En Diputados

Propician la figura del procurador penitenciario

La diputada oficialista Mónica Peralta (GEN) presentó un proyecto de ley para crear en el ámbito de la provincia la figura del procurador penitenciario para apoyar a las personas privadas de la libertad, ya sean procesados a condenados en el régimen penitenciario provincial, sea en alcaidías o comisarías.

La autora remarcó que el proyecto está basado en la Ley Nacional Nº 25.875 y tiene concordancia con otras provincias que ya poseen este instituto.

“El procurador penitenciario podrá iniciar y proseguir de oficio o a petición del interesado, también por familiar de éste, o del defensor técnico (de oficio o privado), cualquier investigación conducente al esclarecimiento y cese de actos, hechos u omisiones que afecten los derechos de los procesados y condenados. Asimismo le corresponderá visitar periódicamente todos los establecimientos penitenciarios provinciales”, dice uno de los artículos.

Otras de las funciones será realizar recomendaciones o propuestas de alcance particular o general para evitar la reiteración de hechos de esa naturaleza y deberá remitir al Ministerio de Gobierno los informes sobre casos y situaciones que considere necesarios, con las conclusiones y recomendaciones pertinentes.

El proyecto “responde a la necesidad de un mayor y mejor control de la actividad de la administración penitenciaria”. Para que el funcionario pueda cumplir con su misión, el proyecto dispone que no recibirá órdenes de ninguna autoridad e incorpora previsiones de distinta índole: forma de designación que exige mayorías especiales de ambas cámaras; inmunidades; distintas atribuciones y facultades; obligación de organismos de colaborar y no obstaculizar su labor por lo cual todos los organismos pertenecientes a la administración pública Provincial, personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, están obligadas a prestar colaboración con carácter preferente en sus investigaciones o inspecciones.

Peralta explicó que “la figura del procurador penitenciario hubiera sido muy útil en el caso Enrique Bin, (interno fallecido en la alcaidía de jefatura de Rosario donde había denunciado que existía un complot para matarlo y a los pocos días apareció ahorcado en su celda) ya que ante la denuncia de un supuesto plan para matarlo, el procurador está facultado para actuar rápidamente y salvaguardar la integridad de la persona. Por otra parte la incorporación del procurador a la estructura penitenciaria coadyuva a la resocialización del interno y que a su vuelta a la vida en el afuera pueda integrarse con menos inconvenientes, lo cual es beneficioso para la toda la comunidad”.