EDITORIAL

Un paso concreto para superar la precariedad

La posibilidad de contar con una vivienda propia es un sueño que persiguen miles de familias en todo el país y también en la ciudad. Es también un derecho básico, junto con el acceso al trabajo digno, a la salud y la educación. Sin embargo, son escasas las chances de contar con un techo seguro para quienes ni siquiera lo hacen con la titularidad de su propio terreno.

Por eso, el proyecto de regularización territorial de la Municipalidad excede lo formal y configura un paso trascendente hacia la inclusión de vastos sectores de la población, incorporándolos de manera concreta en el entramado de relaciones que se teje entre el Estado y los contribuyentes.

Un relevamiento numérico, aportado por el propio municipio, es elocuente en el plano cuantitativo: en la ciudad existen más de 40 asentamientos informales, que representan 14 mil hogares y una población de casi 70 mil personas. Un 40 por ciento de ese total está localizado en inmuebles municipales.

Desde hace más de un año se viene abordando esta problemática y se comenzó a hacer efectiva la entrega de los títulos que aseguran la regularización dominial. La propuesta presentada recientemente fue concebida para responder a la necesidad de 5.500 familias que habitan lotes municipales. Para los próximos dos años el objetivo es posibilitar que otras 4.000 tengan su escritura pública.

No se trata de grupos que aguardan una dádiva, sino que desde hace tiempo reclaman una solución que les permita contar con la documentación necesaria para respaldar su propiedad y que pretenden, en todo caso, participar de los mismos derechos y obligaciones que sus conciudadanos. Vale decir, poder efectuar regularmente las contribuciones y pagos establecidos por tasas y servicios, pero a la vez estar en posición de reclamar esas mismas prestaciones de las que hoy se ven privados por la precariedad que encuadra su situación.

Al facilitar la inscripción registral y la expedición del título respectivo, con valores y modalidades de pago accesibles y acordes a las posibilidades de los beneficiarios, la respuesta municipal asume su principal dimensión, en orden a la dignidad y el respeto de ese inmenso y postergado grupo de vecinos. Y porque, aunque la decisión no demanda una erogación prohibitiva de hecho, tendrá su correlato en una mejora de las posibilidades de recaudación-, fue obviada durante años por las autoridades políticas, sustentando y permitiendo la expansión de estos núcleos poblacionales.

El trabajo de estudio previo, destinado a tasar el problema en su exacta dimensión, y el diseño y construcción de herramientas legislativas capaces de generar soluciones concretas prometen otorgar viabilidad al proyecto, señalándolo aunque sujeto a la manera en sea instrumentado- como una muestra destacable del esfuerzo orientado hacia la normalización de la ciudad, y la solidez de las bases en que se apoya el desarrollo de la vida en comunidad.