Conflicto latente
Personal penitenciario sigue en
estado de alerta y movilización
Emitieron un documento en el que advirtieron que muchas de las promesas que formularon oportunamente las autoridades del sector no fueron cumplidas. Se definieron como “trabajadores de la democracia”, y dijeron sentirse en peligro.
De la redacción de El Litoral
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Guardiacárceles de penales de toda la provincia emitieron un extenso documento en el que advierten que el sector “permanece en estado de alerta y movilización” porque las autoridades no están escuchando sus reclamos.
Hace un mes, los penitenciarios protagonizaron una protesta inédita frente a la Legislatura y la Casa Gris, a fin de exigir mayores condiciones de seguridad para desempeñar sus tareas, y mayor participación a la hora de discutir normativas inherentes a su desempeño laboral, como la reglamentación de la Ley de Ejecución Penal y la Ley Orgánica del Personal Penitenciario. Tras los reclamos, se produjeron reuniones con las máximas autoridades del Ministerio de Seguridad, donde se acordaron algunas medidas que permitieron descomprimir el conflicto.
Pero ahora los agentes consideran que esas medidas no se cumplieron o se cumplieron a medias, y advierten que el malestar en las filas continúa. En un comunicado que lleva la firma de la abogada patrocinante de los empleados, Cecilia Tovar, aseguraron que, “hasta el momento, no se tomó ninguna medida ni se revirtieron las órdenes impartidas en cuanto a la requisa ni en lo referente al alojamiento de internos en los pabellones de mayor seguridad”.
Sobre la pretensión de que se dejara sin efecto la reglamentación de la nueva Ley de Ejecución Penal, advirtieron que el gobierno decidió sólo “suspender el reglamento por 45 días para discutirlo con el personal, pero no implementó ninguna modalidad para llevar a cabo ese debate”. Además, advirtieron que el Organismo Técnico Criminológico “sigue trabajando conforme el protocolo de intervención que contiene los lineamientos” del proyecto en cuestión. Para los agentes, el gobierno “no demostró interés en introducir modificaciones”.
Otros planteos
Los agentes recriminaron la promesa del ministro de Seguridad, Daniel Cuenca, de visitar todas las unidades carcelarias. “Sólo fue a Coronda y el personal no pudo expresar realmente la problemática. Dialogó con un grupo reducido de empleados y no reparó, por ejemplo, en las falencias físicas de la unidad”, dijeron.
También denunciaron el nombramiento de Ariel Monti como subdirector de Régimen Correccional, por encima de los directores de las unidades penitenciarias. “Ello provocó malestar del personal, ya que Monti fue director de Piñero y su mal desempeño fue el motivo de la primera movilización de guardiacárceles”, expresaron.
Según contaron, “tampoco se han aplicado las comisiones de delegados de cada estamento de la institución para asegurar el diálogo directo con la gestión, que pretendían estudiar el nuevo proyecto de Ley Orgánica del Personal Penitenciario”, ni se ha resuelto el problema de los internos con problemas psiquiátricos.
“Las autoridades -se quejaron- siguen con un discurso descalificatorio respecto del reclamo que realiza el personal penitenciario. Nosotros ratificamos que el agente penitenciario es un trabajador de la democracia y que no quiere la mano dura. El único inconveniente es que no se han encontrado los interlocutores adecuados entre empleados y gobierno. Pese a las promesas, no hubo hasta ahora órdenes claras sobre acciones para evitar y prevenir incidentes dentro de los penales”, sostuvieron.
Actuaciones
Las autoridades penitenciarias, en tanto, enumeraron las acciones que llevaron a cabo desde que comenzó el conflicto con los agentes, y en respuesta a sus planteos. En una carpeta que el secretario de Asuntos Penitenciarios, Leandro Corti, hizo llegar a El Litoral, se adjuntan las notas que documentan esas medidas.
En primer lugar, se incorpora la nota por la que, formalmente, el 18 de septiembre se deja sin efecto la reglamentación de la Ley de Ejecución Penal a la espera de “sugerencias” que pudiese formular el personal. Corti pedía que se enviaran a su despacho tales correcciones. También se anexa la nota que envió a los directores de todas las unidades el 28 de septiembre, exigiéndoles que se estableciesen “los mecanismos que consideren pertinentes para garantizar la participación de todos los agentes de la planta en el debate de la nueva Ley Orgánica del personal”.
Por último, se incorpora el acta que refrenda la visita del ministro Cuenca el 24 de septiembre a la cárcel de Coronda, y otra nota que envió Corti el 1º de octubre al director de la Unidad II de Las Flores, advirtiendo que debía suspender la visita del ministro “por una dolencia que obligaba a intervención quirúrgica, debiendo posponer el encuentro para después de su reintegro, en quince días”.
Visitas
Oficialmente se informó que el ministro Cuenca reanudará las visitas prometidas a cada uno de los penales cuando se restablezca de una operación de hernia de disco. La intervención quirúrgica a la que debió ser sometido impidió al titular de Seguridad Pública proseguir las conversaciones con los delegados. Sólo pudo concretar la medida en Coronda.