EDITORIAL
La lucha contra el narcotráfico
Después del operativo mafioso cometido por los narcotraficantes del Estado mexicano de Michoacán, consistente en ejecutar a doce agentes federales, su máximo jefe propuso, en una suerte de conferencia de prensa televisada, un pacto o acuerdo con el gobierno nacional liderado por el presidente Felipe Calderón. No es la primera vez que el hampa le propone a un gobierno algún tipo de tregua, pero ésta es la primera vez que lo hace con tanta audacia y desenfado.
Con absoluta conciencia de su responsabilidad y acorde con el mandato recibido de proteger los derechos de los ciudadanos mexicanos, el presidente Calderón rechazó en toda la línea el acuerdo e insistió una vez más en que en México hay una sola autoridad democrática y que un gobierno nacional no dialoga con delincuentes y asesinos.
Más allá de las consecuencias de este rechazo, lo cierto es que la acertada respuesta del gobierno mexicano merece ser considerada valiosa por varios motivos. En principio, la reafirmación de la autoridad; en segundo lugar, la negativa a negociar con grupos alzados en armas, y en tercer lugar, la voluntad de proteger en el marco de la ley a los mexicanos.
Queda claro que con esta respuesta no se resuelve el problema del narcotráfico, pero quedan deslindadas las posiciones. El cartel de la droga existe, pero su existencia está al margen del Estado de Derecho y la máxima autoridad promete combatirlos con la ley en una mano y las armas en la otra, como corresponde a un poder que se reivindica legítimo, soberano y en el ejercicio del monopolio estatal de la violencia.
A nadie se le escapa que el narcotráfico en México dispone de poder y ese poder funciona al margen de la ley, pero también se infiltra en los repliegues del orden estatal. Funcionarios, políticos, magistrados suelen estar comprometidos en estos negocios multimillonarios. La complicidad en algunas regiones es grande, a tal punto que se habla, como en el caso de Michoacán, de Estados controlados políticamente por el cartel. Las redes mafiosas en México han llegado a manejar amplias franjas del poder, tanto que en algún momento un candidato presidencial estuvo involucrado en estas operaciones y otro postulante fue asesinado.
Sacerdotes, periodistas, militantes de derechos humanos, voluntariado social en general, fueron víctimas de las operaciones mafiosas de estos personajes. Lo más preocupante de todo es que la llamada cultura “narco” ha conquistado a importantes franjas de los sectores populares, que encuentran en el cartel una fuente de trabajo y, en más de un caso, protección y una causa para vivir y para morir.
Una crasa mitología popular se ha desarrollado alrededor del hampa y una de sus expresiones favoritas consiste en los célebres “narcocorridos” consumidos masivamente en fiestas populares y entonados por la gente de la calle. Está claro que la batalla que se propone librar Calderón es justa pero también difícil. Lo que está en juego, de todos modos, es el Estado de Derecho, la civilización política como tal. El narcotráfico es la barbarie, el crimen y la muerte, y ningún acuerdo es posible con quienes representan la antítesis de un Estado de Derecho.
