EDITORIAL

Equilibrio y transparencia

La revisión del Consejo de la Magistratura, en lo que a su composición se refiere, se ha convertido en uno de los temas cruciales del debate político y socio-institucional, con activa participación de todos los sectores involucrados y un firme consenso sobre su imperiosa necesidad. Hasta tal punto es así que la propia Corte Suprema de Justicia, primero a través de trascendidos sobre un eventual pronunciamiento formal y luego en boca del más veterano de sus ministros, se expresó en ese sentido.

Sin embargo, y a pesar de las manifestaciones de apertura y disposición al debate realizadas por algunos legisladores, el gobierno nacional dejó en claro a través de su ministro de Justicia que no está en su ánimo modificar la integración del organismo encargado de seleccionar a los candidatos a jueces y sancionar a los magistrados que incurran en inconductas.

Este virtual bloqueo a la sola consideración del punto, resulta tan chocante como sugestivo, en momentos en que el desarrollo del diálogo político alcanza incluso temas tan sensibles para la política económica como la facultad del jefe de Gabinete de reasignar partidas presupuestarias y las retenciones agropecuarias.

En todo caso, la postura parece ajustarse a las motivaciones que distintos actores -incluyendo miembros del Consejo y referentes de las agrupaciones de jueces- asignan al oficialismo para sustentar la actual conformación. Y es que la primera minoría que ostenta el kirchnerismo, si bien no le alcanza para imponer decisiones, le permite ejercer un poderío relativo y un poder de veto tales que, en muchos casos, resultan determinantes para impedir que la acusación contra un magistrado sea desestimada, o sirven para señalizar cuál es el perfil de postulantes que cuenta con mejores chances de ser seleccionado.

El escaso número de remociones -solamente una en dos años- y la indefinición en varios centenares de casos, cuyos implicados ejercen su tarea sometidos al riesgo de que se reactiven los trámites en su contra, establece la pauta de que el organismo poco ha hecho por la depuración efectiva de los tribunales, y mucho por tener jueces fácilmente presionables.

La actuación y el tenor de las declaraciones de los legisladores que representan al oficialismo en el cuerpo, lejos de desalentar las sospechas sobre el propósito gubernamental de controlar una herramienta para disciplinar a los magistrados, revela el ejercicio de una suerte de “comisariato” político, firmemente enclavado en el organismo que la Constitución creó para propiciar su idoneidad, sobre la base de pautas objetivas y procedimientos transparentes.

Los proyectos de modificación que propicia hasta el momento la oposición no aspiran a revertir el signo de las mayorías, sino a restablecer el equilibrio ordenado por la Constitución. Por eso, la declarada vocación oficial de impedir que esto ocurra e, incluso, el pronunciamiento de la consejera oficialista a favor de suprimir el organismo -en lo que, si la correlación de fuerzas fuese otra, podría leerse como una extorsión- no son casuales. Por el contrario, son una confesión de parte que constituye el mejor argumento para consagrar los cambios reclamados.