Sanción de dos piezas clave
para el nuevo sistema penal
La Cámara de Diputados aceptó los cambios introducidos siete días atrás por el Senado a ambos institutos. El fiscal general y los cinco regionales al igual que defensor general y otros tantos zonales surgirán por concurso público de oposición y antecedentes y deberán tener acuerdo legislativo.
Mario Cáffaro
La Cámara de Diputados aceptó -por unanimidad- las reformas introducidas -por unanimidad- en el Senado de la provincia a los proyectos que disponen la creación del Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público provincial de Defensa Penal y por ende dejó sancionados ambos institutos clave para la puesta en vigencia integral del nuevo Código Procesal Penal aprobado dos años atrás.
La decisión de la Cámara Joven fue acordada en Labor Parlamentaria y expresada en una corta sesión realizada ayer donde además acordó tratar con preferencia el tercer asunto referido al nuevo sistema penal que reformó siete días atrás el Senado y que refiere a la organización de los tribunales penales.
Con el paso dado ayer por Diputados son tres ya las leyes sancionadas de las cinco impulsadas en febrero de este año por el Poder Ejecutivo que buscan dotar al nuevo sistema penal de modernos modelos de gestión. “La sola modificación del Código Procesal Penal sin dotarlo de leyes organizativas acordes implicaría, sin lugar a dudas, la imposibilidad de poner en marcha la totalidad del modelo. La estructura actual actuaría como un verdadero corsé asfixiante que impediría la aplicación de nuevas reglas de juzgamiento y la posibilidad de superar viejas prácticas judiciales”, decía entonces el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti al presentar el paquete de proyectos ante la Legislatura. Ayer, el funcionario saludó la “madurez política” de la Legislatura que votó estas leyes en pleno proceso electoral y las consideró “el cambio institucional más importante que vive la provincia después de la reforma constitucional de 1962”. En tanto, el diputado oficialista Pablo Javkin (ARI) consideró que “la ley del ministerio público fiscal es el avance institucional legislativo más fuerte de los últimos años en la provincia”.
Corta sesión
A pocas horas del acto comicial del domingo, Diputados respetó a rajatabla los acuerdos parlamentarios de dos semanas atrás cuando los jefes de bloques resolvieron no sesionar el pasado jueves y hacerlo esta semana en horas de la mañana para permitir la participación de los integrantes en los actos de cierre de campaña en cada una de sus localidades.
En la reunión de Parlamentaria, los representantes del oficialismo propusieron tratar los proyectos reformados por el Senado y en forma inmediata dieron su apoyo dos de los cuatro representantes del justicialismo aunque finalmente en el recinto todos votaron afirmativamente. También aprobaron la declaración de patrimonio histórico provincial al edificio de la Escuela Normal Superior número 2 de Rosario; el pedido de una delegación del Nuevo Banco de Santa Fe en Pujato, Dpto. San Lorenzo, y renovaron para la semana próxima una quincena de proyectos con preferencia.
A la hora de tratar los dos nuevos institutos, el socialista Raúl Lamberto saludó los consensos alcanzados en el Senado “sobre temas que son cuestiones de Estado”. En tanto, Jorge Lagna asumió la voz del justicialismo, sector que se había abstenido de votar ambos temas en el primer paso por la Cámara. Recordó que entonces objetó el proyecto del Ejecutivo y se inclinaba por el elaborado en el plan estratégico para la justicia santafesina que hablaba de un solo ministerio bicéfalo. “Ése fue el sentido de nuestra abstención. No hicimos dictamen de minoría en aquel entonces para evitar que se entorpezca el debate en la Cámara revisora. Apoyamos los cambios introducidos y acompañamos el consenso. El nuevo sistema penal tiene que ser puesto en marcha cuanto antes”, acotó.
Las características
El Ministerio Público de la Acusación tendrá a su cargo la persecución penal en la provincia, será un órgano autárquico y autónomo a cargo de un fiscal general -que no será el procurador general de la Corte, que no recibirá instrucciones del poder político, y que tendrá periodicidad en el cargo al igual que los cinco fiscales regionales. El fiscal general y los cinco regionales al igual que los defensores serán seleccionados en concurso público y deberán tener acuerdo de la Asamblea Legislativa.
“El nuevo modelo procesal busca romper con las prácticas burocráticas asegurando un principio acusatorio con plena oralidad lo que hará de las audiencias (sea en etapas iniciales, intermedias o de juicio) los actos centrales del procedimiento”, dice el mensaje del Ejecutivo.
Lamberto recordó ayer que “el Ministerio Público de la Acusación tendrá a su cargo la formulación y ejecución de la política de persecución penal pública; la orientación de las víctimas y la dirección de la investigación criminal. El Ministerio se asentará en los pilares de autonomía funcional, autarquía económica, unidad de actuación, precisión en la misión y función institucional, orientación a las víctimas y flexibilidad de la organización”.
En tanto, el sistema de defensa oficial fuerte también a cargo de un defensor general y cinco regionales, apunta a tener un despliegue territorial adecuado para que cada imputado tenga su defensor y un sistema de controles con auditorías tanto de los aspectos cualitativos como de los cuantitativos.
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