Stella Marys Martínez
“El servicio de defensa debe ser autónomo y autárquico”
La defensora general de la Nación considera que el organismo es clave para que se pueda llevar adelante la instancia de juicios. No a la privatización del sistema y sí a los acuerdos con entidades.
Mario Cáffaro
Stella Marys Martínez. Defensora general de la Nación, defendió la necesidad de que ese organismo así como en las provincias, tenga autonomía y autarquía para definir sus políticas y valoró la tarea de las defensorías zonales que en Santa Fe y Rosario cumplieron veinte años. Precisamente al cierre de una jornada organizada por la Corte Suprema de Justicia por ese aniversario, la magistrada vino a Santa Fe donde fue recibida por los distintos ministros del tribunal previo a su disertación.
— ¿El servicio de defensa es para los pobres?
— Defendemos a todo aquel que no tiene defensor. En lo penal, nuestra clientela más importante es gente pobre; ahora tenemos muchos defendidos imputados en causas de lesa humanidad. Se debe entender que si cuando una persona imputada penalmente no nombra defensor, si no existiera la figura del defensor oficial, los juicios no se podrían hacer. No hay juicio sin defensor.
Si la persona tiene recursos, una vez que se termina el juicio y sale condenada, se regulan honorarios que van -no al defensor en particular.- sino al Ministerio Público de la Defensa e ingresan a una cuenta especial con dos objetivos: capacitación de los defensores y servicio social para personas privadas de libertad.
En los otros fueros recurre sólo la gente pobre porque con los abogados particulares se puede hacer algo que se llama pacto de cuota litis, y entonces aunque la persona sea pobre puede conseguir un abogado.
Ahora, las defensorías de Latinoamérica estamos trabajando en una resolución para establecer lo que significa el concepto de pobreza.
— En algunos países, se privatiza el sistema de Defensa, ¿usted comparte esta postura?
— No estoy de acuerdo con la privatización lisa y llana del servicio de defensa. Es un modelo más caro y no necesariamente más eficiente. Si comparamos el modelo de defensa pública que no tiene suficientes recursos, ni materiales con un modelo como el chileno que sólo trabaja en lo penal y que tiene muchísimos recursos económicos, entonces va a parecer que ese modelo funciona mejor. Garantizo que no funciona mejor. Si esa inversión económica se hiciera en el sistema público de defensa, éste va a resultar más barato y va a funcionar igual o mejor.
— Santa Fe está en etapa de tránsito de su sistema procesal penal. ¿Cómo debe ser el instituto de la Defensa?
— El verdadero modelo de defensa y también esto vale para fiscalía, tiene que ser autónomo y autárquico. Es absurdo el modelo que sobrevive en algunas provincias argentinas donde los defensores dependen de un fiscal, esto es una contradicción en sus términos. Son figuras antagónicas, el sistema de paridad de armas exige que un defensor se enfrente en un litigio con las mismas armas que un fiscal. Si el defensor depende del fiscal esa paridad de armas se ve desdibujada. También estoy en contra de aquellos lugares donde el defensor y el fiscal dependen del sistema de administración de Justicia. Entiendo que para fortificar el sistema de administración de Justicia tiene que haber una política de defensa, y una política de persecución pública y que no pueden estar en manos de los jueces. La política de persecución pública debe estar en manos de un fiscal general o de procurador absolutamente autónomo y con presupuesto propio; la política de defensa tiene que estar en manos de un defensor general autónomo y con presupuesto propio que diseñe políticas tanto de defensa de los autores de casos penales como de acceso a la justicia.
El defensor puede realizar -yo lo hago- convenios con el Colegio Público de Abogados para patrocinar personas que quieren intervenir como querellantes en los juicios en que no podemos absorberlos porque sólo patrocinamos querellas en casos de violencia institucional. Así cuando nos vienen a pedir patrocino los derivamos por el convenio. Este sistema es válido, pero quien maneja la estructura es el defensor general. La autarquía y la autonomía permiten señalar una línea de defensa, una política pública de defensa y esto es fundamental, yo administro los recursos, veo qué área hay que reforzar, qué área está débil. Quien no maneja presupuestos no puede diseñar una política y si no se diseña una política, la supuesta paridad de armas, el supuesto sistema armónico que opera como frenos y contrapesas como nuestro sistema constitucional es una mentira.
