Mecanismos de participación ciudadana
Regulan la Audiencia Pública
En Diputados hubo diferencias entre el Frente Progresista y el justicialismo sobre los alcances de la figura.
Mario Cáffaro
La Cámara de Diputados de la provincia aprobó -después de varios meses de debate en comisiones- un proyecto de ley regulando el sistema de Audiencias Públicas en la provincia y giró el tema en revisión al Senado, cámara que puso en marcha una instancia similar ante el tratamiento de la llamada ley de Medios en el Congreso de la Nación.
El asunto llegó al recinto con dictámenes de mayoría y de minoría. El radical Hugo Marcucci fue el encargado de fundamentar el primero diciendo que “es la herramienta cuyo objetivo es que la población pueda debatir y exponer sus puntos de vista sobre temas fundamentales para la provincia”. Por su parte, el justicialista Mario Lacava expuso las diferencias con el oficialismo, basadas especialmente en la necesidad de incorporar esa instancia como obligatoria para una serie de cuestiones que se definen desde el Estado, como los aumentos de tarifas en EPE y Assa.
Tres proyectos confluyeron en el análisis de las comisiones de Derechos y Garantías, Obras Públicas y Asuntos Constitucionales. El primero había sido firmado por Alicia Gutiérrez (SI) con sus pares Antonio Riestra, José Tessa y Pablo Javkin; el segundo es de Lacava, Marcelo Gastaldi, Oscar Urruty y Norberto Nicotra, y el tercero, de los radicales Marcucci, Alfredo Menna, Santiago Mascheroni, Carlos Fascendini y Mónica Peralta.
“La Audiencia Pública es un mecanismo que apunta a profundizar la democracia y permitir que el ciudadano y las organizaciones no gubernamentales puedan participar activamente de los debates, las discusiones, generar opiniones; estar en instancias sobre grandes temas donde la población debe ejercer su rol, que es profundizar el debate para construir una sociedad mejor”, dijo Marcucci.
El radical recordó que, desde 1994 y tras la reforma constitucional nacional, se abrieron nuevas instancias de participación que todavía no han llegado a Santa Fe, pese a los intentos en legislaturas anteriores de hacer prosperar proyectos sobre audiencia, consulta popular, iniciativa popular, etcétera. “Fueron 25 años durante los que no encontraron o no pudimos encontrar la forma para sancionar e incorporar a la institucionalidad las audiencias públicas”, le reprochó al justicialismo.
“Traemos al recinto la posibilidad de que los santafesinos puedan contar con esta herramienta, que tiene como principal objetivo que -previamente a cualquier decisión- la población pueda debatir, hacer conocer sus opiniones acerca de distintos temas fundamentales para una provincia. La figura no tiene ninguna restricción y habilita a que cualquiera de las cuestiones que preocupen a la ciudadanía sea debatida. La audiencia tampoco genera restricciones a la participación de cualquier ciudadano u ONGs”. Explicó que podrá ser convocada por los poderes Ejecutivo o Legislativo y a instancias de los ciudadanos, cumpliendo un mínimo de firmas, según la temática sea provincial, regional o local.
“En definitiva, el mecanismo no hace más que fortalecer a la sociedad civil y a la democracia, consolidando la transparencia y el debate previo a la toma de decisiones”.
Temas puntuales
Por su parte, Lacava explicó que la minoría firmó un dictamen marcando tres diferencias en otros tantos artículos al oficialismo; definió a su proyecto como “más participativo y transparente”, y determina un sistema de audiencia de carácter consultivo, no vinculante y obligatorio para los casos de aumentos de tarifas, renegociaciones de contratos y designaciones de vocales en organismos de control.
El diputado obeidista propuso la audiencia obligatoria cuando se pretenda modificar los cuadros tarifarios de EPE y ASSA, para renegociar contratos de obras o servicios públicos concesionados, toma de créditos para obras, contratación del agente financiero y temas sobre medio ambiente. “Nuestro dictamen es una ley, no un reglamento prolijo como establece el texto de la mayoría”, acotó.
El socialista Lamberto replicó que nada impide que esos temas se incluyan en la Audiencia Pública, pero le recordó que las figuras se incluyeron para discutir aumentos de tarifas en las empresas concesionarias de servicios públicos “como garantía del control ciudadano”, y le hizo ver al justicialismo que varios municipios de la provincia -entre ellos, Rosario- tienen dictadas ordenanzas desde hace años regulando el sistema.
