Nuevas figuras para el juicio oral y público
Extienden la transición al nuevo
sistema penal durante el 2010
La prórroga fue votada por unanimidad en la Cámara de Diputados. Disponen que los ascensos policiales de los últimos tres años se regularicen con la ley 6.769.
Mario Cáffaro
La Cámara de Diputados votó ayer -por unanimidad- una serie de proyectos de ley entre ellos la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2010 de la etapa de implementación progresiva del nuevo sistema de justicia penal de la provincia pero incorporando nuevas figuras para resolver por medio del juicio oral y público así como la suspensión provisoria de la aplicación de un artículo de la nueva ley del personal policial para que los ascensos de los años 2007, 2008 y 2009 se regularicen de acuerdo con la ley 6.769.
Sobre el primer tema, la Comisión de Asuntos Constitucionales introdujo cambios al mensaje del Poder Ejecutivo que proponía modificar el artículo que fija como fecha de entrada en vigencia del nuevo código en su totalidad el 30 de octubre próximo, algo que en los hechos es prácticamente imposible. El Ejecutivo propuso un plazo de 365 días desde la vigencia de las leyes adicionales dictadas en las últimas semanas con la posibilidad de prorrogarlo por otros 180 días. Ese cambio está fundamentado en una docena de carillas donde se explica que más allá de las leyes, el plan de implementación determina el montaje de una serie de instituciones que faciliten el funcionamiento del sistema.
En cambio, Diputados optó por fijar como plazo máximo al 1º de enero de 2011, pero agregó la obligatoriedad de realizar juicio oral a una serie mayor de delitos a los previstos en la transición que son homicidio calificado, abuso sexual seguido de muerte, tortura seguida de muerte, enriquecimiento ilícito y robo agravado. Cabe señalar que hasta el momento fueron apenas cinco los juicios orales realizados este año en toda la provincia con esas figuras.
Las nuevas tipificaciones incluidas por Diputados son el homicidio simple; homicidio en riña; abandono de persona calificado por el resultado muerte; abuso sexual calificado; robo calificado por lesiones gravísimas; incendio y otros estragos calificados por el resultado muerte; atentados contra la seguridad de una nave, construcción flotante o aeronave calificados por el resultado muerte y envenenamiento o adulteración de aguas potables o alimentos o medicinas calificados por el resultado muerte.
Las razones de la unanimidad
El radical Santiago Mascheroni fue el encargado de fundamentar “la necesidad objetiva de postergar la transición” y la decisión -en consulta con el Poder Ejecutivo- de incorporar nuevos delitos “para agilizar el proceso” y no llevar a situación de colapso a la actual estructura del fuero penal. A la hora de destacar esas nuevas figuras hizo hincapié en el envenenamiento o adulteración de aguas potables, alimentos o medicinas contempladas en el artículo 200 del Código Penal como defensa de medio ambiente. “Incorporar mayor cantidad de delitos podría llevar a situación de colapso” remarcó.
Por su parte, Jorge Lagna dio el apoyo desde todo el arco del justicialismo, remarcando que este proceso se inició con el dictado del nuevo código durante el gobierno de Jorge Obeid e hizo votos para que no haya que votar otra prórroga. “La oposición está demostrando madurez en esta temática porque las dos cámaras se dedicaron a tratar los mensajes que el Poder Ejecutivo envió para poner en marcha el nuevo Código”. Más adelante hizo votos para que el 1º de enero de 2011 sea una fecha cierta y pidió al Ejecutivo que no tenga miedo en enviar sobre la marcha las correcciones legislativas que necesita el nuevo sistema y no esperar el cierre del 2010 para dictar una nueva prórroga. Por último, dijo esperar que el ministro de Justicia, Héctor Superti, tenga el apoyo del resto de sus pares para enviar en el presupuesto 2010 las partidas para la infraestructura necesaria para el futuro así como los nuevos cargos previstos para el Poder Judicial.
El jefe de la bancada oficialista, Raúl Lamberto, también justificó la prórroga señalando que lleva tiempo importante realizar el proceso de concurso, selección y acuerdo legislativo para designar al fiscal general y sus cinco regionales así como el defensor general y los cinco regionales. “Es un cambio cultural que exige una tarea de colaboración entre el Poder Legislativo, el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia”, destacó.
Policía
Por otra parte, también por unanimidad la Cámara votó un proyecto presentado por la Comisión de Asuntos Constitucionales que suspende, con carácter provisorio, la aplicación del artículo 73 de la ley 12.521 (del personal policial de la provincia) a fin de que los ascensos pendientes en la fuerza correspondientes a los años 2007, 2008 y 2009, se regularicen conforme a lo establecido en la ley 6.769, respetándose las jerarquías previstas en dicha ley.
El justicialista Adrián Simil fue el encargado de hablar sobre el proyecto. “Hace tres años, desde que se sancionara la nueva ley policial, aún no reglamentada, se ha generado un vacío legal que afecta a muchos agentes policiales que ven truncada la posibilidad de hacer una carrera normalmente y a muchos otros que están al final de la misma y no pueden jubilarse en mejores condiciones”.
La salida encontrada es que los ascensos pendientes desde el 2007 se efectúen por la ley derogada a través de la junta de calificaciones.
