Un desorden que ataca a la democracia
Es importante que la presidenta de la Nación haya admitido que los piquetes violan los derechos de otras personas. Es importante, porque esta reflexión proviene de la máxima autoridad política de la Argentina y, al mismo tiempo, implica un reconocimiento tácito de errores cometidos en este campo.
A decir verdad, los errores respecto de la endemia nacional de piquetes alcanzan a la totalidad de la clase dirigente que, por un motivo u otro, ha consentido una metodología de protesta ilegal, violatoria de derechos constitucionales, que afecta el trabajo, la producción, la convivencia, y produce graves daños a la imagen del país.
Sería deseable que las palabras pronunciadas por Cristina Kirchner no sean producto de las circunstancias, sino nacidas de la convicción de que ninguna sociedad es políticamente viable si cada manifestante -por la razón que sea- recurre a los cortes de tránsito para hacerse oír.
La pasividad de las autoridades ha disparado una escalada de proporciones que hoy paraliza a diario las ciudades del país y erosiona la legitimidad del poder democrático. La táctica de hacer la vista gorda lesiona las instituciones y alienta rebeliones que escapan al control de las autoridades.
Los recientes acontecimientos en la empresa Kraft son paradigmáticos, porque dan cuenta de una situación que sobrepasó a la dirigencia y el funcionariado público. Una protesta gremial conducida por grupos de ultraizquierda derivó en la toma de la empresa y el consecuente despido de los activistas. La decisión empresaria reactivó a los grupos piqueteros que procedieron a cortar el tránsito en diferentes accesos a la ciudad de Buenos Aires.
Quienes tenían la responsabilidad de haber controlado esta situación fueron desbordados. Dirigentes sindicales de la vieja guardia, desprestigiados ante los trabajadores que censuran su corrupción, quedaron marginados de las negociaciones. En tanto, las autoridades del Ministerio del Trabajo no han sido capaces de desplegar una efectiva estrategia de conciliación. Y a ello se sumó la inoportuna intervención de la embajada norteamericana y la rigidez de la propia empresa para negociar.
En ese contexto, a nadie le debe llamar la atención que la situación se haya desbordado. En la Argentina, no están hoy puestos en discusión el capitalismo ni la legitimidad de las autoridades, pero no hay que esperar que se llegue a ese extremo para intervenir.
Los grupos de ultraizquierda y las diversas manifestaciones del piqueterismo pueden perturbar, pero no están en condiciones de ofrecer ninguna alternativa válida ni consistente a la sociedad. Ello no es óbice para que el gobierno ejerza su responsabilidad y autoridad, deberes que alcanzan a los dirigentes sindicales y a la clase política en su conjunto. Es necesario insistir en que la democracia -como sistema- es un orden instituido por mandato del pueblo y, como tal, debe ser reconocido y respetado.
