La Iglesia y el “blindaje social”
Guillermo Villarreal
(DyN)
La Iglesia insiste en que el diálogo convocado por la presidenta Cristina Fernández, circunscrito a la reforma política, priorice la búsqueda de consensos para luchar contra la pobreza que, pese a las estadísticas del Indec, los obispos ubican próxima al 40 por ciento.
Los obispos tienen puesta la mira en un proyecto para generalizar una asignación por hijo de cada familia pobre, similar al propuesto por partidos de la oposición y la CTA, por lo cual exigen tomar “al menos uno” y llevarlo a la práctica de modo urgente.
“Los padecimientos de millones de argentinos exigen una respuesta inmediata”, volvió a advertir el titular de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, obispo Jorge Casaretto.
En este sentido, la Iglesia insiste en reclamarle a la clase dirigente, en particular a los partidos, que utilicen el espacio del diálogo para acordar en el corto plazo una ayuda para la niñez empobrecida. Pero la iniciativa en pos de una asignación universal por hijo, que pretenden los obispos, choca con las intenciones del gobierno.
Como quedó demostrado en la reciente reunión del Consejo del Salario, que evitó abordar el tema pese al pedido de la CTA para incluirlo en la agenda. Los funcionarios, trascendió, se esforzaron por explicar que ése no era el ámbito de discusión, por tratarse de una cuestión “delicada” que debía ser evaluada por el Poder Ejecutivo o eventualmente debatida en el Congreso, y hasta pusieron en duda su viabilidad.
El propio ministro de Economía, Amado Boudou, salió a discrepar con la idea eclesiástica, al considerar que “no es una medida de las más redistributivas, porque justamente si es universal no está focalizada”.
Por el contrario, referentes de la oposición coincidieron en que para instrumentar esa asignación por hijo hay que gravar la renta financiera. El diputado Adrián Pérez, de la Coalición Cívica, calculó que para llevarla a la práctica se requieren 25 mil millones anuales. Unos 15 mil millones ya derivan a distintos planes sociales, por lo cual se necesitan 8 mil millones más, estimó. La Iglesia también aboga para que se potencie el Plan Remediar, tendiente a la distribución de medicamentos esenciales entre los más necesitados, y auspicia que se extienda el seguro de desempleo a los trabajadores en negro.
Un tema que también aborda el Foro De habitantes a ciudadanos, la propuesta multisectorial que acompaña la Iglesia para consensuar iniciativas sociales para elevar al Congreso. Los obispos consideran, sin embargo, que éstos y otros planes sociales no son “soluciones”, sino apenas “respuestas” a situaciones de emergencia, que deberían desaparecer con el correr del tiempo y la mejora en las condiciones de dignidad de los argentinos.
“Ayudan un poco, sirven para un determinado tiempo y después no sirven más”, advirtió un vocero de la Pastoral Social. El objetivo de máxima de los obispos, según explican, no es sólo instalar el debate sobre un “blindaje social”, sino, sobre todo, propiciar una corriente de pensamiento político orientada a la noción de solidaridad, a fin de poder celebrar el bicentenario patrio 2010-2016 en “un país sin excluidos, con una pobreza muy reducida”, proyectan.
Esta preocupación social de la Iglesia volverá a ponerse sobre el tapete en dos momentos. Mañana, cuando se formalice la presentación del Barómetro de la Deuda Social Argentina, que elabora la Universidad Católica Argentina, y cuyos resultados suelen diferir con las mediciones del gobierno en cuanto a pobreza, indigencia y exclusión. Y el viernes, en el santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, termómetro anual de la desocupación y la marginalidad, que tendrá al cardenal Jorge
Bergoglio como principal predicador.
