Por el crimen de Caballito

Juez reclama registro de violadores

Télam

El juez de Ejecución Penal que le otorgó el beneficio de la semilibertad al acusado de matar durante un ataque sexual a una estudiante en Caballito el viernes pasado dijo hoy que la ley lo obliga a otorgar beneficios a los condenados que cumplan con ciertos requisitos.

Por su parte, Isabel Yaconis, una de la integrantes de la asociación Madres del Dolor, cuya hija, Lucila, fue asesinada tras ser violada en Núñez en abril de 2003, consideró hoy que para que se produzca ese hecho “hubo varios actores que actuaron mal” y volvió a reclamar la puesta en marcha de un registro de violadores.

En diálogo con C5N, el juez Axel López manifestó que la ley de Ejecución Penal lo obliga “a tratar de la misma manera a un agresor sexual que a una persona que robó un estéreo” y aseguró que él desde hace tiempo pide que se produzca un debate para rever la cuestión.

“El artículo 2 de la ley de Ejecución Penal fija el objetivo y la única finalidad del cumplimiento de una pena es la reinserción social. Evidentemente acá hay una toma de postura de parte del legislador que considera el delito como un producto social y nos olvidamos que este tipo de delito no tiene nada que ver con lo social”, expresó el juez.

Para López debe evaluarse si se considera el ataque sexual como un delito producto de lo social o como una patología individual desviada y luego decidir si se le impone una condena o una medida de seguridad de carácter penal por tiempo indeterminado.

Tras asegurar que el fuero de Ejecución penal está “colapsado”, que tiene “más de mil detenidos” a su disposición en unidades del Servicio Penitenciario Federal y que el fuero que integra es “la Cenicienta del Poder Judicial”, López aseguró que le otorgó el beneficio al sindicador agresor de la estudiante en Caballito porque “concurrieron los requisitos de la ley”. “Yo leí la propuesta positiva, yo verifiqué que concurrieran los requisitos de la ley. Si se cumple con los requisitos tengo prácticamente la obligación de dársela”, expresó el juez al referirse a la semilibertad concedida al ahora detenido Marcelo Pablo Díaz (38).

“A partir de la ley existen para el condenado ciertos derechos en potencia, derechos a modificar la forma de cumplir esa pena. Esos derechos operan cuando se cumplen requisitos que la ley establece y ahí se convierte para el magistrado en un deber permitir el ejercicio de esos derechos, no es una cuestión interpretativa”, añadió López.

Si bien el magistrado dijo que en el caso de Díaz se verificó que éste tenía buen concepto en los informes del Servicio Penitenciario y que había cumplido la mitad de la pena que se le impuso, admitió que “no existe dentro de la órbita carcelaria un programa específico dedicado a agresores sexuales, sino que eventualmente hay una sesión semanal de terapia”.

En el caso de Díaz, el juez dijo que se le había otorgado el beneficio de salir de día del penal y regresar por las noches a dormir, lo que está constatado que cumplía.

Tras escuchar al magistrado, Yaconis consideró necesario diferenciar cómo se porta una persona estando presa a una que regresa a la calle, especialmente con antecedentes de agresión sexual, a lo que el juez le respondió que los requisitos se los impone la ley y que “el debate eventualmente hay que darlo en el Congreso” de la Nación.

Para la madre del dolor, hay varios actores que actuaron mal y consideró que si existiera un registro de violadores se podrían prevenir situaciones como la que fue víctima Soledad Bargna (19).

“Cualquier violador que termine con su condena tiene que estar registrado en el registro porque cuando cometa el primer delito se lo va a identificar”, agregó la mujer en diálogo con Todo Noticias.

“Si ella (Soledad) hubiera sabido que el nuevo inquilino era una persona que cumplía libertad condicional no le iba a abrir la puerta”, añadió.

“El juez dice que actuó de acuerdo a la Justicia, yo me pregunto qué es la justicia”, concluyó la madre del dolor.