En la web de la provincia
UPCN no quiere que se difundan
los nombres de agentes públicos
Por decreto, el Poder Ejecutivo dispuso que se cuelguen en Internet los datos de todos los empleados estatales y personal político. El gremio se opuso porque considera que se viola el derecho a la intimidad del trabajador.
De la redacción de El Litoral
Mediante el decreto Nº 1.774, el gobernador Hermes Binner creó el “Sistema Provincial de Información Mínima Publicable respecto de agentes públicos”, que implica la difusión en la página web oficial del listado completo de los agentes públicos en actividad y también de los que hayan cesado en sus funciones, en el ámbito del Poder Ejecutivo.
La medida, según argumentaron, pretende transparentar la gestión de gobierno, pero provocó la reacción negativa del gremio UPCN, que emitió un comunicado de prensa para rechazar la disposición. “Siempre estuvimos a favor de situaciones que impliquen una transparencia de los actos públicos, en la medida en que éstas no agredan ni afecten la intimidad de los involucrados. UPCN rechaza de plano cualquier decisión que atente contra la seguridad de los empleados públicos, brindando datos personales que puedan agredir o afectar su intimidad”, sostiene el documento del sindicato.
La comisión directiva del gremio advirtió que “no se puede, en nombre de la transparencia, exponer datos que hacen a la privacidad de una persona, más aún cuando se desconoce quién y con qué fin los podrá solicitar y consultar”.
UPCN aclaró que comparte con el Poder Ejecutivo provincial “la necesidad de echar luz sobre los actos públicos, pero de ninguna manera coincide en que esto sea a costa de violar el derecho a la intimidad de las personas y poniendo en riesgo su seguridad”.
Aplicación
Según el decreto, que además de la rúbrica de Binner lleva las firmas de los ministros Antonio Bonfatti, Ángel Sciara y Héctor Superti, la autoridad de aplicación de la norma será la Subsecretaría de Recursos Humanos y la Función Pública, dependiente del Ministerio de Economía.
El decreto establece que “la incorporación de la información a las bases de datos -que serán actualizadas al menos una vez al mes-, y su publicación se realizarán en forma progresiva, comenzándose por el personal político”. Asimismo, invita a adherir al sistema a los poderes Legislativo y Judicial, a las municipalidades y comunas de la provincia.
La base de datos de los agentes públicos en actividad contendrá la nómina completa del personal que preste servicios en relación de dependencia y/o como personal político a las órdenes del Poder Ejecutivo, ya sea en el ámbito de la Administración Pública Provincial Centralizada y/o Descentralizada, entes públicos no estatales y/o privados, empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades anónimas del Estado, sociedades de economía mixta, empresas y entes residuales, entes interestatales y todas aquellas organizaciones empresariales donde el Estado Provincial, a través de su administración centralizada y/o descentralizada, tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias”.
Qué se publica
Los datos que se deberán publicar son: número de documento del agente, tipo de vinculación que mantiene con el Estado, fecha de ingreso y/o de vinculación con el Estado, cargo, categoría, función que desempeña y organismo donde presta servicios, norma por la cual se lo designa en la actual función, y sueldos netos de descuentos legales.
Respecto de los agentes que hayan dejado de prestar servicios, la base de datos contendrá la fecha de la desvinculación, y la norma y/o causa por la cual se produjo la misma.
Entre los fundamentos del decreto se menciona “el principio de transparencia activa”, según el cual “el Estado debe poner a disposición del público, sin necesidad de que medie solicitud por parte de éste, información que se encuentre en su poder referida a la gestión de políticas públicas”. También menciona que “la publicidad de la información relativa a la actividad estatal contribuye a la transparencia de la gestión pública”, así como el control de la misma por parte de la ciudadanía.
