Tras la propuesta de Zaffaroni

Debate sobre el parlamentarismo

Los constitucionalistas discrepan sobre la pertinencia de un sistema gubernativo con preeminencia del Congreso. Las raíces del presidencialismo argentino, la crisis de los partidos y el desinterés de la sociedad.

Emerio Agretti

polí[email protected]

Corresponsalía Rosario

La estrategia kirchnerista de plebiscitar la gestión presidencial a través de la candidatura “testimonial” de intendentes y gobernadores a cargos legislativos que no piensan ocupar, sumada al impacto del adelantamiento electoral, generó especulaciones de distinto tipo y no poco grado de desconcierto. Pero una de las consecuencias inesperadas de la movida vino por iniciativa de uno de los jueces de más alto perfil de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Horas después de haber sacudido el tablero con su propuesta para juzgar a los menores de 14 años, Raúl Zaffaroni disparó otro proyectil menos estruendoso, aunque de similar calibre institucional: la idea de pasar del actual sistema presidencialista a uno signado por el parlamentarismo.

Naturalmente, la propuesta de Zaffaroni no es estrictamente novedosa, y el debate, que se remonta a la etapa de institucionalización del país, cuando se optó por un gobierno marcadamente unipersonal. Cuestión recurrente en la doctrina, volvió a la palestra en 1994, a propósito de la reforma de la Constitución Nacional. En esa oportunidad, Raúl Alfonsín propició una inclinación al parlamentarismo, a través de la atenuación de las facultades presidenciales y la creación de la figura del jefe de Gabinete, finalmente relegada en la práctica a la de un ministro más.

La principal novedad en este caso está dada por el apoyo de su fundamentación directamente en el contexto político en que se produce. “El esquema está agotado y la política lo está pasando por encima”, sostuvo Zaffaroni.

Más flexibilidad

Para que no quedaran dudas al respecto, ilustró su exposición de motivos con los hechos que jalonan la etapa preelectoral: “Todo esto que estamos viendo de candidaturas testimoniales, de funcionarios que se presentan como candidatos, de gente que se sale de un partido y que forma otro, o que se alía con otro, muestra que la política real que estamos viviendo está superando la institucionalización. Estas características que estamos viendo son todos manejos y hechos que serían normales en un sistema parlamentario, incluso hasta el adelantamiento de elecciones”, completó.

Según explica el constitucionalista Daniel Sabsay, el gobierno de corte parlamentarista es más flexible y permite, por ejemplo, la culminación anticipada de los mandatos en circunstancias menos traumáticas -en palabras de Zaffaroni, “sin matar a nadie”-. Y es que, al surgir del Parlamento, el gobierno es responsable ante él y se mantiene mientras goce de su confianza, dice Sabsay. En el presidencialismo, en tanto, la relación con el Poder Legislativo es -o debería ser- de coordinación y control recíproco, mientras que la duración de los mandatos tiene plazos rígidos y constitucionalmente fijados.

Una fuerte contradicción

En diálogo con El Litoral, Carlos Caballero Martín (ex convencional constituyente, ex legislador y profesor de Derecho Constitucional) analizó como “una contradicción muy fuerte” que, desde 1853 hasta 1994, el hecho de que la Constitución Nacional no mencionara a los partidos políticos. Y es precisamente después de su jerarquización constitucional, fundamentalmente a partir de 2001, que “los partidos se autoflagelan”, dividiéndose y uniéndose en coaliciones o tácticas electorales que diluyen su identidad.

“Nosotros tomamos el sistema presidencialista de la Constitución de Estados Unidos, pero con antecendentes muy distintos. Allí fueron colonias que se instalaron y formaron una Nación; nosotros fuimos conquistados por una monarquía”, expuso.

Con el tiempo, el Congreso fue limitando su poder a través de la delegación de facultades. Pero, a la vez, “tenemos una sociedad con una fuerte deconstrucción ciudadana; tanto que, cuando hay elección de parlamentarios, es cuando más nivel de ausencia se nota en los comicios. A los argentinos prácticamente no les interesa el Parlamento, ni tienen fe en él; por lo tanto, mal se puede pretender un sistema de este tipo”.

Para el dirigente demócrata progresista, “hay que tener partidos y bloques fuertes, que puedan hacer coaliciones. Y a los límites al Poder Ejecutivo los tienen que poner los otros poderes. Pero, mientras el Congreso delegue poderes y el Poder Judicial se ocupe del Riachuelo, el futuro del país es muy incierto. Ahora tenemos una declinación del Poder Legislativo, y un activismo judicial que lo lleva a entrometerse en competencias de los otros poderes, como con el segundo fallo Badaro, en que la Corte estableció un mecanismo de actualización jubilatoria.

“Hay una confusión de instituciones. Pero el Parlamento es el que más problemas tiene. No es que todos los diputados sean inútiles; lo que pasa es que delegan en el Poder Ejecutivo, y éste pasa a parecerse cada vez más a un monarca. Creo que, más que en un sistema parlamentario, tenemos que hacer funcionar los controles”.

Un problema social

En tanto, el abogado constitucionalista Roberto Sukerman, docente de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), advirtió que “determinadas instituciones o leyes nos pueden parecer buenas en teoría y en la práctica, muy malas. Desde otro lado debemos decir que las instituciones y las leyes se deben escribir y aplicar para un lugar determinado en un tiempo determinado, esto ya lo decía Montesquieu en su “Espíritu de las Leyes’”.

“En Inglaterra, la forma de gobierno es parlamentarista; en Estados Unidos, presidencialista, y en Francia, semipresidencialista, y en cada país de Europa y de América se utilizan estos sistemas, cada uno con sus particularidades. De nada sirve copiar y pegar modelos teóricos que funcionan bien en otros lugares con otras realidades. En la Argentina, se adoptó el presidencialismo copiando el modelo norteamericano. La culpa de los mayores problemas que tenemos como sociedad, ¿se debe al presidencialismo y con el parlamentarismo estaríamos mejor? De ninguna manera. El problema es nuestro, de los ciudadanos, de la sociedad que no se hace cargo de sus problemas. La anomia social, la falta de apego a cumplir la ley, la falta de solidaridad y compromiso”, afirmó Sukerman.

El abogado constitucionalista agregó que, cuando se analiza este tipo de cuestiones, como lo hizo Zaffaroni, no se debe dejar pasar que, “en la Argentina, los partidos políticos están en una crisis terminal desde hace muchos años. Sin partidos políticos fuertes no puede pensarse en una democracia sólida. Sin ellos, no puede funcionar ningún sistema”.

La reaparición del Congreso en la escena nacional, en el marco del debate sobre las retenciones agropecuarias, y las alquimias electorales del kirchnerismo motorizan la discusión sobre el rol de los poderes del Estado.

Foto: Archivo El Litoral

///

OPINIÓN

El papel del Congreso

Domingo Rondina (*)

La asombrosa imaginación contrainstitucional de los Kirchner ha dado lugar en la Argentina a ciertas perplejidades constitucionales.

Cada época cree que es original, pero en verdad la situación actual no difiere mucho de los interrogantes que el menemismo planteaba a partir de 1993; basta consultar los diarios de aquel entonces.

Los audaces de hoy (en la Nación y en la provincia) proponen candidatos “testimoniales” que encabecen listas pero sin voluntad de asumir los cargos a que se postulan; adelantan o retrasan las elecciones según sus expectativas electorales; alegan que no estaremos eligiendo diputados ni concejales, sino plebiscitando a los Ejecutivos; y aseguran que el partido y sus principios no importan, sino la persona que mejor sale en los programas de televisión, o el que puede pagar su campaña, o el que mejor aparece en las encuestas.

La “sensación constitucional” parece indicar que, tras el debate por las retenciones, el Congreso ha adquirido una importancia preponderante en el sistema.

Al mismo tiempo, la figura presidencial se ve debilitada, producto del embate del Congreso y de los medios, de la personalidad de la presidenta, y del trabajo de zapa permanente por parte de su cónyuge y antecesor.

Entonces surgen voces que sostienen la necesidad de evolucionar hacia el parlamentarismo (sistema de división del poder con preeminencia del órgano Congreso). Son voces que proponen institucionalizar lo que advierten como realidad: el predominio del Parlamento.

En principio, todos los constitucionalistas serios vemos con simpatía el fortalecimiento del Poder Legislativo. Porque, como ya señalaba El Federalista, es más difícil que afecte la libertad un órgano colegiado y, en cambio, es más fácil que cometa violaciones un órgano unipersonal.

Sin embargo, nadie puede negar que la tradición latinoamericana reclama una figura fuerte, caudillesca, con liderazgo. Claro que no porque sea culturalmente más aceptado quiere decir que sea mejor.

En un punto intermedio, se ubicó la idea del jefe de Gabinete que la reforma de 1994 instituyó. El problema es que, producto de las presiones y los seudoconsensos, diseñaron un jefe de Gabinete débil, sin sacarle funciones al presidente.

Y ahí vemos un camino: si pudiésemos reformular la figura del jefe de Gabinete, detrayéndole funciones al presidente (reasignación de partidas presupuestarias, nombramientos de personal, designación de todo funcionario político por debajo de los ministros, etcétera), que requiera para asumir la aprobación del Congreso -el cual puede también fácilmente destituirlo-, podríamos estar en una versión más “parlamentaria” del esquema institucional argentino.

(*) Abogado constitucionalista. Fundación Derecho Social.

///

LA CLAVE

Federalismo

El constitucionalista Domingo Rondina dirigió el análisis a otro punto. Para él, “el gran tema del constitucionalismo argentino en el siglo XXI debe ser la disolución del régimen federal y su reemplazo por un sistema de Estado unitario. El federalismo tenía sentido en un país de amplia geografía cuando las comunicaciones eran muy lentas, y las realidades, muy distintas. Hoy, el gobierno nacional puede estar en 4 horas en el extremo más lejano de la capital, y decidir en vivo y en directo por medios electrónicos. Pero, además, la realidad muestra que las provincias han sido vaciadas de competencias y de recursos, con la complicidad de gobernadores cobardes, o más preocupados por espacios en el reparto nacional de poder que por sus provincias”.