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El principal problema del transporte es que las variables que definen el costo del servicio -salarios, gasoil y subsidios- se resuelven en Buenos Aires sin que el municipio tenga injerencia alguna. Más allá de este condicionamiento, se ha avanzado a través de la ordenanza que permitió mejorar los recorridos, las frecuencias, la actualización de la flota, las tecnologías y el equipamiento, creando además un organismo técnico de control que se pondrá en marcha en breve.

El 1º de julio comienza a funcionar una nueva empresa, Ersa, nuevo prestador que mejora la oferta del transporte público. Asimismo, se están adecuando los pliegos para actualizarlos a las nuevas circunstancias y remitirlos al Concejo para su aprobación.

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El gobierno de la ciudad puede y debe intervenir en seguridad; una de las explicaciones de los problemas que tenemos es que las gestiones anteriores no tuvieron el coraje de hacerse cargo de la cuestión.

El Concejo tiene que promover normas que apoyen la decisión de Barletta de generar capacidades propias del municipio tales como la creación de la Subsecretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana o de la Guardia de Seguridad Institucional; la generación de conocimiento e información sobre el delito y la continuidad de la campaña de desarme. Es necesario actualizar la ordenanza que crea el Consejo de Seguridad, impulsando un ámbito de coordinación de las fuerzas de seguridad que operan en la ciudad.

Es necesario modificar las condiciones sociales que favorecen la inseguridad y disminuir la exclusión social, trabajando en educación y oportunidades de trabajo. Continuar en la recuperación del espacio público, la iluminación, el desmalezamiento y la apertura de calles.

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El Concejo debe garantizar la transparencia y fiscalizar la gestión de gobierno, tanto del Ejecutivo como del propio Concejo.

La gestión Barletta ha logrado avances muy importantes en este aspecto como la puesta en marcha del Derecho de Acceso a la Información Pública; el Sistema de Expedientes para que cualquier ciudadano pueda consultar el estado de su trámite; la autolimitación para la designación de los miembros del Tribunal de Cuentas; la puesta en marcha de la Sindicatura General Municipal y el ingreso por concurso a la función pública que no se implementaba desde hace 25 años.

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Las carencias de obra pública que dejaron las gestiones anteriores son tan grandes, que lo importante es establecer prioridades. Hay que atender urgencias en simultáneo: desagües pluviales, defensas, agua potable, cloacas, pavimento, bacheo, iluminación, espacios verdes, tanto en obras de expansión como de mantenimiento. Desde que asumió Barletta se invirtieron 80 millones, junto a Provincia y Nación, en obras para la prevención de inundaciones.

Además, el Concejo debe trabajar junto al Ejecutivo municipal para generar el marco legal que permita acceder a créditos para nuevas obras y crear los instrumentos necesarios para que la ciudad sea un polo de atracción de inversiones generando más fuentes de empleo.

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Hay que mejorar el servicio de iluminación en la vía pública y terminar con el atraso en materia de poda de árboles, remoción de ejemplares caídos y desmalezamiento. Estas dos medidas tienen incidencia directa sobre la calidad urbana y también sobre la seguridad. Una ciudad más iluminada y con menos fuentes naturales de peligro es, sin dudas, una ciudad más ordenada y segura.

La gestión de Barletta avanzó en la descentralización del Estado, creando 8 distritos. Además, se modernizó administrativamente, con la instalación de numerosos sistemas informáticos, la actualización permanente de un amplio sitio web, una central de reclamos y la readecuación de espacios municipales.

José Corral nació en Santa Fe en 1968. Se recibió de abogado en la UNL. En diciembre de 2007 asumió como secretario de Gobierno del intendente Mario Barletta. Integra la Mesa del Frente Progresista Cívico y Social en Santa Fe. Está casado con Mariana Bertona y es papá de Manuela.

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Entre las deficiencias que tiene el servicio, la principal es la concesión precaria. No se sale de las medidas de coyuntura si no se cuenta con un adecuado marco normativo, que es el aporte que brinda el Concejo. El transporte es un servicio público, y por lo tanto debemos priorizar su tratamiento, ya que puede ayudar a solucionar problemas como accidentes y congestión de tránsito. Necesitamos un pliego acorde con la realidad de nuestra ciudad, es por esto que debemos volver al estudio realizado por la UTN, para enriquecerlo con los resultados obtenidos en la Audiencia Pública y llamar a licitación.

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Los principales medios para abordar el problema de la seguridad no están en manos de los gobiernos locales sino de la Nación y de la Provincia.

Rescatamos el involucramiento del gobierno local en el tema con la creación de la subsecretaría de prevención y seguridad, actitud reclamada por este espacio político desde hace años. Desde el Concejo se debe legislar en función del desarrollo de infraestructura de contención, de refuncionalización de espacios en desuso y de mantenimiento del espacio público.

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Hasta el año 2007, que fuimos oposición, reclamamos que el Concejo no fuera manejado a control remoto por el Ejecutivo; hoy siendo oficialismo tenemos la misma convicción. El Concejo como cuerpo tiene dos funciones primordiales: legislar y controlar. El cuerpo debe ser crítico, pero sin plantear posiciones extremas: ni el Deliberante debe sólo suscribir lo que el Ejecutivo ordena, ni debe obstaculizar el desempeño.

Proponemos seguir trabajando con el mismo estilo, dando al Ejecutivo municipal las herramientas necesarias para que gobierne y marcándoles falencias. La respuesta es simple: todas las áreas del gobierno local deben estar sujetas a control.

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El presupuesto municipal es insuficiente para las grandes obras que mejorarían la calidad de vida de nuestros conciudadanos y que ellos demandan. Creemos de imperiosa necesidad una reforma del régimen de coparticipación; es necesario también obtener fondos de organismos y responder a los compromisos contraídos para no tener dificultades con la materialización de los proyectos. Uno de los grandes problemas que tuvimos los santafesinos en este tema es que en las diferentes gestiones se elaboraron Planes Directores o Urbanos pero con el devenir de nuevas autoridades, fueron modificados o dejados de lado. Planteamos crear un Instituto de Planificación Municipal, que tendrá a su cargo sistematizar e instrumentar -técnica y legalmente- propuestas en materia de desarrollo urbano que deberá sostener los grandes lineamientos independientemente de las gestiones de turno. Entendemos que deberían proyectarse las inversiones según las necesidades más urgentes, siendo las prioritarias las redes de agua potable y desagües cloacales, en el oeste, norte y el sector de la costa de la ciudad.

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Los principales reclamos están orientados a la prestación del servicio de transporte público de colectivo. La precariedad de la concesión y la consecuente permanencia de los mismos actores hace que, desde años, se siga transitando iguales caminos y por lo tanto llegando a los resultados ya conocidos. Hay que recuperar la idea del transporte como servicio público y la convocatoria a la licitación pública es el primer y fundamental paso para lograrlo.

Otra deuda es la recolección de residuos y su disposición final. Consideramos que debe hacerse hincapié en el trabajo de reciclaje.

Jorge Antonio Henn nació en Santa Fe el 1º de octubre de 1968. Es casado, tiene una hermana y un hermano. Cursó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio La Salle Jobson. Se recibió de abogado en la UNL en 1993. En 2001, accedió por primera vez a una banca en el Concejo Municipal, renovando el cargo en las elecciones de 2005, por el Frente Progresista, Cívico y Social.

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La mayor deficiencia es falta de un organismo de control eficiente con relación a los recorridos y frecuencias por parte de los prestatarios del servicio. Ante el fracaso o suspensión del llamado a licitación, entendemos que es el momento oportuno para realizar convenios interjurisdiccionales con la vecinas localidades de la ciudad de Santa Fe -Santo Tomé, Sauce Viejo, Monte Vera, Recreo, San José del Rincón-, e instrumentar servicios troncales Norte - Sur y Este Oeste con estaciones de transferencias, procediendo a un nuevo llamado a licitación.

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En lo que hace a la responsabilidad del municipio, dada la crítica situación económica y social actual cuyos índices de pobreza y marginalidad se asemejan al año 2001, el intendente debe reconducir el presupuesto del corriente año y realizar obras de iluminación, mejorado de calles para el pronto y fácil acceso de las fuerzas policiales ante la existencia de eventos delictivos. Para el futuro, bregar por el pronto reconocimiento de las autonomías municipales, así el intendente de la ciudad, como así también de otras ciudades de la provincia tengan efectiva participación y poder de decisión no sólo en las políticas de seguridad, sino también en salud y educación.

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El control de la gestión no sólo debe circunscribirse al ámbito político del Concejo Municipal, función que se encuentra establecida por la ley orgánica de Municipalidades, sino también por el Tribunal de Cuentas, que proponemos sea integrado por concurso con aprobación del Concejo, como así también la creación de un ente de control de servicios públicos -Servicio de transporte urbano de pasajeros, servicio de taxi, remises, espectáculos públicos- los que deberán acceder también por concurso público, con facultades de hacer cumplir la legislación vigente en la materia y desvinculada de cualquier influencia de carácter político.

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Cumplir adecuadamente con lo que establece la ordenanza que creó en Fondo Municipal de Obras Públicas -que es 30 % de lo que se recauda por Tasa General de Inmuebles- y realizar las obras de infraestructura que los vecinos dada su situación económica no puedan costear mediante el régimen de contribución de mejoras. La obras que la mencionada ordenanza dispone son la construcción de caminos y/o calles de acceso a los barrios carecientes, la instalación de alumbrado público, la construcción de desagües cloacales y pluviales, como así también las conexiones domiciliarias de agua potable, entre otras. El fondo Municipal de Obras Públicas prevé la afectación especifica de dichos fondos en los presupuestos municipales, con cuentas distintas para cada obra a realizar. Desde el Concejo Municipal se debe exigir el cumplimiento de la ordenanza referenciada.

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Los servicios públicos municipales casi en su totalidad están concesionados y/o realizados por parte de terceros -transporte de pasajeros, recolección de residuos-, tal es así que la reposición de luminarias incandescentes del alumbrado público se encuentran a cargo de la EPE, todo ello en virtud de la existencia de la Tasa de Alumbrado Público que percibe dicha empresa junto con el cobro de la factura de luz, es por ello que propiciamos la derogación de dicha ordenanza, ya que los santafesinos abonando la Tasa General de Inmuebles, están solventado los gastos de alumbrado, barrido y limpieza. El déficit municipal en este rubro, a nuestro entender lo encontramos en la falta de ejecución de obras de infraestructura, cuyo incumplimiento no es atribuible a esta gestión, sino a la falta de políticas en este sentido desde el año 1983.

Carlos Enrique Wagner nació en Santa Fe el 12 de agosto de 1958; es casado. Egresado del Instituto Camiliano San José - San Antonio de Areco - provincia de Buenos Aires en el año 1976. Cursó sus estudios universitarios en Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santa Fe de donde en el año 1999 egresó como abogado.