Aspectos de la nueva Ley de Derechos de los Niños
Sobre el deber de informar acerca
de los casos de maltrato infantil
Quien cumpla una función pública tiene la obligación de denunciar estas situaciones. La Subsecretaría de la Niñez es la responsable de encarar políticas de desarrollo. Preocupa la naturalización de la violencia.
De la redacción de El Litoral
Desde el 2 de mayo, la provincia de Santa Fe cuenta con una nueva ley de Promoción y protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (Nº 12.967), que reemplaza a la de patronato de la infancia y apunta a las políticas públicas integrales. Actualmente se está trabajando en su reglamentación, que cuenta con 90 días a partir de su aprobación.
“El cambio fundamental es que establece que la Subsecretaría de Niñez y sus delegaciones son los responsables de llevar adelante en la provincia de Santa Fe la política pública de la niñez, en articulación con otros actores sociales fundamentales: el Estado -nacional, provincial y municipal-, los efectores de salud, de educación, seguridad y Justicia”, explicó Marcela D’Ángelo, subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia.
Fortalecer los vínculos
Según D’Ángelo, la vieja ley de patronato proponía “una intervención más fuerte desde el poder judicial y una separación de los niños de su grupo familiar como primera instancia”. Por el contrario, la nueva normativa apunta a trabajar con los niños en sus centros de vida, acompañando a la familia. En el artículo 12 establece que “todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados y desarrollarse dentro de su grupo familiar de origen y con sus vínculos afectivos y comunitarios. Sólo excepcionalmente, y para los casos en que ello sea imposible, tendrán derecho a vivir, ser criados y desarrollarse en un grupo familiar alternativo, de conformidad con la ley”.
En este punto, la subsecretaria aclaró que este “fortalecimiento de la familia de origen no debe ser a cualquier costo”, sino que es posible “siempre y cuando la situación de vulneración de derechos no provenga del interior de esta familia”. Si el maltrato o abuso tiene su origen en un miembro de la familia, la acción de resguardo de los chicos es inmediata.
En caso de que el niño, niña o adolescente haya sido “víctima de delitos de acción pública o dependientes de instancia privada” -tal como establece el artículo 64- se “debe poner en conocimiento al tribunal, juez o instrucción fiscal que disponga el Código Procesal Penal de la Provincia”.
Violencia familiar
¿Cómo salen a la luz las situaciones de abuso o maltrato? D’Ángelo explicó que “son detectadas desde múltiples lugares”. El pedido de ayuda lo puede hacer “un miembro de la familia o los mismos niños, que se acercan a un referente significativo, que puede ser un vecino, alguien en un centro de salud, un docente... aquel que le inspire confianza”. Para la funcionaria, “es importante dar cabida a este pedido de ayuda y que lleve a un trabajo de resguardo de los chicos y de acción ante quien produce el daño”.
Por su parte, María Rosa Meduri, al frente de la Dirección Provincial de la Mujer, aseguró que para encarar el tema de la violencia de género y familiar, y el maltrato infantil es necesario “cambiar las pautas culturales de la sociedad”. Es decir, “salir de un sistema de patriarcado, donde la diferencia de poder siempre es a favor del varón adulto”. Para la funcionaria, “si hablamos de violencia, hay dos ejes por los que se corta esta relación de poder: el género y la edad, es decir mujeres y niños”.
El deber de comunicar
La principal preocupación en torno a la violencia generalizada es su naturalización. Por eso, la nueva ley hace hincapié en que los miembros de los establecimientos educativos y de salud, y todo funcionario público tienen “el deber de comunicar” si tuviesen conocimiento de la “amenaza o vulneración de derechos de las niñas, niños o adolescentes”.
Ante esta situación, quien cumpla una función pública debe informarlo a los equipos que trabajan la temática de niñez o la mujer. A partir de allí comienza una tarea investigativa y, ante una denuncia penal, se le da intervención a un juzgado. “La idea es hacer un acompañamiento y, si se necesita, resguardar a los chicos de manera inmediata: ver qué institución o programa alternativo los puede albergar hasta tanto se resuelve esa situación. Son dos cosas a la vez: la acción penal y la protección, que tiene que ser inmediata”, explicó D’Ángelo.
Finalmente, las funcionarias remarcaron la necesidad del trabajo preventivo -desde las escuelas, vecinales, comedores y lugares a los que asisten los chicos para hacer deportes o actividades recreativas- para desnaturalizar las situaciones de violencia.
