Ley de medios en el Senado

El oficialismo acota el debate y

la oposición puntea artículos

El kirchnerismo insistía con derivar el proyecto a sólo dos comisiones. La UCR votaría el texto si se cambia su “lógica autoritaria”. El PRO presentó una variante para diciembre. La vía judicial.

De la redacción de El Litoral

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CMI/DyN

Mientras el senador José Pampuro, a cargo provisionalmente de la titularidad de Senado definirá hoy a qué comisiones derivará el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que recibió media sanción de Diputados, el bloque oficialista anticipó su rechazo a introducirle modificaciones a la iniciativa, como pretenden las bancadas opositoras.

La reunión que mantenían hoy los titulares de los distintos bloques será determinante para la metodología que tendrá el tratamiento del proyecto en la Cámara Alta: hasta el viernes, Pampuro tenía en mente buscar un equilibrio entre el reclamo opositor, de derivar la ley a cuatro o cinco comisiones, y el del titular del bloque del Frente Para la Victoria, Miguel Pichetto, de hacerlo sólo a dos: Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, y Presupuesto y Hacienda. Algunas versiones sugirieron este fin de semana que la presidenta Cristina Fernández había dado la indicación de girar el texto a esos dos cuerpos únicamente.

Buscando cambios

Después de que el presidente del bloque, Ernesto Sanz, confirmara que esta vez la estrategia de la oposición será quedarse a debatir artículo por artículo en el recinto, el titular de la UCR y senador por Jujuy, Gerardo Morales, afirmó esta mañana que la fuerza que lidera apoyará en la Cámara Alta la ley de medios que impulsa el oficialismo, “si se modifica la lógica intervencionista y autoritaria” que, según interpretó, subyace en la norma.

“Queremos que haya ley, y si hay cambios, es correcto” que la UCR apoyará la norma que ya cuenta con media sanción de Diputados, dijo Morales a las radios 10 y Mitre. “Los cambios que pretendemos tienen que ver con (eliminar) la lógica intervencionista y autoritaria del proyecto, no sólo en la autoridad de aplicación y en su falta de independencia (del Poder Ejecutivo), sino también en la normativa sancionatoria, que es laxa y difusa, y artículos como el 32, que reserva al Poder Ejecutivo la adjudicación de licencias, y el 113 y el 161, sobre los tiempos para que los grupos económicos se desprendan de los medios”, enumeró el legislador jujeño.

Desde el oficialismo, Pichetto salió a aclarar que el proyecto no será modificado durante su tratamiento en el cuerpo, y les recordó a los senadores de la oposición que sus diputados “abandonaron su compromiso parlamentario de permanecer en sus bancas y votar. Seguramente un artículo que hoy está en discusión y que es muy importante podría haber sido cambiado”, chicaneó.

Proyecto revisor

Los legisladores de PRO y el peronismo disidente buscaron, en cambio, otra estrategia y ayer dieron a conocer un proyecto de ley de medios audiovisuales con el que buscarán modificar el texto de la norma actualmente en debate luego del recambio legislativo de diciembre, cuando la relación de fuerzas dentro del Parlamento disminuirá el poder el bloque oficialista.

Este proyecto dispone la independencia de la autoridad de aplicación al darle carácter no gubernamental, descentralizado y con autonomía funcional y financiera, y cuyo consejo directivo será designado por concurso público.

Además, extiende a 5 años el período que debe transcurrir para realizar la revisión de las condiciones técnicas de la prestación del servicio, pero amplía la concentración de medios por parte de un mismo grupo al fijar que podrán tener no más de una radio y una TV, abierta o por cable “por cada localidad”, y llevar a quince años el plazo de duración de esas licencias.

Piden una revisión

La Academia Nacional de Periodismo expresó su preocupación por el “daño impredecible” que el actual proyecto de ley de Servicios Audiovisuales podría causar “al principio supremo de la libertad de expresión, pilar indiscutido del sistema constitucional democrático”, por lo cual reclaman un debate “amplio y plural” sobre comunicación y democracia, y una estricta revisión del texto en el Senado.

“No se pone en duda la necesidad de un marco normativo destinado a coordinar la explotación de las licencias y titularidades de los medios electrónicos de consumo masivo. Todo lo contrario: se aspira a que la dirigencia política, que ha llegado con mora a ese debate, lo considere ahora como una gran oportunidad. Una oportunidad para recuperar el sentido de construcción que tiene la política y mostrar que en asuntos decisivos para la defensa de valores fundamentales de la convivencia democrática, se pueden y se deben alcanzar amplios consensos, logrados con respeto por los principios constitucionales y los modos republicanos capaces de dotar de perdurabilidad a la norma”, sostuvo la organización, en un documento firmado por Bartolomé de Vedia.

Por ello, consideran que la actividad regulatoria no debería quedar a cargo de una autoridad de aplicación dependiente del poder político, sino que tendría que ser confiada a un organismo técnico independiente. “De lo contrario podría afectarse arbitrariamente el pluralismo informativo y se subordinaría la habilitación de las licencias al interés impredecible o azaroso del gobernante de turno”, argumentan.

También consideran inapropiados el contexto y las circunstancias en que se promovió el debate, “condicionado por imposiciones y urgencias poco propicias para una elaboración legislativa serena y fecunda”. Al respecto, toman nota de “la intención expresa y directa de perjudicar a un determinado sector de la industria periodística”, que en ningún caso puede presidir el nacimiento de una norma legal.

Tampoco ha quedado debidamente en claro -sostienen- cuál es el concepto válido de los llamados medios de información estatales o de la pretendida “televisión pública”, por lo cual reclaman una diferenciación eficaz entre lo “público” y lo “gubernamental”, con la intervención de autoridades designadas por concurso y una gestión “liberada de interferencias provenientes del poder político”.

La inédita demora “para pasar en limpio” el proyecto permitió que arribe con José Pampuro a cargo del Senado, mientras Julio Cobos reemplaza a la presidenta.

Foto: DyN

Qué cambia para el consumidor

Habrá más programación local. Esto supondrá una carga para las emisoras, y no se garantiza la calidad.

No desaparecen las cadenas nacionales de noticias. En el caso más emblemático, que es el de TN, ésta se podrá seguir viendo aquí, pero sólo si pasa a manos de otro dueño -que a su vez no sea propietario de un servicio de televisión por cable-, salvo que se opte por convertirla en una señal local para Buenos Aires.

Se limitan las estaciones radiales de una misma cadena. Por ejemplo, Cadena 3 sólo podría quedarse con 10 de las 19 licencias que tiene.

Ya no se podrá escuchar la programación completa de radios de Buenos Aires. Por ejemplo, en nuestra ciudad, Mitre, Radio 10 o Del Plata sólo podrán reproducir 8 horas de la programación original. El resto tendrá que ser generado aquí.

El gobierno controlará los contenidos a través de la autoridad de aplicación que, tal como está, será controlada por el oficialismo. Pero ese control debería limitarse -al menos teóricamente- a que se cumplan los porcentajes de producción nacional y local, y a que no haya contenidos discriminatorios.

Habrá más estaciones y programas de gremios y ONG, cuya cantidad y nivel de producción dependerá del financiamiento con que cuente cada una.

El grupo Clarín tendrá menos inserción: para poder seguir actuando como cableoperador, deberá desprenderse de abonados para no exceder el 35 % del mercado, y también de canal 13 y sus canales de televisión paga.