De Rosario a Cosquín

Represor prófugo, detenido después de su casamiento

En época de democracia trabajó para la Defensoría del Pueblo de Santa Fe y actualmente lo hacía para el municipio cordobés. Durante la dictadura participó de la Operación México y realizaba interrogatorios en la Quinta de Funes.

DyN

Un supuesto represor que estaba prófugo desde hace tres años de la Justicia Federal de Rosario fue detenido en Cosquín, minutos después de que contrajera matrimonio, según informaron a DyN, fuentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Se trata de Juan Andrés “El Barba” Cabrera, de 53 años, un ex miembro de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side) procesado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en Santa Fe, y sindicado como integrante de la Operación México, mediante la cual se intentó secuestrar en ese país a Mario Firmenich, líder de los Montoneros.

Cabrera se casó el mediodía del viernes en el Registro Civil de Cosquín, 45 kilómetros al noroeste de Córdoba, y desde allí efectivos de la División de Operaciones Especiales de la PSA le hicieron un seguimiento hasta la casa de un funcionario municipal, su padrino de bodas, donde irrumpieron y lo arrestaron sin que ofreciera resistencia.

Cabrera vivía con la mujer y una hija, y hasta hace poco se desempeñó en Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Cosquín, que patrulla la ciudad. Pero no fue la única vez que estuvo en la función pública: entre 1991 y 2000 trabajó en la Defensoría del Pueblo de Rosario, hasta que accedió a un retiro voluntario.

Está procesado

Alicia Bernal, hija del desaparecido militante comunista de Rosario Rubén “Tito” Messiez, es querellante en una causa en la que Cabrera está procesado, y dijo a DyN que el acusado era “un especialista en los interrogatorios”, y que se desempeñó mayormente en el centro clandestino Quinta de Funes.

Bernal, de la Unidad Antirrepresiva por los Derechos Humanos, dijo que la identificación de Cabrera fue posible a partir de la testimonial de otro supuesto represor, Eduardo “Tucu” Constanzo, quien ante una fotografía publicada en Página 12 de Rosario, asoció por primera vez el nombre de Juan Andrés Cabrera con el rostro de la imagen y el alias.

Eso ocurrió el 18 de febrero de 2008: luego, Bernal fue a Cosquín con otros militantes de derechos humanos siguiendo una pista de Cabrera y lo ubicaron en una casa, camino al cerro Pan de Azúcar. “Cabrera vivía ahí tranquilo, con su mujer y una hija. No había cambiado de identidad, e incluso trabajaba para la Municipalidad de Cosquín. Era de suma confianza de un funcionario”, precisó Bernal en comunicación telefónica.

En la Defensoría

“Yo aporté esos datos al juez federal Marcelo Bailaque, y la Policía de Seguridad Aeroportuaria fue al lugar. Hasta la semana pasada, Cabrera no estaba ya en la casa, donde sí estaban su mujer y su hija. Incluso la casa estaba en venta”, dijo Bernal.

Antes de trabajar para la Municipalidad de Cosquín, Cabrera se había desempeñado en un área de asistencia a las víctimas de la Defensoría del Pueblo en Rosario, y según dijo a Página 12 de Rosario la diputada provincial del ARI Alicia Gutiérrez, al cesar en sus funciones, cobró un retiro voluntario.

Aparentemente, Cabrera también vendía pororó en el Parque Sunchales los fines de semana, publicó entonces ese diario. En la actualidad, Cabrera no figuraba en los padrones electorales de Santa Fe, pero al parecer sí en los de Cosquín.

Cabrera está acusado por casos de privación ilegítima de la libertad, tortura y homicidio cometidos en el centro clandestino Quinta de Funes, y durante la denominada Operación México.

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Cárcel por apropiación

En otra causa que investiga delitos cometidos durante la dictadura militar, la Fiscalía y la querella pidieron 25 años de prisión para el ex comandante de Gendarmería Nacional, Víctor Enrique Rei, acusado de la apropiación del hijo de una pareja de desaparecidos y de inscribirlo como propio a través de documentos falsos.

El fiscal Martín Niklison y los abogados querellantes de Abuelas de Plaza de Mayo coincidieron en solicitar la pena máxima prevista para los delitos por los que Rei está acusado. Éste es el primer caso que llega a juicio donde se logró determinar una identidad sin realizar una extracción de sangre porque el joven apropiado se negó a someterse a esos estudios; las pruebas se lograron a través del ADN encontrado en el cepillo de dientes del joven, tras un allanamiento en su domicilio ordenado por la Justicia.

Frente al Tribunal Oral Federal 6, los acusadores pidieron la condena por los delitos de “retención y ocultación de menor de 10 años, de falsificación de dos documentos destinados a acreditar la identidad de las personas y de otro instrumento legal y de supresión de estado civil”. Se espera que el veredicto se dé a conocer el 17 de abril.