Opinión

Un anuncio con reacciones inesperadas

José Curiotto

El frente de conflicto abierto entre el gobierno de la provincia y los inundados de la ciudad de Santa Fe no deja de sorprender. Lo que hasta esta semana representaba un verdadero karma para Carlos Reutemann, se convirtió en cuestión de horas en una huelga de hambre que, hasta hoy, no quedaba claro si será contra Binner o contra el ex gobernador.

¿Qué produjo semejante mutación?, ¿por qué lo que constituye una debilidad electoral para el reutemanismo, estalló inesperadamente en las narices del actual gobierno, que nada tuvo que ver con la tragedia de 2003?

La elaboración y el anuncio de estas medidas sufrieron interferencias desde un principio. De hecho, Binner se apresuró a plantearlo públicamente hace ya varias semanas, cuando aún no parecía ser el momento indicado y mientras los técnicos de su gobierno trabajaban en los detalles de un esquema complicado y en el que están en juego millones de pesos de las arcas públicas santafesinas.

Pero éste no fue el principal inconveniente.

El problema mayor es que el gobierno no parece haber elegido la mejor manera de realizar estos anuncios. En la conferencia de prensa donde estuvo presente el gabinete en pleno, se apeló a conceptos tales como “momento histórico”, “un paso adelante para lograr la integración social de la ciudad de Santa Fe”, “impunidad”, “memoria” o “paz social”.

Esto produjo toda una carga de significados y generó enormes expectativas sobre una medida que no satisfizo a la mayoría de los inundados. Tan mal se interpretaron las palabras del gobierno que incluso, durante las horas posteriores a la conferencia, muchos seguían convencidos de que el Ejecutivo conformaría una comisión tendiente a determinar si hubo responsabilidades penales de los funcionarios a cargo de la provincia durante la inundación, lo que hubiera representado una bofetada para un Poder Judicial que, si bien no cuenta con la mejor imagen, debe ser respetado como pilar fundamental del sistema republicano.

Luego llegaron las aclaraciones y la situación se fue comprendiendo mejor. Se trata del ofrecimiento de un acuerdo extrajudicial y, si se determina que el Estado tuvo responsabilidades directas en las pérdidas, recién entonces se evaluará de qué manera compensar al resto de los afectados. Es que, en estos momentos, la provincia no tiene dinero como para hacer frente a los juicios y, mucho menos, para entregar dinero a todos los que sufrieron la catástrofe.

En lo inmediato, lo que el gobierno presentó el martes fue una propuesta de acuerdo para aquellos que demandaron al Estado santafesino por lo que perdieron en la inundación. Nada más. Nada menos. Y así debió ser planteado, porque de por sí es una medida importante.

Las demandas contra la provincia son tantas que podrían representar un enorme golpe contra las arcas estatales. Por ese motivo se elaboró este andamiaje jurídico-económico, para evitar que los recursos públicos terminen siendo socavados por lo ocurrido en 2003. La elaboración de esta propuesta parece estar fundada en una decisión seria y responsable, pero que no fue bien transmitida.

Esta suerte de sobreactuación discursiva, terminó ensombreciendo lo que fue un planteo de carácter técnico y generando un problema político para el gobierno en el peor momento, cuando falta poco tiempo para unas elecciones donde el socialismo se juega mucho y en las que Santa Fe tendrá enorme importancia para el contexto nacional.