Opinión

¡Más de 30.000 desaparecidos presentes!

Agrupación Hijos y Mesa por Juicio y Castigo

Desaparecer personas es una metodología siniestra que durante años las fuerzas armadas y de seguridad utilizaron en Argentina para eliminar el reclamo social, frenar la protesta, enriquecerse ilícitamente, borrar las pruebas de sus delitos y someter a nuestro pueblo a un estado de miedo e incertidumbre permanente.

Los desaparecidos y desaparecidas argentinos tienen el triste privilegio de ser tan populares como Maradona fuera y dentro de nuestro país. La desaparición de personas es uno de los delitos más aberrantes que existen en el mundo, cometido por las fuerzas armadas y de seguridad, comandadas por los militares, y respaldado por los grandes empresarios a los que nunca les interesó el país.

En 1978, los cálculos hechos por la inteligencia militar argentina y recuperados por la Dina chilena, hablan de 22.000 víctimas, cifra de la que dan cuenta los jefes del Ejército Argentino, según Díaz Bessone más de 150.000 efectivos de las instituciones del Estado nacional participaron de la represión. Según Benjamín Menéndez, las organizaciones armadas reunían 40.000 personas, que él y el Ejército Argentino aniquilaron.

Los desaparecidos en la Argentina no eran indocumentados, tampoco pertenecían todos a organizaciones armadas (como declaró Menéndez) o de un mismo color político, los desaparecidos eran todos luchadores del campo popular razón por la cual fueron desaparecidos: para indocumentar su muerte.

Los/as 30.000 desaparecidos/as no son un invento de los Organismos de Derechos Humanos, o de los familiares de las víctimas. Son el saldo sangriento que la última dictadura militar dejó en nuestro país -según sus propios testimonios- para imponernos, a todos, sus planes económicos de hambre, miseria y miedo.

La desaparición de personas es un delito que no está contemplado como tal en el Código Penal Argentino, pero sí en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos que se encuentran incorporados a nuestra Constitución Nacional y que son ley aplicable en nuestro país. Lo que para algunos es nada más que “éticamente condenable”, para la Comunidad Internacional y el pueblo es un delito contra la humanidad, imprescriptible, que sólo puede tener como resultado la cárcel común perpetua y efectiva.

Son 30.000 los desaparecidos para el saber popular, son mucho más para el represor Luciano Benjamín Menéndez, son mucho menos para los defensores y cómplices de los genocidas.

Las verdades imparciales, pseudo-objetivas, sustantivas y cualitativas que sólo favorecen a los genocidas son una forma más de enredarnos y confundirnos con mentiras. ¿O acaso cambiaría la historia si la cifra fuera de 5.000, 10.000, 20.000 ó 50.000 aniquilados? Los números no cambian, la única verdad de fondo: que desde el Estado se implementó un plan sistemático de exterminio. El dolor por nuestros muertos no es un tema contable. Si fuera de las consignas populares, se estableciera que las víctimas de genocidio son más de 30.000, no será eso un motivo de satisfacción; si fueran menos, no bajará en nada la intensidad de nuestro reclamo de justicia.

Santa Fe vive un momento crucial al iniciarse las audiencias del juicio oral contra los genocidas que operaron en nuestra zona. En este trance histórico de lucha por la justicia que despierta expectativas nacionales e internacionales, Rogelio Alaniz ha entendido oportuno ocupar sus espacios radiales y gráficos para militar por verdades ajenas y numéricas. A diferencia de Oscar del Barco, ni una sola verdad de autocrítica y dolor arriesga sobre sí mismo o sobre los medios en que publica. Intenta un discurso con las preocupaciones de rigor metodológico propias de las discusiones científicas en las que nunca ha podido desempeñarse dignamente, pero lanzado desde los medios masivos para cumplir con un activismo político en contra de los lemas de la memoria colectiva con los que rápidamente el pueblo piensa en los horrores de la dictadura.

Curiosamente, Rogelio Alaniz dice admirar a algunos desaparecidos, y hasta juega con la idea de que éstos puedan coincidir con alguno de sus criterios, la verdad es que Santucho, Rodolfo Walsh o el Paco Urondo no coincidirían con Rogelio Alaniz ni en un saludo por la calle.

Pero el señor Alaniz sí coincide y repite el discurso de la Pando, del curro Ramos o de Videla; sólo que estos personajes no se disfrazan de académicos de los favores, ni de éticos inocentes que en pleno proceso judicial contra los genocidas argentinos, utiliza los medios de difusión para repetir lo que los genocidas piensan, ellos abiertamente se declaran a favor de los genocidas y así, por lo menos, no nos confundimos.

En estos días, tan importantes en el impulso del juicio oral contra Brusa y sus cómplices de genocidio, la Federación Universitaria del Litoral (FUL) ha tenido la buena idea de juntar a Alaniz con otra matemática: Graciela Fernández Meijide, quien también se pronunció por la minimización aritmética de los estragos genocidas del terrorismo de Estado. Esperemos que al compartir panel no se entusiasmen por insistir con el prólogo del “Nunca más” e intenten dar vida a la obsoleta y abyecta teoría de los dos demonios. Pero como son dos que no desperdician oportunidad de enarbolar toda teoría numérica que sea suficientemente retrógrada y simpática para el partido de la impunidad, nunca se sabe.

Desde la Mesa por Juicio y Castigo y Agrupación Hijos invitamos, por el contrario, a acompañar, no numérica, sino personalmente el avance del juicio por el máximo castigo legal contra estos genocidas.