EDITORIAL
Límites a la pesca comercial
En los últimos años, como consecuencia de la falta de políticas públicas adecuadas, la pesca comercial destinada a la exportación de sábalos ha puesto en peligro los recursos ictícolas de los ríos que forman la Cuenca del Plata.
La especie en cuestión es clave en la cadena alimentaria, y cuando se observan problemas en su desarrollo, también resultan afectadas otras especies del río.
Cuando terminó el período de la Convertibilidad y mejoraron las condiciones para las exportaciones argentinas, alentadas por una cotización del dólar más competitivo, la pesca de sábalos con redes vendida en el exterior aumentó año tras año.
Hasta 2007, no se impusieron límites a la actividad pesquera local. No hubo controles por parte del Estado y como consecuencia, se extrajo cerca del doble de lo que el recurso natural podía soportar.
De todas las provincias que recorre el Paraná, sólo Santa Fe estableció en su legislación una talla, con el propósito de preservar el recurso, pero no se establecieron límites a las cantidades.
Fue al cabo de un extenso debate social que la Legislatura santafesina -en 2006- produjo un rica discusión, que terminó con una norma acordada por todos los partidos políticos, para vedar la pesca comercial desde diciembre a febrero. La norma incluyó un subsidio para el sustento de las familias que viven del río.
Luego de esa decisión, que no pocos dolores de cabeza ha provocado, como cortes de rutas y otros hechos violentos contra la pasada administración de Jorge Obeid, por parte de los pescadores, el gobierno nacional dispuso una medida reclamada desde Santa Fe poniendo límites a la exportación destinada al mercado externo.
Preservar los recursos naturales, permitir que sus beneficios no se agoten, asegurar que éstos se renueven y que sirvan también a futuras generaciones, es parte de las obligaciones indelegables del Estado.
Es ingenuo suponer que las fuerzas del mercado que concurren a lograr beneficios particulares o colectivos, tanto de las empresas como de los trabajadores, van a poder regular la extracción de manera de preservar el recurso. Debe ser un poder de control externo el que fije reglas de juego y anticipe a los privados qué se puede y qué no se puede hacer con el recurso, para que su apropiación no resulte una lesión que comprometa su futuro.
Sin límites racionales a la extracción de recursos renovables, bajo criterios parecidos a los de la minería, en el que se agotan las materias primas, son prácticas que se convierten en depredatorias.
Las autoridades provinciales y nacionales están aún a tiempo de revertir una tendencia que es claramente negativa. Es hora de preguntarse si es un beneficio el exportar miles de toneladas de pescados que comparativamente a otras producciones, como las de la agroindustria, tienen un valor sensiblemente menor.
El destino de las pesquerías depende de la voluntad política de los gobiernos provinciales y de las autoridades nacionales. Debe privilegiarse el consenso y la necesaria continuidad de la actividad de los pescadores artesanales, proveedores de pescado para el consumo interno.
