Iniciativa bajo estudio del Concejo
Propusieron la creación del Banco Municipal de Tierras
Con este programa, podrían abordarse problemáticas como la radicación de viviendas y emprendimientos comerciales; la relocalización de asentamientos y la edificación de espacios deportivos.
Ariel Durán-Sergio Ferrer
Entre los trabajos presentados en el cuerpo legislativo local por la agrupación justicialista Futuro con Dignidad (que componen los ediles Sergio Ripoll y Gerardo Silvestri), está la creación del Banco Municipal de Tierras, para lo cual han elaborado la correspondiente ordenanza, por ahora en estudio de comisión. La idea en la cual se basa dicha propuesta es que el municipio pueda contar con un registro de tierras de toda la ciudad de Santo Tomé, que le permita diagramar una planificación estratégica del uso de las mismas, y a su vez visualizar con mayor exactitud y especificidad, el destino que se decida otorgar a los predios que formen parte de dicho asiento. El Estado municipal podría, de tal forma, contar con una herramienta vital para abordar determinadas problemáticas -algunas de ellas muy preocupantes por cierto-, como ser la radicación de viviendas y emprendimientos comerciales, la relocalización de asentamientos y espacios deportivos, o hasta la preservación del medioambiente.
Relevamiento y registro
Ripoll y Silvestri consideran que con esta normativa, la Municipalidad podrá realizar un relevamiento de todos los inmuebles que, por su naturaleza y características, puedan integrarse al programa para ser administrados conforme a sus previsiones, dentro de los 90 días de promulgada la misma. Por eso, los nombrados ediles también aclaran que deberá prestarse principal atención a aquellos casos de deudores morosos, cuyos lotes baldíos no superen el valor de la deuda que registran en el municipio, a fin de proceder a la compensación respectiva.
Así, algunas de las incumbencias específicas del Banco Municipal de Tierras serían el relevamiento, listado, identificación, registro catastral e inmobiliario, deslinde, mensura, saneamiento, vigilancia y adecuación provisoria o definitiva, de terrenos y parcelas que constituyen el patrimonio del presente programa. Por citar un ejemplo, desde hace unos 20 años, el municipio es poseedor pacífico de la manzana en donde está emplazado el Tanque de Agua Central, motivo por el cual, al no presentarse el reclamo de los posibles herederos, el mismo pasó a formar parte patrimonial de la ciudad. Esta normativa podría ser de utilidad, además, para optimizar el conocimiento y el uso del suelo para su adecuado destino, comprendiendo las intervenciones técnicas y determinaciones topográficas, planimétricas, geológicas y complementarias que se requieran en cada fracción.
Instrumento de control
Al margen de todo ello, tal como lo explican los autores de la nueva ordenanza (quienes este año tomaron la decisión de alejarse de la agrupación Proyecto 2000 y conformar una propia), la misma tendría otras competencias, como el análisis y definición legal de la propiedad de cada lote o fracción, así como su pertenencia al municipio a través del programa y su traslado o afectación al dominio privado o equipamiento comunitario, reserva o espacio público. De igual modo, a través de ella se procuraría la fijación de pautas, condiciones o cánones para la entrega de lotes o fracciones del programa en modelos no traslativos de dominio, tales como el alquiler, el usufructo, el comodato, el leasing (lo que someterá a aprobación del Concejo).
Paralelamente, la propuesta apunta al saneamiento definitivo de todo el catastro municipal, en lo que hace a situaciones de irregularidad notarial o dominial, garantizando la seguridad de los negocios futuros, ya sea mediante escrituración o por acto administrativo para su registro en los organismos oficiales. Por último, Ripoll y Silvestri remarcan que también serviría para el contralor del comportamiento de los titulares de lotes baldíos o desocupados del radio municipal, lo que incluye la posterior actuación de los organismos competentes, a efectos de intimar a las intervenciones obligatorias de parte de aquéllos; o bien para aplicarles multas o sanciones por incumplimiento.




