corazza.

La Corte confirmó reclusión perpetua contra Etchecolatz por “genocidio”

Etchecolatz fue condenado el 19 de septiembre de 2006 y ahora la Corte confirma aquella decisión adoptada por el Tribunal Oral Federal de La Plata.

Foto: Archivo El Litoral

///

EL DATO

El personaje

Etchecolatz, de 79 años, fue director de Investigaciones de la Policía Bonaerense bajo las órdenes de Ramón Camps en el primer período de la dictadura militar, entre 1976 y 1978, y tuvo bajo sus órbita los centros clandestinos de detención de la provincia.

Su caso se convirtió en el primero del país en llegar a debate oral y público tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, dictadas por el Congreso en 2003.