Debate por un nuevo sistema para los menores
Superti prefiere un régimen penal
juvenil que rija a partir de los 14
El ministro de Justicia de la provincia dijo que Argentina debe sancionar una normativa que respete las convenciones internacionales firmadas. Aclaró que ello no implica “de ninguna manera” bajar la edad de imputabilidad.
De la redacción de El Litoral
El ministro de Justicia de la provincia, Héctor Superti, ratificó la necesidad de sancionar un régimen penal juvenil, que se adecue a las convenciones internacionales a las que adhirió oportunamente el gobierno argentino. “Nuestra posición sobre el tema es la que surge de las convenciones internacionales que firmó la Argentina. Estamos en una transición normativa porque la Nación firmó acuerdos internacionales que descolocaron la legislación que teníamos. Entonces, hay que ajustar nuestra normativa a esos acuerdos. Estamos en la transición y pasan estas cosas”, dijo el funcionario consultado por El Litoral.
Como se sabe, la sucesión de hechos delictivos graves cometidos en los últimos días por menores de edad sobre todo en Capital Federal, aceleró los tiempos en el Congreso, que se apresta a sancionar la nueva normativa en el corto plazo. Superti dejó sentada su posición al respecto.
“A mi criterio, la normativa que hay que dictar para reemplazar el sistema que tenemos en la actualidad, pasa por establecer lo que se conoce como Justicia Penal Juvenil desde los 18 años para abajo. Esto significa que de los 18 años para arriba, la persona tiene el régimen penal común, y los menores de esa edad, un régimen penal especial considerando, por un lado, el grado de madurez que tienen los menores y por el otro, respetando los derechos que tienen como persona”, expresó.
Problema político
El ministro consideró que determinar la edad a partir de la cual debe arrancar el sistema penal juvenil es “un problema estrictamente político”, que se evaluará según las condiciones de vida y sociales de cada lugar.
“Desde mi punto de vista -opinó-, el régimen penal juvenil tiene que arrancar a los 14 años. Hay proyectos en este sentido que van previendo un régimen distinto para los chicos de 14 a 16 que de los que tienen entre 16 a 18. Es un sistema distinto en cuanto a qué tipo de delitos se les puede imputar a cada segmento y cuáles son las penas”, explicó.
A propósito, el ministro advirtió que esta reforma a sancionar debe consagrar, fundamentalmente, el tipo de penas que se podrán aplicar.
“Esas sanciones tienen que ser socioeducativas, teniendo en cuenta la edad de las personas de las que estamos hablando; y segundo, que hay que reconocerles los derechos que pueden tener como imputados en los procesos de que se trate”, explicó.
Imputabilidad
Superti hizo especial hincapié en diferenciar los alcances de un régimen penal juvenil de la idea de bajar la edad de imputabilidad de los menores. En el mismo sentido, se había pronunciado días pasados su par de Seguridad, Daniel Cuenca, quien reconoció el “hueco legal” que existe en la materia, pero aclaró que ese vacío no se puede llenar bajando la edad de imputabilidad.
“En síntesis -completó Superti-, tiene que sancionarse una ley para contar con un régimen que reemplace el actual de Justicia penal juvenil, que no significa de ninguna manera y bajo ningún punto de vista, tratar a los menores como mayores, porque en la Argentina hubo una época en la que se bajó la edad de imputabilidad a los 16 años y se bajó la responsabilidad penal del adulto a 16. Eso que pasó en nuestra historia, además de ser incorrecto, sería en la actualidad francamente violatorio de los tratados internacionales”.
Sobre esa base, Superti resumió: “Régimen Penal Juvenil, sí; bajar la edad de imputabilidad de 18 años para abajo, no”.
Héctor Superti adhirió a la idea de sancionar un régimen penal especial para los menores, porque los chicos “no pueden ser tratados como adultos”.
Foto: Archivo El Litoral
EL DATO
Defensor
El ministro de Justicia dijo que concluyó el período para formular posturas, observaciones y circunstancias de interés sobre el candidato del Poder Ejecutivo para ocupar la Defensoría del Pueblo. El gobernador propuso para ese lugar al juez rosarino Edgardo José Bistoletti. Superti dijo que el mencionado proceso cerró “sin ninguna observación que justificara desestimar dicho nombre” como candidato, por lo que la propuesta quedó ratificada. De todos modos, aclaró que ahora la decisión es del gobernador, quien debe resolver cuándo envía el pliego a la Legislatura.
