Sobresueldos
Procesaron a Menem y Cavallo
Julia Izumi (CMI)
Carlos Menem fue procesado ayer por la Justicia federal como responsable político del pago de sobresueldos a funcionarios de su gestión, a través de fondos reservados asignados a los organismos de Seguridad e Inteligencia del Estado. Además, se le trabó embargo por 100 millones de pesos, estimados en función del dinero presuntamente sustraído al erario público mediante la maniobra.
Junto al ex presidente fueron procesados los ex ministros de Economía, Domingo Cavallo, y de Justicia, Raúl Granillo Ocampo, así como la polifuncionaria María Julia Alsogaray, a quienes también se les fijaron embargos que van desde los diez a los cinco millones de pesos. Como “partícipes necesarios” del delito de peculado fueron imputados los ex funcionarios Enrique Kaplan, Raúl Castellani, Heriberto Baeza González, José Torzillo y José Coronel. En todos los casos, la medida fue dictada sin prisión preventiva, ya que la figura de peculado prevé una escala penal de dos a diez años de prisión, hecho que podría habilitar una sentencia de ejecución condicional.
Los procesamientos fueron dispuestos por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien entendió que durante los dos mandatos presidenciales de Menem “se ideó, se ejecutó y se desarrolló por parte de los funcionarios de más alta jerarquía del Poder Ejecutivo Nacional un sistema por el cual se destinó dinero público para el pago de sumas a funcionarios de ese poder del Estado, las cuales eran repartidas de manera discrecional e informal entre ellos”.
En particular sobre el actual senador por La Rioja, el magistrado sostuvo que “su intervención persistió durante todo el período en que se desarrolló el sistema, en tanto la decisión política del presidente acerca de la existencia (de los sobresueldos) fue la que mantuvo subsistente su funcionamiento”.
Denuncia
El caso se inició el 23 de abril de 2004, a partir de una denuncia formulada por el abogado Ricardo Monner Sans, luego de que un testigo del juicio oral seguido a María Julia Alsogaray por enriquecimiento ilícito revelara la existencia de pagos en negro en las más altas instancias del Ejecutivo.
Según determinó el juez Martínez de Giorgi, el origen del dinero destinado al pago de sobresueldos se reconoció en las partidas asignadas por la Ley de Presupuesto a los gastos reservados, las que fueron incrementadas “considerablemente” entre 1989 y 1999, y entre 1988 y 2001 alcanzaron un total de 4.152 millones de pesos/dólares. El caso es que esas partidas sólo podían ser destinadas a los organismos vinculados a la seguridad del Estado, pero terminaron en manos de otros organismos del Poder Ejecutivo, los que a su vez los repartieron entre sus funcionarios de alta jerarquía.
