CASO INÉDITO

Un juez demanda a la provincia porque

le negaron ser ascendido a camarista

De la Redacción de El Litoral

El juez de Faltas de Rafaela, Fernando Ferrer, presentó una acción de amparo ante el Juzgado en lo Civil y Comercial de la Primera Nominación de Santa Fe, porque el 27 de agosto pasado la Asamblea Legislativa le negó el acuerdo para que sea ascendido a camarista en lo Penal. El juez Osvaldo Celli declaró admisible la presentación y otorgó a Fiscalía de Estado un plazo de cinco días para responder al planteo.

Aquel día, los legisladores del Frente Progresista (con excepción del demócrata progresista Gabriel Real, que se abstuvo) fueron los encargados de votar por el dictamen de la Comisión Bicameral de Acuerdos que recomendó el rechazo del pliego, también con las firmas del oficialismo. Todos los bloques del PJ se abstuvieron, tanto los seis que forman el abanico opositor peronista (minoritario) de la Cámara de Diputados, como el único justicialista (mayoritario) del Senado.

El juez Ferrer no había sido objetado en el proceso de selección de candidatos. Sin embargo, en la audiencia ante los miembros de la Bicameral, los legisladores consideraron que no existió autocrítica del magistrado por el hecho de haber sido juez durante la pasada dictadura y haber jurado ante los estatutos del Proceso de Reorganización Nacional.

Según el abogado Carlos Caballero Martín, representante de Ferrer, “la negación del acuerdo legislativo por estos motivos es una clara muestra de discriminación y atenta contra los derechos humanos”.

El amparo se basa en en varios ejes. En primer lugar, plantea la nulidad de la Asamblea Legislativa por expiración de los plazos reglamentarios. Según Caballero Martín, el cuarto intermedio estaba vencido, lo que representa “un defecto formal”.

También hay un planteo de nulidad “por decisión extemporánea, porque pasaron los 30 días desde el ingreso del pliego. Si bien hubo suspensión de actividades, no existió un receso, ya que la Constitución habla de receso sólo fuera de período ordinario de sesiones”.

El abogado planteó, además, que “el dictamen no es válido porque la Comisión de Acuerdo está compuesta por doce legisladores y sólo firmaron cuatro”.

Otro de los hechos que motivaron la presentación es que “en el dictamen no aparecen fundamentos expresos. Por lo tanto, a mi patrocinado se le negó el derecho de defensa. Si se lo hubiera atacado por algo, se habría defendido”.

Caballero Martín hizo hincapié en que Ferrer es “un juez de la democracia, porque ejerce desde 1989 como magistrado de Falta en Rafaela, cargo al que llegó con acuerdo de la Asamblea Legislativa. Es un juez probo, al servicio de la democracia y al de la República”.

El juez Celli podría haber rechazado la presentación o pudo haberse declarado incompetente. Sin embargo, aceptó la acción de amparo que demanda a la provincia y/o al gobierno, ya que en la selección de jueces intervienen tanto el Ejecutivo como el Poder Legislativo.