Semana de definiciones en el Congreso

El gas encabeza una agenda complicada para el gobierno

Las necesidades de caja del kirchnerismo enfrentarán en los próximos días una sucesión de pulseadas legislativas, a las que en algunos casos se suma el descontento social. Tarifas, superpoderes y retenciones en el foco del debate.

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Más luz: el ministro Julio de Vido tuvo que salir a explicar anoche que no se autorizaron aumentos en las tarifas de electricidad, aunque en algunos casos se triplican los valores. Auditarán las boletas y sancionarán a las empresas si se excedieron.

Foto: DyN

Horacio Serafini/El Litoral

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CMI/DyN/Télam

Las mayorías legislativas que tiene el oficialismo en el Congreso serán puestas a prueba esta semana a partir del tratamiento de una agenda de asuntos económicos, alguno de los cuales genera tensiones internas.

Al tope de los temas conflictivos está el decreto presidencial que autorizó el aumento de las tarifas de gas, pero también figuran el proyecto gubernamental de autolimitación de los “superpoderes” y el borrador, aún en discusión, sobre las facultades delegadas por el Congreso al Ejecutivo, entre ellas las retenciones a la exportación de granos.

El “tarifazo”, como dio en llamar la oposición al cargo fijo al gas, será tratado el miércoles próximo en la Comisión de Energía de Diputados. Será con un programa igual al que se siguió en la misma comisión del Senado el miércoles pasado: expondrán el secretario de Energía, Daniel Cameron y el interventor del Enargas (Entre Regulador del Gas), Antonio Pronsato.

No hay expectativas, sin embargo, de que los funcionarios del Ejecutivo puedan anunciar modificaciones en la decisión más allá del compromiso que hizo Cameron en el Senado: serán revisados aquellos casos en los que pueda haberse incurrido en un error.

No obstante, el compromiso parece insuficiente para calmar a los propios diputados oficialistas. “Tendrán que hacerle cambios”, dijo una alta fuente del bloque del FPV en la Cámara. Sucede que la decena de fallos judiciales contra el “tarifazo” presiona sobre la decisión de los diputados y podría provocar nuevas deserciones que menguarían aún más la ajustada primera minoría oficialista. La jujeña Carolina Moisés, por caso, hizo público su rechazo al decreto presidencial.

Sabedora de estas diferencias latentes, la oposición unificó posiciones en la Comisión de Energía con un proyecto de dictamen que deroga el decreto 2067/08 y que establece que sean tomado a cuenta de futuros consumos los mayores costos ya pagados por los usuarios. Así, el PRO, la UCR, el PJ disidente y el socialismo, que suman 15 miembros en la Comisión, aspiran a sumar eventuales “desertores” oficialistas. De aprobarse dictámenes, el tratamiento en el plenario sería el miércoles 19.

Superpoderes

En el Senado, el oficialismo intentará, a su vez, avanzar en el tratamiento del proyecto enviado por la presidenta Cristina Fernández para acotar a 5 por ciento del Presupuesto la facultad de la Jefatura de Gabinete para redistribuir partidas.

Después de la accidentada reunión de esta semana, en la que la oposición se retiró con fuertes críticas a partir de que pretendía limitar aún más ese porcentaje e incluir en el recorte a las Obligaciones a cargo del Tesoro, el jueves volverá a reunirse el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda.

La intención de la bancada que conduce Miguel Angel Pichetto es aprobar un dictamen sobre el proyecto de “superpoderes”, con el argumento de que es una “autolimitación” y que de facultades similares disponen una decena de provincias.

Facultades delegadas

Otro tema ríspido en la agenda económica legislativa son las facultades delegadas, que están en la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados. Aunque hubo amagues del oficialismo por apurar su tratamiento, recién este martes se reunirá la Comisión de Asuntos Constitucionales ante la decisión de la Cámara de darle “preferencia” de tratamiento en el plenario al día siguiente.

El calendario no permite más dilaciones. El 24 de agosto vencen las facultades delegadas por el Congreso al Ejecutivo, un millar largo de leyes, entre las que se encuentra la de fijar derechos de exportación, como las retenciones a los granos. De llegarse a esa fecha sin decisión legislativa alguna, las facultades caerían y las resoluciones administrativas podrían quedar en suspenso.

Habrá, seguramente, dos dictámenes. El oficialismo propone prorrogar las facultades delegadas al Ejecutivo, pero sólo por un año, y formar una comisión que con plazos y objetivos acotados dictamine sobre cada una de las mismas. Los posibles aliados que el oficialismo necesitará para llegar al quórum condicionan su apoyo a que la prórroga sea sólo por seis meses y a un compromiso de tratar proyectos propios, como la asignación universal por hijo. La oposición plantea que las facultades lisa y llanamente vuelvan en su totalidad al Congreso.

Retenciones

Las retenciones son un subcapítulo entre esas facultades. La oposición pretende que una vez devueltas al Legislativo, sea éste el que fije los derechos de exportación. Pero el oficialismo entiende que esa discusión debe darse aparte, cuando se trate el proyecto de Presupuesto 2010.

“Las retenciones no sólo son una cuestión fiscal sino un instrumento clave de política económica”, argumentan. Pretende que el Ejecutivo conserve la facultad para bajar el nivel actual de retenciones y sólo darle juego al Congreso en caso de que quiera subirlas.

También relacionado con el sector agropecuario, la Comisión de Agricultura intentará avanzar con un proyecto de desarrollo estratégico del sector lácteo, después que el miércoles Diputados terminó por aprobar la emergencia con un fondo anual de 500 millones de pesos.

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La luz se disparó por el frío

El ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y el secretario de Energía, Daniel Cameron, se comprometieron a revisar los aumentos de luz que se registraron en las últimas facturas. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) registró un 30 por ciento más de quejas de usuarios este mes, relativas a los aumentos que, en algunos casos, fueron de entre el 100 y el 300 por ciento en relación con la boleta anterior.

El titular de Planificación agregó que las tres distribuidoras del área metropolitana (Edenor, Edesur y Edelap) podrían ser pasibles de sanciones y prefirió no hacer evaluaciones acerca de los motivos por los que se produjeron bruscas variaciones tarifarias en varios casos. “No quiero ser mal pensado”, se limitó a decir el funcionario.

“No hemos autorizado aumento alguno en la tarifa eléctrica, salvo el que operó en octubre del año pasado”, aclaró, enfático, el ministro De Vido.

Y es que, precisamente, ese aumento es el que ahora se siente, frente al aumento del consumo por efecto del frío. Y lo mismo puede decirse de las penalizaciones sobre los usuarios que no bajaron su consumo con respecto a 2003 (Puree). El primer ajuste se autorizó en julio de 2008 y fue del 10 al 50 %. Impactó en los consumos mayores a 650 kw/h. Luego, en octubre, se aplicó otro ajuste que llegó a todos los usuarios residenciales. Se apuntó a reducir los subsidios y el impacto fue proporcionalmente mayor en los hogares que registran consumos a partir de los 1.000 kw/h. De Vido lo explicó así: “Las facturas en las que puede haber saltos muy grandes son producto de la quita del subsidio a los consumos superiores a los 1.000 kw/h al mes. De 1.000 hasta 1.500 el subsidio se eliminó en forma parcial”.

En cualquier caso, De Vido aclaró que “se trata de números y, por lo tanto, se verificará si hubo errores, se auditará y, llegado el caso, se aplicarán las multas correspondientes”, dijo.

El ministro subrayó que “no hay autorización alguna para incorporar un mayor valor a la factura, salvo que se verificara un mayor consumo y, si es así, la factura tendrá un mayor valor económico. Si el volumen de energía consumido es igual al del mes anterior y la factura es distinta, es más alta, entonces, evidentemente, hay un error en la facturación. Eso lo vamos a detectar a través de los reclamos o de la propia auditoría que hagamos nosotros: no tiene nada que ver con el Puree”, aclaró.

Claves del tarifazo

El aumento del gas se produjo por la aplicación de un cargo destinado a financiar la importación.

Este cargo reviste naturaleza impositiva, pero fue creado por decreto y sin previa convocatoria a las audiencias públicas que exige la ley 24.076.

El impuestazo resultante se produce por doble vía: quienes revisen sus facturas, encontrarán que el incremento producido por el cargo genera, a la vez, una nueva imposición. Es el IVA que, para los servicios -pasa lo mismo con la electricidad- no es del 21 %, sino del 27 %.

El argumento de que sólo alcanza a un 15 % de la población quedó demolido ante la cantidad de damnificados. Por el contrario, se corrobora la idea de que esto fue pensado para cubrir necesidades de caja del gobierno: en un contexto de recaudación retraída, en las boletas de gas y luz no hay evasión.

“No tenemos previsto ningún aumento, pero nuestros costos están como un taxímetro, creciendo día a día. Las cuentas de la empresas (de agua y electricidad) están en una situación al límite”.

Antonio Ciancio,

ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente de la provincia.