EDITORIAL

Opaco período extraordinario en la Legislatura

La Asamblea Legislativa realizada el pasado jueves, que aprobó -por unanimidad- nueve pliegos de jueces remitidos por el Poder Ejecutivo, marcó prácticamente el final del período extraordinario de sesiones convocadas a fines de noviembre.

En casi cinco meses, Diputados realizó siete sesiones y otras tantas el Senado. Además de los pliegos, habrá que señalar como elemento positivo la sanción de la “ley de leyes” -el presupuesto general de gastos y recursos para el ejercicio 2009- y de algunas otras pocas normas, entre ellas, la adhesión de Santa Fe a la Ley de Niños, Niñas y Adolescentes. En cambio, quedan pendientes de tratamiento en comisiones y en los recintos los cinco mensajes del Poder Ejecutivo para poner en marcha el nuevo sistema procesal penal en la provincia.

La actividad legislativa no debe medirse sobre la cantidad de leyes aprobadas, sino sobre la calidad del trabajo que realiza ese Poder, y en el balance habrá que señalar que se observan demasiadas deficiencias y deudas para con la población.

El cambio de signo político de cualquier administración provoca fuertes cimbronazos que se prolongan hasta tanto se produzcan los lógicos reacomodamientos. En el caso de Santa Fe, la ciudadanía dejó en manos del oficialismo la Cámara de Diputados y de la oposición, al Senado. Ante esa situación de empate, no se ha podido aún destrabar el funcionamiento, especialmente en aspectos que deben escapar a la mirada de un sector y transformarse en políticas de Estado y señales claras a la ciudadanía. A esta altura, parece inconcebible que no exista una agenda de temas para discutir seriamente entre los dos sectores políticos que, con diversos matices, componen el Poder Legislativo y tienen, además, a su cargo las ciudades y los pueblos de la provincia.

El Poder Legislativo no sólo está para producir leyes, sino también para ejercer el control sobre los dos restantes poderes. Este control se realiza de diversas formas: con pedidos de informes, interpelación a ministros y el adecuado funcionamiento de las comisiones. Sin embargo, una comisión clave para esta tarea, como la bicameral de Control y Revisora de Cuentas, en razón de las pujas políticas a 16 meses de mandato, no ha producido dictamen alguno sobre la tarea que realiza el Tribunal de Cuentas.

En cuanto a la institución de la interpelación, prácticamente fue dejada de lado por el justicialismo durante sus largos años de gobierno, algo copiado por el actual oficialismo que lo reclamaba desde la oposición.

El 1º de Mayo, el gobernador dejará habilitado un nuevo período ordinario de sesiones y es de esperar que, mediante el diálogo y la negociación política, se pueda destrabar el funcionamiento de la Legislatura. El desafío es aún mayor en un año plagado de elecciones durante el que, si bien ni senadores ni diputados revalidan sus mandatos, sí miran con preocupación el desarrollo electoral en sus distritos.