Existen diferencias entre oficialismo y oposición
Diputados busca avanzar con la norma de transición procesal penal
Ayer estuvieron con la Comisión de Asuntos Constitucionales los cinco colegios de Abogados y antes se había escuchado la opinión del ministro de Justicia, Héctor Superti. Todas las consultas guardan relación con la reforma judicial en marcha.
De la redacción de El Litoral
La Cámara de Diputados tiene 20 expedientes reservados con tratamiento preferencial para la sesión de esta tarde, entre ellos el mensaje del Ejecutivo que establece una etapa de transición en el nuevo Código Procesal Penal y cuyo texto tenía -pasado el mediodía- diferencias entre el Frente Progresista y el justicialismo. El mensaje es uno de los cinco enviados por el Ejecutivo en febrero para poner en marcha el nuevo Código Procesal Penal, tres de los cuales ya fueron aprobados por Diputados y están a estudio en el Senado.
La intención del Ejecutivo es que se lleve adelante una transición ordenada, mediante la cual se transfieren recursos de un sistema que se extingue gradualmente (el inquisitivo) al que tiende a establecerse como único: el nuevo sistema de justicia penal, de orden acusatorio y adversarial.
“En términos sencillos, se procura la construcción de un puente entre el sistema viejo y el nuevo, por el cual van a transitar las causas y los operadores, siempre con la idea de aprovechar los recursos al máximo y de evitar la impunidad”, resumió el diputado socialista Raúl Lamberto.
El justicialismo tiene algunas diferencias con el mensaje lo que podría llevar al sector a abstenerse como ocurriera con las otros mensajes, o bien votar en disidencia parcial.
En tanto, para la próxima sesión -el 2 de julio- tiene preferencia el mensaje sobre la futura ley de protección de testigos y víctimas que incluye lo físico y lo emocional. El Ejecutivo prevé que la seguridad física quedará en manos de una unidad especial de la Policía que dependerá directamente del Ministerio de Seguridad. El objetivo es generar en aquellos ciudadanos que por su intervención o colaboración en un proceso penal se encuentren en riesgo de sufrir hostigamientos, represalias y perjuicios de la más diversa índole, plena confianza en las instituciones y en el sistema penal.
La semana pasada, la comisión de Asuntos Constitucionales escuchó la opinión del ministro de Justicia, Héctor Superti quien concurrió acompañado de familiares de víctimas de delitos los que expresaron su apoyo al sistema.
En tanto, ayer, Asuntos Constitucionales recibió a delegados de los cinco colegios de abogado de la provincia los que hicieron algunas observaciones al mensaje del Ejecutivo para la futura de ley de mediación obligatoria, tema que también tiene fijado tratamiento preferencial para el 2 de julio.
Sanción ante denuncias falsas
El diputado socialista Joaquín Blanco presentó un proyecto de ley para penar a aquellos que se comuniquen al 911 y realicen denuncias falsas.
El legislador aclaró que “este nuevo sistema permite identificar al denunciante, ya sea que la llamada provenga del servicio de telefonía fija como móvil”. El propósito es incluir la figura en el Código de Faltas para que el servicio deje de ser objeto de burla o diversión de algunos ciudadanos.
La iniciativa propicia incluir en el artículo 25 del código de Faltas la facultad para que el juez solicite la suspensión del servicio telefónico y la facultad para que las empresas telefónicas transmitan con voz mecánica un mensaje que se activará con el discado del número telefónico respectivo y que dirá: “La empresa informa que momentáneamente ésta línea se encuentra suspendida en cumplimiento de la sanción prevista en el Art. 25 y 59 del Código de Faltas de la Provincia de Santa Fe. Falsas llamadas a central de emergencias”.
