Apuntes de política provincial
Aumentos en la EPE y contraparte
Teresa Pandolfo
El gobierno dispuso un aumento del 9 por ciento en la tarifa de electricidad vendida por la Empresa Provincial de la Energía para todas las categorías y sectores. Un incremento razonable frente a otras subas en los servicios públicos, sobre todo en aquéllos a los que la Nación busca bajar subsidios.
La posición de la EPE de mantener sustentabilidad como empresa es también un rumbo acertado. Muchos lectores quizás no estarán de acuerdo con las dos apreciaciones vertidas. Pero la seguridad en cuanto al sistema eléctrico es cada vez más necesaria, tanto para la actividad económica como la hogareña. Y para contar con un servicio seguro se deben concretar obras, reformar y reemplazar redes, además de contar con personal profesionalizado.
Este aumento fue precedido por otros dos en los dos últimos años; sumados todos, se llega a un 39 por ciento. Además, se establece en vísperas de la temporada estival cuando debido a las altas temperaturas sube el consumo.
La EPE se ha extendido a zonas, nuevos barrios o asentamientos llevando la luz.
Hay una premisa básica en el servicio público, cual es el subsidio cruzado: quienes están en condiciones de consumir colaboran a través de lo que pagan con aquellos sectores con menos condiciones de hacer frente a una tarifa alta. Además, el subsidio cruzado posibilita llegar a zonas que económicamente no tienen un recupero de inversión como otras.
Pero hay un punto de difícil defensa: la cantidad de enganchados que, por no pagar el servicio, consumen desmesuradamente la energía. Esta conducta genera reacciones con razón. Para algunos sectores de ingresos, estar dentro de la legalidad es un costo demasiado alto para sus posibilidades, en tanto que el enganchado no tiene control en su consumo.
A fin de regularizar situaciones, la EPE estableció dos niveles de tarifa social: una para núcleos familiares categorizados como pobres y otra para indigentes con distintas situaciones de consumo. La empresa lo concretó como una experiencia modelo en algunos barrios. Sería deseable, como contraparte del aumento establecido, que las tareas de regularización se extendieran porque, así como la luz es un derecho que les cabe a todos, también la legalidad es una obligación que comprende a todos.
La utilización racional de los recursos energéticos y también del agua es una responsabilidad que debería ser unánimemente compartida. Se debe comprender que se trata de recursos escasos en todas partes del mundo y que su producción y traslado a los hogares, las empresas y los pueblos distantes demanda fuerte inversiones.
Entonces, es necesario llegar a esta toma de conciencia colectiva, pero, también, a extremar medidas de control sobre los sectores que se mantienen en la irregularidad.
El subsidio cruzado responde a una necesidad de ser solidarios, pero tiene sus límites, y el Estado debe, como contraparte a este esfuerzo, intensificar medidas de promoción para que todas las familias, aun con una tarifa especial, se hagan cargo de lo que consumen.
Transparencia
Esta semana se dio a conocer el decreto por el cual se publicará en Internet la totalidad de la plantilla de personal tanto político como quienes revisten en los distintos estamentos y organismos que dependen del Poder Ejecutivo.
La medida se enmarca dentro del acceso a la información pública, medida históricamente reclamada por el periodismo.
Desde el punto de vista de la transparencia, no se puede dejar de reconocer que su aplicación será de un enorme avance porque permitirá un sinceramiento que se debía a la sociedad, que es la que mantiene el Estado.
El gobierno ha anunciado los datos a publicar. Serán el número de documento del agente, tipo de vinculación con el Estado, fecha de ingreso y/o vinculación con el Estado, cargo, categoría, función que desempeña y organismo donde presta servicio. Además, la norma por la cual se lo designa en la actual función y sueldo neto de descuentos legales.
En este último punto (sueldo) esta periodista tiene sus reservas; distinto sería colocar el monto de su categoría más adicionales. Su opinión no coincide con la posición editorial de este diario, que brega por la transparencia de toda la información que es pública.
Se puede pensar que el Poder Ejecutivo lo hace como una medida más de transparencia o como una respuesta a un constante embate del justicialismo, que le endilga la cantidad de personal ingresado, es decir que, con esta medida, se procura colocar blanco sobre negro.
Con cualquiera de las dos conjeturas como marco de referencia, desde “Apuntes...” se sostiene que el dato final del sueldo percibido forma parte de aquella información “muy personal”. Las reservas se centran en el hecho de que todo el mundo tenga acceso a ese dato y su eventual utilización posterior.
Sin dudas, la información que el gobierno se propone levantar a la web desnudará grandes diferencias interna en el sector público, donde las hay de toda naturaleza. Nada esto es nuevo: quien escribe “Apuntes...” ha redactado decenas de artículos sobre estas inequidades.
Además, si se habla de transparencia del sector estatal igual criterio debería correr para los otros: desde las universidades y el Conicet como ejemplos de quienes dependen de la Nación, los otros poderes en la provincia: Legislativo y Judicial, y municipios y comunas. Se sabe que no se producirá esta unanimidad de comportamiento.
El espacio acotado se acaba: sería deseable que la difusión de ese dato final no fuera fuente de conflicto para un gobierno que ha sido coherente con sus promesas en el mejoramiento de la situación de la docencia y de los otros estamentos que dependen del Poder Ejecutivo.
