Silvia Augsburger
“El socialismo no cambió su voto”
Dijo que los cambios introducidos por el gobierno modificaron sustancialmente el proyecto de medios. Y que con el radicalismo hubo posturas distintas desde un principio.
De la redacción de El Litoral
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La presidenta del bloque socialista de diputados nacionales, Silvia Augsburger, dijo que su partido votó la ley de medios, porque el texto que llegó al recinto “cambia sustancialmente” la iniciativa original, incorporando varias de las cuestiones planteadas por el partido. Y que las discrepancias con el radicalismo surgieron desde la misma voluntad por debatir el proyecto, pero que eso no significa ruptura, sino que refuerza la necesidad de buscar coincidencias programáticas.
En diálogo con El Litoral, Augsburger negó que el socialismo hubiese cambiado de postura, después de anticipar el viernes su voto negativo a la norma. “La decisión del viernes pasado del Comité Ejecutivo Nacional fue que, así como estaba el proyecto, no lo votábamos. Y marcamos los puntos que para nosotros eran el núcleo central del debate”.
Cambios sustanciales
Según la legisladora, “el gobierno y el oficialismo cambiaron sustancialmente la iniciativa, contemplando cuatro de esos seis puntos”, y empezando por la restricción del ingreso de las empresas comerciales de telefonía.
En cuanto a la autoridad de aplicación, aclaró que “si bien votamos en contra porque creemos que debe ser un espacio mucho más federal, la propuesta le quitó la discrecionalidad al Poder Ejecutivo, que ahora sólo tendrá dos miembros, más tres del Parlamento -de las tres primeras minorías- y dos del Consejo Federal, uno de los cuales debe provenir de las universidades. Ese directorio debe ser conformado como máximo dos años antes del vencimiento del mandato presidencial, con lo cual siempre va a estar más ajustado a lo que resulte de la renovación legislativa”.
Al apuntársele que este diseño permitiría al kirchnerismo tener cuatro o cinco miembros hasta 2013 -los del Ejecutivo, uno parlamentario y uno o dos del Consejo Federal-, Augsburger hizo notar que “hoy el oficialismo tiene total discrecionalidad, porque hay un interventor en el Comfer a quien nadie controla. Y aparte, no podemos votar una ley en función al gobierno de turno: se la vota porque es un avance con respecto a la normativa vigente”.
Avances y disidencias
La legisladora contabilizó también como avances las disposiciones para la designación del defensor del público, los beneficios para las cooperativas y la regulación de la publicidad oficial, y cuestionó que sólo haya un año de transición para que los licenciatarios se ajusten a la nueva normativa.
“Esto lo cuestionamos en la votación en particular. Planteamos que debían ser tres, para que el vencimiento caiga en el próximo gobierno, y despegarlo de cualquier especulación. Esa fue la votación más ajustada, y si el resto de la oposición se hubiese quedado en el recinto, la podríamos haber ganado”, argumentó.
De todos modos, no aceptó la impugnación a esta cláusula con el argumento de la seguridad jurídica. “Las actuales licencias fueron prorrogadas por diez años con un decreto de necesidad y urgencia, que nosotros votamos en contra, y en ese momento nadie lo impugnó. No nos parece que una ley viole la seguridad jurídica cuando avanza sobre lo dispuesto por un DNU”.
Sin ruptura
La presidenta del bloque socialista negó que esto haya supuesto una ruptura con la diputada Laura Sesma, única que votó contra la ley. “No hay disidencia política: sostenemos los mismos argumentos, aunque hay una cuestión personal de la diputada por la cual vota negativo”, expuso.
Con respecto al radicalismo, cuyos referentes provinciales en el marco del Frente Progresista dejaron traslucir su disconformidad, remarcó que “nos paramos en lugares distintos desde que esto ingresó, el socialismo dijo “queremos debatir una ley de la democracia’ y el radicalismo dijo “no al debate’. Esta diferencia no surgió anoche”.
En cualquier caso, consideró que “esto no genera ninguna ruptura, pero sí la necesidad de avanzar en lo programático antes de discutir candidaturas, que es la postura del socialismo”.
Molestia radical con el Partido Socialista
La decisión de los diputados socialistas de acompañar el tratamiento de la ley de medios provocó un verdadero cimbronazo en el Frente Progresista de Santa Fe. “No se entiende la postura porque políticamente son funcionales al kirchnerismo, debilitan a la oposición y generan ruido en el Frente en Santa Fe” disparó el diputado radical Darío Boscarol, quien tiene junto al socialista Raúl Lamberto la copresidencia del bloque oficialista.
El enojo de Boscarol es compartido por la mayoría de los dirigentes radicales santafesinos y habían ya expuesto el tema a sus socios socialistas en las últimas reuniones políticas. Los radicales pretendían que no se repitiera lo ocurrido cuando se votó la derogación del sistema de jubilación privada donde el socialismo acompañó al kirchnerismo. “El lunes nos dijeron que no tenían posición tomada y ayer votaron al lado del gobierno nacional” se quejó Boscarol quien no duda en calificar de “error estratégico” lo realizado por sus socios locales. “Son legisladores del Frente Progresista, no del socialismo”, añadió.
El tema promete ser el central de la próxima reunión de la mesa institucional del Frente donde estará el propio gobernador Hermes Binner.
El radical no quiere entrar a discutir la letra del proyecto y dispara contra el kirchnerismo “este gobierno no tiene autoridad moral ni seriedad para aplicar esta ley. En la estatización de las AFJP -más allá del planteo de fondo- se quedaron con dinero para dárselo a los gremios y después terminar con el escándalo de los medicamentos”.
El titular del bloque del Frente para la Victoria-PJ del Senado, Miguel Pichetto, informó hoy que oficialismo pedirá el giro del proyecto de radiodifusión a sólo dos comisiones del Senado y consideró que dos semanas era un “plazo prudente” para debatir el tema, por lo que arribaría al recinto el 7 de octubre.
La información brindada por el jefe oficialista difirió completamente con la manifestada previamente por fuentes de la misma bancada, que habían asegurado que el debate se podría extender a tres semanas y que se había aceptado que el texto que llegue de Diputados fuera analizado por cinco comisiones.
Pichetto aseguró que la iniciativa será enviada sólo a las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, a diferencia de Diputados que fue analizada por tres equipos parlamentarios.
Pichetto informó que en la reunión que mantuvo con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le transmitió “una visión optimista” sobre el eventual resultado de la votación en el recinto.
Fuentes oficialistas aseguraron anoche que ya cuentan con 38 senadores propios, si concurre a la sesión el cordobés Roberto Urquía, y que el número se ampliará con los dos aliados fueguinos y el sufragio del socialista Rubén Giustiniani, si se replica la actitud de sus bloques en la Cámara baja. De cumplirse esta previsión, la norma saldría respaldada por 41 legisladores, cuatro por encima de la mayoría.
Pichetto dijo, a diferencia de lo informado con anterioridad, que “no corresponde enviar” el análisis del texto a las comisiones de Asuntos Constitucionales, ni a Derechos y Garantías ni a Educación y Cultura, como había dicho el oficialismo con anterioridad.
“Queremos tratarlo el 7 (de octubre) o a más tardar el 14” luego que el debate sea realizado en las comisiones a donde se convocarán a “entidades y grupos que no fueron escuchadas en Diputados”. Sostuvo además que la exclusión de las telefónicas, anunciada por Cristina Fernández, “fue muy positiva para sumar el apoyo de senadores” oficialistas al proyecto oficial.
El abogado constitucionalista Gregorio Badeni consideró hoy que el proyecto de ley oficial sobre medios, “al igual que la legislación vigente desde 1980 (en plena dictadura), se destaca por el afán gubernamental por establecer cuáles deben ser los contenidos de las emisiones radiales y televisivas”.
En declaraciones a radio Continental y en una nota de opinión publicada en el diario La Nación, Badeni señaló que la iniciativa “presenta graves falencias que no se compadecen con los principios elementales de las democracias constitucionales”.
“Incurre en el error de considerar que las frecuencias son bienes del dominio público estatal cuando, conforme a las convenciones y los tratados vigentes sobre la materia, ellas pertenecen a la comunidad internacional y son distribuidas entre los Estados para que reglamenten sólo sus aspectos técnicos a fin de permitir un uso racional y armónico del espectro audiovisual”, explicó el constitucionalista.
“Varias disposiciones de la norma proyectada, y hasta uno de sus capítulos, regulan los contenidos de las programaciones”, apuntó. Entre ellas, enumeró las de “promover la cultura popular; ajustarse a la ética; desarrollar una industria nacional de contenidos que difunda el patrimonio cultural; satisfacer los intereses de los usuarios; incluir contenidos de interés social; no alterar los objetivos de la programación comprometida; emitir determinados porcentajes mínimos de música nacional, o de intérpretes nacionales, o de programación propia o local, o exhibir al año seis películas nacionales adquiriendo los derechos de antena antes de la iniciación del rodaje”.
“No se cuestionan los propósitos loables que teóricamente puedan tener algunas de estas imposiciones. Pero ellas son incompatibles con la libertad de expresión. Su inserción legal, unida a la facultad otorgada a un organismo gubernamental para sancionar aquellas conductas que no encuadren en los contenidos de la norma, constituye un exceso”, resumió.
“Una vez más, advertimos que en el discurso político se procura preservar la libertad de expresión, aunque cuando ese discurso se traslada a la letra de la ley, revela su identidad autoritaria”, reprochó Badeni. Según puntualizó, “restringir la libertad de expresión con el pretexto de satisfacer el derecho a la información es una actitud que linda con la hipocresía propia de la intolerancia de los regímenes totalitarios”.
Nada que ver
La diputada socialista Laura Sesma, la única de ese bloque que votó en contra del proyecto oficial sobre medios de comunicación, justificó hoy su postura al sostener que “la letra de la ley no tiene nada que ver con lo que viene diciendo” el gobierno sobre una presunta democratización del sistema de medios.
