Fuerte reclamo a la provincia
Profundo malestar en Rafaela
por la creciente inseguridad
Una tensa reunión entre la Comisión de Seguridad del Consejo Consultivo Social local con vecinos y representantes de la cartera de Seguridad, terminó con un marcado malestar de los rafaelinos participantes ante la imposibilidad de los funcionarios de dar respuestas a las demandas.
Agencia Rafaela
Delitos contra la propiedad y las personas, registrados en los últimos días, drogas y la irrupción de dos casos que inquietan a la opinión publica como son el de un sacerdote que fue privado de su libertad y asaltado en su parroquia y el de cuatro adolescentes (entre 12 y 14 años) que tienen en vilo a todo un barrio del norte del ejido urbano, sin que se pueda actuar por los baches en la instrumentación de la ley, fueron los temas debatidos en la reunión que contó con la presencia del secretario de Seguridad Comunitaria de la Provincia, Enrique Font, y del director de Prevención y Seguridad Comunitaria, Francisco Broglia.
Hubo críticas al ministro Daniel Cuenca por no contestar las reiteradas invitaciones a participar en estos encuentros y cuestionamientos a la falta de claridad en la aplicación de la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
El Salón Verde del edificio municipal, se vio colmado con la presencia no sólo de representantes de todas las instituciones intermedias que componen el Consejo Consultivo, sino también del obispo Carlos María Franzini, el intendente Omar Perotti, funcionarios del municipio, la diputada Rosario Cristiani, el senador Alcides Calvo, el jefe de la UR V, Crio. Carlos Amable, la totalidad de los concejales y gran cantidad de vecinos que aguardaban con expectativas la llegada de los representantes del Ministerio de Seguridad.
Pero, el encuentro se tornó decepcionante, cuando, luego de los planteos sobre la preocupación y la necesidad de una urgente intervención de la provincia, ante lo que se entiende como una agudización de la inseguridad en la ciudad, incluso con una sucesión de relatos, en algunos casos expuestos por las propias víctimas con inusual crudeza, los funcionarios sólo pudieron dar como respuesta la de comenzar a “articular acciones y establecer un canal de diálogo con el municipio” y afirmar que “hay voluntad política y compromiso para intervenir en estos casos, pero no hay recetas fáciles”.
Esta respuesta, que contrasta con la premura en lograr la asistencia de la provincia para frenar la tendencia a una mayor inseguridad, reavivó el reclamo de contar la presencia del ministro Cuenca en la ciudad, y desde la Comisión de Seguridad se lamentó que, en los últimos tres meses, el titular de la cartera fue invitado a todas las reuniones sin tener respuesta alguna. También la diputada Cristiani recordó sus gestiones para lograr su presencia en Rafaela o la del secretario de Seguridad, Carlos Iparraguirre, pero, señaló “mis llamados y mensajes nunca fueron siquiera contestados”.
Se necesitan más efectivos
El reclamo de mayor número de policías para contener el delito corrió por cuenta del intendente Perotti quien indicó que Rafaela “no pretende ser una excepción, pero ésta es una coyuntura excepcional y requiere una intervención extraordinaria o distinta con la asignación de mucho más personal, además de presupuesto e infraestructura”. Igualmente, el titular del Departamento Ejecutivo rafaelino lamentó porque “siempre se dan las altas, pero no se difunden las bajas de los efectivos”.
La otra cuestión que acaparó la atención del encuentro fue la referida al abordaje de los temas vinculados con casos sociales y conductas de menores y adolescentes que deben ser tratados en el marco de la ley nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a la que la provincia adhirió (mediante la Ley Provincial 12.967) en vigencia desde el pasado mes de mayo. De acuerdo con la norma se determina que la intervención, en primera instancia, corresponde al Estado municipal y ante el desborde de la situación debe ser atendido por la provincia, a través de la Delegación Oeste de la Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia.
En este sentido, las críticas apuntaron a las falencias que presenta el funcionamiento de la ley ante la falta de claridad en cuanto a: en qué casos se debe dar la intervención municipal y en cuáles debe hacerlo la provincial, como consecuencia de no estar aún reglamentada, a pesar de haberse superados los 90 días fijados al momento de su aprobación. De igual manera, se reprochó a la provincia no haber asignado todavía los recursos comprometidos al momento de la adhesión.
